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Embargo Conservatorio General

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Todo acreedor tiene derecho en caso de no ser pagado por su deudor en recurrir a la justicia para que con los bienes de su deudor se proceda a pagar su acreencia. Estos embargos no tienen por objeto la venta inmediata del bien embargado: el acreedor debe perseguir la validez de sus pretensiones en justicia convirtiendo el embargo conservatorio en embargo ejecutorio, y entonces proceder a la venta.

EL EMBARGO CONSERVATORIO

 CONCEPTOS Y GENERALIDADES SOBRE LOS EMBARGOS CONSERVATORIOS

DEFINICIÓN

Los embargos conservatorios son procedimientos que, al tiempo de inmovilizar los bienes en manos del deudor, requieren de un procedimiento especial denominado "Demanda en Validez" para que puedan convertirse en plenamente ejecutorios, y proceder así a la venta de los bienes embargados.

Son embargos de tipo esencialmente mobiliario, y en su ejecución no requieren ni título ejecutorio ni mandamiento de pago, aunque sí de la autorización del Juez.

REGLAMENTACIÓN LEGAL

Los diversos tipos de embargos conservatorios existentes y contemplados en nuestra legislación, se localizan esencialmente en el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana a partir del artículo 48 y siguientes y de manera excepcional el artículo 172 del Código de Comercio para el Embargo Conservatorio Comercial y artículo 81 y siguientes del Código Tributario para el embargo conservatorio de la administración tributaria así como los artículos 2102, 2279 y 2280 del Código Civil que prevén el Embargo en reivindicación.

FINALIDADES DE LOS EMBARGOS CONSERVATORIOS

Los embargos conservatorios han sido concebidos exclusivamente para inmovilizar los bienes del deudor, impidiéndole su disipación y en sierto caso este tipo de embargos tiende a restringir al deudor los derechos de uso y goce que posee sobre los bienes embargados.

Al respecto, se sostiene que «los embargos conservatorios tienen por finalidad limitar la libre disposición del deudor sobre los bienes embargados, poniéndolos en mano de la justicia, que los conserva en provecho del acreedor, evitando su sustracción o desaparición en perjuicio de los derechos del acreedor".

Estos embargos no tienen por objeto la venta inmediata del bien embargado: el acreedor debe perseguir la validez de sus pretensiones en justicia convirtiendo el embargo conservatorio en embargo ejecutorio, y entonces proceder a la venta de los bienes embargados, en los términos de los artículos 48, 819 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

REQUISITOS PARA EL EMBARGO

En principio, es necesario ser titular de una acreencia fundada en un crédito no necesariamente caracterizado por las condiciones de certeza, liquidez y exigibilidad. Estas condiciones del crédito imprescindibles en otros embargos- dejan paso en la íntima convicción del magistrado a una condición novedosa: la urgencia en el cobro la urgencia, definida como la situación en la cual el acreedor teme la insolvencia inminente de su deudor, y en tal virtud se dirige al juez para obtener de él su autorización, indisponiendo los bienes muebles de su deudor que garantizan el pago de las obligaciones asumidas. Examinaremos a continuación, con más detenimiento, las condiciones del crédito en las medidas conserva­torias.

La Certidumbre

Las condiciones del crédito que dan lugar al embargo conservatorio se encuentran bastante diferenciadas en relación con las condiciones del crédito en los embargos ejecutivos y/o inmobiliarios. El artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, reformado por la ley 845 de 1978, dispone limitaciones a la certeza del crédito, bastando que el crédito mismo "parezca justificado" para que el juez decida autorizar el embargo conservatorio sobre los bienes muebles pertenecientes al deudor.  

En los embargos conservatorios la certeza del crédito depende de la soberana apreciación del juez, quien decidirá dicha certeza y autorizará o no el embargo; lo que no implica necesariamente que con alegar un crédito se autorice medalaganariamente el embargo. Esta es una diferencia ostensible con las condiciones de certeza del crédito en los embargos ejecutivos y/o inmobiliarios, pues éstos son embargos apoyados en un título fácilmente comprobable, que consigna fehaciente­mente las obligaciones entre el deudor y el acreedor.

Esta "apariencia" de certidumbre del crédito, como base de la emisión de la ordenanza de embargo conservatorio, no implica necesariamente que el juez, al autorizar la traba, juzgue la validez del fondo, pudiendo inclusive determinar que el crédito, en realidad, no existía. Si el juez considera que el crédito está justificado en principio y consigna, aunque sea sumariamente, los elementos que concurren a darle seriedad al pedimento, es posible que exija la prestación de fianza al acreedor, garantizando así al deudor "los daños que pueda acarrearle la ejecución de la ordenanza sin real justificación [...] en ausencia de la real situación de urgencia invocada".

La Liquidez y la Exigibilidad del Crédito en los Embargos Conservatorios

Si es necesario que el crédito sea cierto no es necesario que sea, por el contrario, ni exigible ni líquido, las restantes dos características de los embargos ejecutorios. Al respecto, el profesor Artagnán Pérez Méndez sostiene que "para ordenar las medidas conservatorias conforme con los pedimentos que les hayan sido formulados, los jueces deben comprobar y consignar en su ordenanza, o sentencias, según el caso, aunque sea sumariamente, los motivos de hecho que concurren a dar visos de seriedad al crédito de que se trata, e igualmente exponer si el mismo está en peligro de no ser cobrado, y la urgencia de actuar para su preservación".

La Urgencia y la Peligrosidad

La ley 845 de 1978 exige la urgencia para que el Juez de Primera Instancia del domicilio del deudor pueda autorizar el embargo conservatorio. Esta urgencia, dejada a la soberana apreciación del juez, debe ser fundamentada con el aporte de las pruebas de insolvencia inminente del deudor, pues de dicha insolvencia inminente resultará el peligro del crédito.

En derecho, se dice que el cobro de las acreencias está en peligro, y existe urgencia por parte del acreedor, cuando las pruebas aportan elementos que permitan suponer o temer la insolvencia inminente del deudor.

BIENES EMBARGABLES E INEMBARGABLES EN EL EMBARGO CONSERVATORIO

Bienes que pueden embargarse

Los bienes que pueden embargarse son los bienes muebles pertenecientes al deudor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil. Constituyen bienes muebles corporales (tales como el mobiliario de una casa o de una oficina, mercancías e inclusive vehículos de motor).

Bienes que no pueden embargarse

Los bienes que no pueden ser embargados conservatoriamente, son los mismos que en embargos similares, tales como: los bienes de la Iglesia católica; las inembargabilidades fundadas en el carácter personal de ciertos bienes (como la propiedad intelectual, la correspondencia, cartas confidenciales y misivas), los derechos extrapatrimoniales, los bienes dotales, bienes de familia y otros del deudor y su familia.

CLASIFICACIÓN DE LOS EMBARGOS CONSERVATORIOS

Los embargos conservatorios constituyen, en esencia, medidas judiciales que tienden a proteger al acreedor que teme por el cobro de su crédito, ante la inminente insolvencia del deudor. Se conocen también como "embargos mobiliarios" dado que los mismos recaen sobre bienes muebles, preferentemente. Su clasificación incluye los embargos siguientes:

•   Embargo conservatorio general

•   El embargo conservatorio comercial

•   Embargo conservatorio de efectos mobiliarios que guarnecen los lugares alquilados o arrendados

•   Embargo conservatorio contra el deudor transeúnte

•   El embargo en reivindicación

Además, trataremos un embargo conservatorio muy especial, previsto e instituido por el Código Tributario, regido por un procedimiento especial apartado del derecho común, denominado Embargo Conservatorio de la Administración Tributaria.

TRIBUNALES COMPETENTES

Con relación a la competencia es conveniente considerar dos tipos bien definidos: la primera en razón de la materia y la segunda en razón del territorio.

En razón de la materia son competencia del Juzgado de Primera Instancia los siguientes: embargo conservatorio comercial y embargo conservatorio general, en atribuciones comerciales y civiles, respectivamente, y el embargo en reivindicación. Es competencia del Juzgado de Paz: el embargo contra el deudor transeúnte y el embargo de ajuar de inquilinato. En el embargo contra el deudor transeúnte el Juzgado de Primera Instancia es competente para conocer de la demanda en validación.

El embargo de la Administración Tributaria, en principio, no es conocido por ninguna instancia judicial: lo conoce y ejecuta la propia Administración Tributaria, a través de un funcionario especialmente designado para su conocimiento y conocido como "Ejecutor Tributario". En caso de contestaciones, el mismo Ejecutor Tributario conoce las excepciones planteadas por el ejecutado; si las rechaza puede acudirse por ante la Secretaría de Estado de Finanzas, con el "recurso jerárquico". A partir de esta instancia, puede apelarse ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y, si es posible, por ante la Suprema Corte de Justicia, a través de la casación ordinaria -en materia civil y comercial. Existe también el denominado Recurso de Amparo.

EL EMBARGO CONSERVATORIO

GENERAL

DEFINICIÓN

Medida procesal y precautoria de carácter patrimonial que, a solicitud del acreedor, puede el juez apoderado y competente decretar sobre los bienes del deudor, para garantizar y asegurar el cumplimiento del pago de las obligaciones exigidas.

LA COMPETENCIA

Una vez apoderado el juez, a fines de que rinda su autorización al persiguiente para trabar el embargo conservatorio, se impone la consideración sobre la competencia.

La competencia en razón de la materia se rige por el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, disponiéndose dicho texto legal que la competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia, en sus atribuciones comerciales -para el embargo conservatorio comercial- o en sus atribuciones civiles -para el embargo conservatorio general.

Debe recordarse aquí que el embargo conservatorio comercial es un procedimiento excepcional, dispuesto exclusivamente con la pretensión de proteger al demandante en un proceso comercial, o al portador de una letra de cambio protestada. En esa condición, los textos que le autorizan «no pueden ser extendidos a las materias civiles», y no puede ser trabado sin autorización del juez. 

Sin embargo, JORGE BLANCO, S. Indica que «cuando el crédito es comercial, la demanda en validez se incoa mediante el procedimiento civil, en virtud de la unidad de jurisdicción de que toda demanda en validez conlleva una acción en cobro, y por tanto hay conexidad».

De acuerdo a las disposiciones del artículo 417 del Código de Procedimiento Civil, este embargo no se aplica sino a los efectos mobiliarios propiedad del deudor.

La competencia territorial también está regida por el citado artículo 48 del C.P.C., correspondiente, primero, al tribunal del domicilio del deudor o, segundo, al tribunal donde se encuentren los muebles del deudor.

EL PROCEDIMIENTO

Con la finalidad de realizar un embargo conservatorio, se procede a intimar al deudor a realizar el pago, mediante acto de alguacil. Se otorga un plazo no menor de un día franco, indicando el monto total de la deuda, advirtiéndole que, a falta de pago, se procederá con el embargo de todos los bienes muebles propiedad del deudor.

Se eleva instancia motivada al Juez de Primera Instancia del domicilio del deudor, en sus atribuciones civiles; o al Juez de Paz, en los asuntos de su competencia, con indicación de lo siguiente: la urgencia en el cobro de las acreencias, peligro de disipación de los bienes por parte del deudor y su insolvencia inminente, título que avala el crédito -o documentos probatorios suficientes para la íntima convicción del juez-; monto por el cual se solicita la medida, en principal, intereses y honorarios de abogado, así como costas del procedimiento. Además, por supuesto, las generales del persiguiente y del perseguido.

Se solicita en la misma instancia la ejecutoriedad no obstante cualquier recurso, y la fijación del plazo para la realización de la demanda en validez. El auto emitido por el juez precisa el momento en el cual deberá el acreedor demandar sobre el fondo.

Obtenida la autorización, se procede al embargo conservatorio mediante la instrumentación del acta de embargo conservatorio. Es un acto de alguacil notificado al deudor, conteniendo en cabeza la ordenanza de embargo dictada por el juez que autoriza la acción.

El alguacil actuante inscribirá la "Hipoteca Judicial o Provisional" sobre los inmuebles propiedad del deudor, de acuerdo con las prescripciones del artículo 54 del C.P.C. Esta inscripción se hace con el Acta de Embargo, en la Oficina del Registrador de Títulos, y contiene, entre otras menciones, la elección de domicilio del acreedor -si no residiere en el lugar donde se practica el embargo-, así como la designación del guardián, las generales de los testigos, las horas de inicio y término de la actuación del alguacil y otras menciones usuales de los actos de alguacil. Si dentro del plazo de dos meses el acreedor no convierte la inscripción provisional en definitiva, cualquier persona podrá solicitar su cancelación, a costa de que haya tomado la inscripción y en virtud de auto dictado por el juez que la autorizó, de acuerdo a las prescripciones del citado artículo 54 del C.P.C.

Procede entonces la demanda en validez, a fin de que el tribunal convierta el embargo conservatorio en ejecutorio y se rematen los bienes en pública subasta, obteniendo así el acreedor el cobro de sus acreencias.

La Solicitud para Embargar Conservatoriamente y la Autorización del Juez Competente

El persiguiente debe elevar una instancia al juez competente solicitando la autorización para embargar, a la cual anexa la justificación del crédito y las pruebas de la urgencia y el peligro que corre el cobro del crédito. La instancia de solicitud de autorización para embargar conservatoriamente contiene, entre otras, las siguientes menciones:

•   Designación del tribunal competente

•   Generales del persiguiente y el requerido

•   Monto del crédito, si fuere líquido, o las pruebas que permitan al juez realizar la evaluación provisional

•   Demostración de la urgencia y el peligro para el cobro de las acreencias

•   Descripción de los muebles a embargar

El Auto u Ordenanza de Embargo

Legalmente el juez está obligado a hacer constar en la ordenanza: a) los elementos de prueba de la seriedad del crédito, su urgencia y peligro; b) el plazo dentro del cual el acreedor deberá demandar en validez del embargo -normalmente de dos meses- y c) la suma por la cual se autoriza el embargo.

La ordenanza se ejecuta sobre minuta, no obstante cualquier recurso, y es posible que la misma imponga la prestación de fianza al persiguiente, si el juez así lo considera necesario.

RECURSOS CONTRA LA ORDENANZA

La Oposición y la Apelación: carecen de interés en este punto, pues la ordenanza o autorización es ejecutorio no obstante cualquier recurso.

Sin embargo, para nuestra Suprema Corte de Justicia, la ordenanza por la cual se autoriza a trabar el embargo conservatorio es susceptible de oposición cuando son dictadas en defecto.

En esta misma decisión, la Suprema Corte de Justicia entiende que, en esta materia, las ordenanzas dadas en defecto son susceptibles del recurso ordinario de la oposición, lo que se reafirma en el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil, cuando señala que "los autos del Presidente serán ejecutorios no obstante oposición o apelación".

El Referimiento

En la práctica es la vía más socorrida por los litigantes, pues el citado artículo 48 del C.P.C. dispone que «la parte interesada podrá recurrir en referimiento ante el juez que dictó el auto».

El Juez de los Referimientos puede mantener la vigencia de su autorización, o modificarla en alguno de los siguientes sentidos: reduciendo los bienes afectados, reduciendo el monto por el cual se solicita la traba o disponiendo la prestación de fianza. Esta ordenanza es apelable. Igualmente, el Juez de los Referimientos puede reexaminar los motivos que le indujeron a autorizar el embargo, y puede ordenar incluso la cancelación de la misma si considera la existencia de motivos justificativos serios para tal decisión.

EL ACTA DE EMBARGO

Obtenido el permiso para embargar se notifica el auto de embargo, se procede a la redacción del Acta de Embargo. Esta acta debe contener:

•   Designación detallada y precisa de los bienes embargados.

•   Elección de domicilio en el municipio donde se practique el embargo.

•   Notificación del titulo en virtud del cual se traba el embargo.

•   Designación de guardián y dos testigos, todos firmantes del acta.

Es posible incluir la demanda en validez en la misma acta de embargo. En este caso, deben ser incluidas:

•   Indicación del tribunal y constitución de abogado.

•   Plazo de comparecencia del demandado.

•   Exposición de los medios de hecho y de derecho.

El artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el Acta de Embargo Conservatorio será notificada al deudor conjuntamente con la demanda en validez o sobre el fondo.

EFECTOS DEL EMBARGO CONSERVATORIO

Puede hablarse de dos tipos de efectos: civiles y penales. El más importante de los efectos es la indisponibilidad de los bienes embargados. En este sentido, se ha dispuesto la nulidad de la enajenación a título gratuito de los muebles embargados, con tal de que hayan adquirido fecha cierta con anterioridad a la notificación del Acta de Embargo Conservatorio. Es decir: los Actos de disposición son válidos si tienen fecha cierta previa a la fecha de la traba.

Se admite la sanción penal contra el deudor en caso de distracción de los objetos embargados conservatoriamente, tanto en el caso de que él en persona haya sido nombrado como guardián.

LA DEMANDA EN VALIDEZ

La demanda en validez es un procedimiento que pretende convertir en ejecutoria la medida conservatoria previamente autorizada, haciendo posible la venta -o realización- de los bienes embargados.

Si bien bastaba para autorizar el embargo que el crédito tuviera visos de certeza, ahora es necesario probar que el crédito, efectivamente, existe. Esta comprobación se hace ante el juez, por cuya sentencia se validará o no el embargo conservatorio y se convertirá, en caso de aceptación, en embargo ejecutorio.

Cuando no es reconocido el crédito, el embargo conservatorio queda levantado inmediatamente.

Cuando el crédito es reconocido, la sentencia en validación vale como título ejecutorio, revistiendo al embargo conservatorio de esa misma calidad, y a partir de ella el acreedor puede proceder a la venta de los efectos embargados.

Nuestra Suprema Corte de Justicia entiende que, cuando la sentencia que valida un embargo conservatorio -convirtiéndolo en embargo ejecutivo- no contiene condenación contra el embargado, dicha sentencia no constituye título ejecutorio. 

Lo ideal es llevar conjuntamente la demanda en validez del embargo y el cobro del crédito, en un mismo y solo acto, por ante el mismo tribunal, para dejar resuelta por una misma sentencia la situación del título y del crédito.

Es posible cuando la cuantía y naturaleza del crédito son de la competencia de Primera Instancia en atribuciones civiles, y cuando la demanda en validez es posterior a un embargo trabado sobre la base de una autorización del Juzgado de Primera Instancia.

Es posible, sin embargo, que el Juzgado de Paz deba conocer del cobro del crédito -por corresponder el monto de la traba a su competencia- mientras la demanda en validez sea competencia del Juzgado de Primera Instancia. Esta incómoda situación debería eliminarse, sea autorizando al Juzgado de Paz a conocer todo el proceso independientemente de la cuantía, o negarle toda competencia, para diferirla al Juzgado de Primera Instancia. De todas formas, si este es el caso, el Juzgado de Primera Instancia deberá sobreseer el conocimiento del procedimiento validez hasta que el Juzgado de Paz conozca definitivamente sobre el crédito, particularmente cuando el persiguiente no posee un título ejecutorio.

PLAZO DE LA DEMANDA EN VALIDEZ

A pena de nulidad, debe intentarse dentro del plazo establecido en la ordenanza dos meses, usualmente.

COMPETENCIA

Por aplicación de los artículos 43 y 45 de la ley 821, del 21 de noviembre de 1921 y por mandato de la jurisprudencia dominicana contenida en el B.J. No.78, del 5 de enero de 1971, la competencia en razón de la materia corresponde al Juzgado de Primera Instancia.

El Dr. JORGE BLANCO nos dice, no obstante, que "lo accesorio sigue a lo principal", de modo que la demanda en validez se encuentra regida por el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, ordenando el emplazamiento por ante el tribunal de su domicilio. Puede seguirse también por ante el tribunal donde se encuentren los bienes.

En relación a los distritos judiciales de Santo Domingo y Santiago, la competencia estará regida por la ley 50-00, de fecha 26-7-2000, que establece para ambas demarcaciones judiciales un nuevo sistema de apoderamiento; refundiendo las cámaras civiles en una sola por cada jurisdicción o tribunal, con un Juez Presidente en lo civil que a su vez mediante un sistema computa­rizado aleatorio se encargarán de asignar a lo demás jueces de las diferentes salas, los diferentes expedientes que le sean sometidos.

INCIDENTES DEL EMBARGO CONSERVATORIO

Incidentes por parte del embargado

Puede invocar la nulidad del embargo, por vicios de forma o de fondo, o por inexistencia del peligro y la urgencia en el cobro del crédito. En este sentido, el embargado puede:

•   Demandar la cancelación, reducción o limitación del embargo, sobre la base de la existencia de motivos serios y legítimos, entre los cuales caben las irregularidades de forma y de fondo.

•   Demandar el levantamiento del embargo por la consignación de una suma suficiente para garantizar el pago de la requerido, en principal, intereses y costas.

Incidentes propuestos en caso de acreedores múltiples

Si existe embargo precedente y el alguacil continúa la persecución del nuevo embargo, puede intentarse la nulidad ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, siempre que se presente el acta del precedente embargo. Si el acta del embargo precedente no se muestra, se puede apoderar al Juez de los referimientos para que decida sobre la existencia o inexistencia del embargo precedente.

Como no vale "embargo sobre embargo", sólo valen las gestiones efectuadas por el primer acreedor que lo intenta, y los subsiguientes acreedores no pueden embargar a su vez, debiendo hacer valer sus oposiciones. Si algún otro acreedor pretende levantar embargo sobre embargo, el segundo, simplemente, no vale.

¿Cómo proceder en esta situación? Si el alguacil encuentra que los bienes ya están embargados, debe proceder a la comprobación de los mismos, de acuerdo a su propia acta de embargo, todo lo cual constará en acta y comunicará al deudor o al Juez de los referimientos, si lo primero no es posible. Luego, esta acta de comprobación se remitirá al acreedor que trabó el embargo, valiendo como oposición sobre el producto de la venta.

Incidentes promovidos por terceros

Afectados los bienes de un tercero, eventualidad no descartable, puede hacerse presente la demanda en distracción, de manera principal o como intervención voluntaria en relación con la demanda en validez del embargo conservatorio.

La demanda en distracción se incoará mediante acto al depositario y denunciado al ejecutante y a la parte embargada, con citación motivada, y quien la intenta debe aportar la prueba de la propiedad sobre los bienes embargados, a pena de nulidad.

EXCESO DE BIENES EMBARGADOS

El embargo no es nulo por el hecho de que el acreedor lo haya intentado por una suma superior a la adeudada. Esta disposición del artículo 2216 del C.P.C. ha encontrado su realización en disposiciones de la Suprema Corte de Justicia, quien ha considerado la posibilidad de la traba excesiva por parte del persiguiente.

En este caso, se ha reconocido que el deudor tiene la posibilidad de demostrar la ligereza censurable del acreedor. Si tal es el caso, el deudor puede obtener el resarcimiento justo por el perjuicio que se le haya ocasionado.

EL EMBARGO CONSERVATORIO COMERCIAL

DEFINICIÓN

Es un tipo especial de embargos conservatorios, previsto para la materia comercial, exclusivamente, pues su propósito es proteger el crédito comercial.

REGULACIÓN LEGAL

Este embargo se encuentra previsto en los artículos 172 del Código de Comercio y

en el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil.

DIFERENCIAS CON EL EMBARGO CONSERVATORIO GENERAL

Entre el embargo conservatorio general y el embargo conservatorio comercial existen diferentes importantes.

El primero es un procedimiento ejecutivo en materia civil, permitido a todo acreedor cuyo crédito este en peligro, aunque no tenga título ejecutorio, y demuestre la urgencia para el cobro de sus acreencias en vista de la inminente insolvencia del perseguido.

El segundo, el embargo conservatorio comercial, es un procedimiento conservatorio establecido, exclusivamente, en materia comercial, a favor de los acreedores con letras de cambio protestadas, o cuando se requiere celeridad en el cobro de las acreencias.

LA CELERIDAD EN EL COBRO DEL CRÉDITO

Por celeridad debe entenderse, en cuanto al embargo conservatorio comercial se refiere, la necesaria prontitud o rapidez alegada por el acreedor en la ejecución de las obligaciones del deudor, y tenemos entonces que, en el embargo conservatorio comercial, sufren atenuaciones ostensibles los criterios de peligrosidad y urgencia en el cobro del crédito.

El embargo conservatorio comercial sólo pretende indisponer los bienes del deudor mientras existe litis entre él y su acreedor, en atención a la inminente desaparición o disminución grave de los mismos.

Es un embargo eminentemente mobiliario, y como tal, no es aplicable al dinero u otros créditos, pues sería embargo retentivo. Por tanto, puede decirse que es un embargo conservatorio restringido a los créditos comerciales.

LA AUTORIZACIÓN PREVIA

Al embargo conservatorio comercial precede una autorización del Juez de Primera Instancia, tanto el del domicilio donde se encuentren los bienes a embargar como del lugar donde se someterá el fondo del proceso, exclusivamente en sus atribuciones comerciales.

CONSTITUCIÓN DE FIADOR

El artículo 417 del Código de Procedimiento Civil pone a cargo del Juez de Primera Instancia disponer que el demandante constituya fiador o justifique su solvencia. En caso de que el embargo se intente por letra de cambio protestada (artículo 172 del Código de Comercio), el juez no puede ordenar la constitución de fiador ni la prestación de fianza.

COMPETENCIA

El Juzgado de Primera Instancia en sus atribuciones comerciales, exclusivamente.

PROCEDIMIENTO

Si el persiguiente tiene título ejecutorio, le basta notificar el mandamiento al deudor y luego hacer levantar acta de embargo ejecutivo.

Si carece de título ejecutorio, debe unir a su demanda sobre el fondo una demanda en validación del embargo, y después de obtenida la sentencia transformar el embargo conservatorio en embargo ejecutivo, o practicar embargo ejecutivo en virtud de la sentencia de condenación.

Se incoa por ante el Juez de Primera Instancia, en sus atribuciones comerciales, buscando que por ordenanza autorice el embargo.

Si el magistrado accede, entonces el persiguiente puede embargar conservatoria­mente los muebles de su deudor. Si carece de título ejecutorio, demandará entonces la validez del embargo, para proceder a convertirle en ejecutorio, con la finalidad de subastar los bienes embargados.

El persiguiente intima al pago, para proceder luego a la verificación de la traba. El acreedor puede, con autorización del Juez de Paz competente -el del domicilio donde se encuentren los bienes a embargar- presentarse a efectuar la traba sin haber comunicado la intimación a pagar, procedimiento que resulta preferible pues el deudor se encontraría en la imposibilidad de distraer los muebles a embargar. Luego de la conversión del embargo, se procede a la venta de los bienes, tal como en los embargos ejecutivos.

 

 




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