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Codigos y Proyectos de Codigos

Codigo Civil,  es de origen Frances. Es el resultado de la Revolucion Francesa. Es la obra cumbre de Napoleon Bonaparte, quien creia en la "virtud de las reglas que habian experimentado la prueba del tiempo". El 13 de Agosto del 1800 Bonaparte encargo a TRONCHET, BIGOT DE PREAMENEU, PORTALIS y a MALEVILLE para la redaccion de dicho Codigo, a quienes le concedio un plazo de seis meses para dicha obra, y la terminaron en cuatro meses.
Napoleon dijo: "mi verdadera gloria no es haber ganado cuarenta batallas, Waterloo borrara el recuerdo de tantas victorias. Lo que nada borrara, lo que vivira eternamente es mi Codigo Civil".
Fue asimilado en nuestro pais mediante Decreto del año 1845. Se divide en tres libros: Primero..Las Personas; Segundo..Los bienes y las diferentes modificaciones de la propiedad y el Tercero..Los Diferentes modos de Adquirir la Propiedad.
Codigo Civil,  en sus tres libros tiene 2,280 articulos. El libro Primero tiene 515, y trata sobre: los derechos civiles, el domicilio, el matrimonio, paternidad, filiacion, adopcion y mayoria de edad, entre otros.
El libro Segundo tiene 195 articulos y sus temas principales son: distincion de los bienes, propiedad, usufructo y las servidumbres.
El libro Tercero tiene 1,570 articulos y tiene el mayor contenido del Codigo, entre sus temas estan: sucesiones, donaciones, testamentos, contratos u obligaciones, compromisos sin convencion, contratos de matrimonio, la venta, cambio o permuta, contrato de sociedad, del Prestamo, deposito y secuestro, contratos aleatorios, mandato, fianza, transacciones, apremio corporal en material civil, contrato de empeño, privilegios e hipotecas, expropiacion forzosa y la prescripcion.
Seccion de Codigos,  podra encontrar todos los Codigos y Proyectos de Codigos, organizados por Articulos y temas. Es una herramienta muy util para el Abogado litigante. Descargarlo de nuestro site es mas cómodo y no hay posibilidad de errores.
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Codigos / Proyecto Codigo Penal / Crimenes y Delitos contra la Nacion / Crimenes y Delitos Contra la Nacion  Descargar    atras Buscar

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Crimenes y Delitos Contra la Nacion
Del Articulo: 462 AL 648
LIBRO CUARTO
CRIMENES Y DELITOS CONTRA LA NACION, EL ESTADO, LA CONSTITUCION Y LA PAZ PUBLICA
 
 
TITULO PRIMERO – ATENTADOS A LOS INTERESES
FUNDAMENTALES DE LA NACION
 
             Art. 462 (410) Se entiende como intereses fundamentales de la nación, en lo que concierne al presente título, los aspectos relativos a su existencia, seguridad e independencia; a la integridad de su territorio; a la salvaguarda de la Ley Fundamental que organiza la forma del gobierno y sus instituciones; a los medios de defensa y la protección de la población dentro y fuera de la República; a su diplomacia; a la conservación del equilibrio del entorno físico y los elementos esenciales de sus recursos naturales, económicos, científicos; y el patrimonio histórico y cultural.
 
 
CAPITULO PRIMERO – TRAICION Y ESPIONAJE
 
          Art. 463 (411) Los hechos definidos por los artículos 464 al 473 se califican traición cuando se cometen por un dominicano o un militar al servicio de la República Dominicana; y espionaje, cuando se comete por cualquier otra persona.
         
Sección I
Entrega de todo o parte del territorio nacional,
de la defensa o sus recursos a una nación u organización extranjera
 
          Art. 464 (411) La entrega hecha por tropas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Dominicanas, a una nación u organización extranjera, o bajo control extranjero, o a sus agentes, de parte o la totalidad del territorio nacional, se sancionará con la pena de cuarenta años de reclusión.
Los dos primeros párrafos del artículo 113, relativos al período de seguridad, se aplicarán al crimen previsto por el presente artículo.
 
          Art. 465 (411) El hecho de entregar a una nación, empresa u organización extranjera, o bajo control extranjero, o a sus agentes; materiales, construcciones, equipos, instalaciones, aparatos, o cualquier otro recurso destinados a la defensa nacional, se sancionará con las penas de treinta años de reclusión y RD $600,000.00 de multa.
 
Sección II
Inteligencias con una nación extranjera
 
          Art. 466 (411) El hecho de mantener inteligencias con una nación, empresa u organización extranjera, o bajo control extranjero, o a sus agentes, con el fin de suscitar hostilidades o actos de agresión contra la República Dominicana, se sancionará con las penas de treinta años de reclusión y RD $600,000.00 de multa. Se sancionará con las mismas penas, el hecho de proveer a una nación, empresa u organización extranjera o bajo control extranjero, o a sus agentes, los medios de ejercer hostilidades o ejecutar actos de agresión contra la República Dominicana.
 
          Art. 467 (411) El hecho de sostener inteligencias con una nación, empresa u organización extranjera, o bajo control extranjero, o sus agentes, cuando es de naturaleza tal que pueda atentar contra los intereses fundamentales de la nación, se sancionará con las penas de quince años de reclusión y RD $300,000.00 de multa.
 
Sección III
Entrega de informaciones a una nación extranjera
 
          Art. 468 (411) El hecho de entregar o hacer accesibles a una nación, empresa u organización extranjera, o bajo control extranjero, o a sus agentes; informaciones, planos, objetos, documentos, datos informatizados o ficheros cuya explotación, divulgación o reunión es de naturaleza tal que pueda atentar contra los intereses fundamentales de la nación, se sancionará con las penas de quince años de reclusión y RD $300,000.00 de multa.
 
          Art. 469 (411) El hecho de recoger o reunir, con el propósito de entregarlos a una nación, empresa u organización extranjera, o bajo control extranjero, o a sus agentes, informaciones, planos, objetos, documentos, datos informatizados o ficheros cuya explotación, divulgación o reunión conlleva atentado a los intereses fundamentales de la nación, se sancionará con las mismas penas.
 
          Art. 470 (411) El hecho de ejercer, por cuenta de una nación, empresa u organización extranjera, o bajo control extranjero, o sus agentes, una actividad que tenga por finalidad la obtención o entrega de dispositivos, informaciones, planos, objetos, documentos, datos informatizados, o ficheros, cuya explotación, divulgación o reunión conlleva atentado a los intereses fundamentales de la nación, se sancionará con las mismas penas establecidas por los artículos 468 y 469.
 
 
Sección IV
Sabotaje
 
          Art. 471 (411) El hecho de destruir, deteriorar o desviar documento, material, construcción, equipo, instalación, aparato, dispositivos técnicos o sistema de tratamiento automatizado de informaciones, o aportarle falsas informaciones al sistema, cuando este hecho conlleve atentado a los intereses fundamentales de la nación, se sancionará con las penas de quince años de reclusión y RD $300,000.00 de multa.
Cuando este hecho se comete con el propósito de servir a los intereses de una nación, empresa u organización extranjera, o bajo control extranjero, se sancionará con las penas de veinte años de reclusión y RD $400,000.00 de multa.
 
Sección V
Suministro de falsas informaciones
 
          Art. 472 (411) El hecho de suministrar, con el propósito de servir a los intereses de una nación, empresa u organización extranjera, o bajo control extranjero, a las autoridades civiles o militares de República Dominicana informaciones falsas de naturaleza tal que tiendan a inducir al error y que conlleve atentado a los intereses fundamentales de la nación se sancionará con las penas de diez años de prisión y RD $20,000.00 de multa.
 
Sección VI
Provocación a los crímenes previstos en el presente capítulo
 
          Art. 473 (411) El hecho de provocar directamente mediante promesas, ofertas, presiones, amenazas, vías de hecho o cualquier otro modo, la comisión de uno de los crímenes previstos en el presente capítulo, cuando la provocación no ha sido seguida de efecto en razón de circunstancias independientes a la voluntad de su autor, se sancionará con las penas de siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa.
 
 
CAPITULO SEGUNDO – OTROS ATENTADOS A LAS INSTITUCIONES
DE LA REPUBLICA O A LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL
 
Sección I
Atentado y complot
         
          Art. 474 (412) Constituye un atentado a las instituciones de la República, todo acto de violencia que ponga en peligro el carácter civil, republicano, democrático y representativo del gobierno nacional.
Igual calificación recibe el acto que pretenda afectar o disminuir de algún modo la integridad del territorio nacional.
Estos atentados se sancionarán con las penas de treinta años de reclusión y          RD $600,000.00 de multa.
Cuando el atentado lo cometa una persona depositaria de la autoridad pública, las penas se elevarán a cuarenta años de reclusión y                     RD $800,000.00 de multa.
Los dos primeros párrafos del artículo 113, relativos al período de seguridad, se aplicarán a la infracción prevista en el presente artículo.
 
          Art. 475 (412) Constituye un complot la resolución acordada entre dos o más personas de cometer un atentado, conforme se establece en el artículo anterior, cuando esta resolución es seguida por uno o varios actos materiales.
El complot se sancionará con las penas de diez años de prisión y                   RD $20,000.00 de multa.
Cuando la infracción la cometa una persona depositaria de la autoridad pública, las penas se elevarán a veinte años de reclusión y RD $400,000.00 de multa.
 
Sección II
Movimiento insurreccional
 
          Art. 476 (412) Constituye un movimiento insurreccional toda violencia colectiva que ponga en peligro el carácter civil, republicano, democrático y representativo del gobierno nacional, o que pudiere afectar la integridad del territorio nacional.
 
          Art. 477 (412) Se sancionará con las penas de quince años de reclusión y RD $300,000.00 de multa, el hecho de participar en un movimiento insurreccional, en una cualquiera de las circunstancias siguientes:
          1° Levantando barricadas, trincheras o haciendo todo tipo de trabajo que tenga por objeto impedir u obstaculizar la acción de la fuerza pública;
          2° Ocupando por la fuerza, o mediante astucias; o destruyendo edificios o instalaciones;
          3° Garantizando el transporte, la subsistencia o las comunicaciones de los insurgentes;
          4° Provocando el agrupamiento de insurgentes, por cualquier medio que sea;
          5° Portando por sí mismo un arma;
          6° Sustituyéndose a una autoridad legal.
 
          Art. 478 (412) Se sancionará con las penas de veinte años de reclusión y RD $400,000.00 de multa, el hecho de participar en un movimiento insurreccional, en una cualquiera de las circunstancias siguientes:
          1° Apoderándose de armas, municiones, sustancias explosivas o peligrosas, o materiales de toda especie, mediante violencias, amenazas, o pillaje, o desarmando la fuerza pública;
          2° Procurándole a los insurgentes armas, municiones o sustancias explosivas o peligrosas.
 
          Art. 479 (412) El hecho de dirigir u organizar un movimiento insurreccional se sancionará con la pena de cuarenta años de reclusión.
 
Sección III
Usurpación de mando, levantamiento de las
Fuerzas Armadas y provocación a armarse ilegalmente
 
          Art. 480 (412) Se sancionará con las penas de treinta años de reclusión y RD $600,000.00 de multa, realizar uno cualquiera de los hechos siguientes:
          1° Tomar sin derecho o sin autorización un mando militar cualquiera, o retenerlo contra la orden de las autoridades legales;
          2° Levantar las Fuerzas Armadas, sin orden ni autorización de las autoridades legales.
 
          Art. 481 (412) El hecho de incitar a armarse contra la autoridad del Estado o contra una parte de la población, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
Cuando la incitación es seguida de efecto, las penas se elevarán a treinta años de reclusión y RD $600,000.00 de multa.
Cuando la incitación se comete por vía de la prensa escrita o audiovisual, las disposiciones particulares de las leyes que rigen esas materias son aplicables, en lo que concierne a la determinación de las personas responsables.
 
 
CAPITULO TERCERO – OTROS ATENTADOS A LA DEFENSA NACIONAL
 
Sección I
Atentados a la seguridad de las Fuerzas Armadas
y a las zonas protegidas que interesan a la defensa nacional
 
          Art. 482 (413) El hecho de inducir a militares que pertenecen a las Fuerzas Armadas dominicanas a pasar al servicio de una nación extranjera, con la finalidad de perjudicar la defensa nacional, se sancionará con las penas de diez años de prisión y RD $20,000.00 de multa.
 
 
          Art. 483 (413) El hecho de obstaculizar el funcionamiento normal del material militar, con el propósito de perjudicar la defensa nacional, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
Se sancionará con las mismas penas el hecho de obstaculizar el movimiento de personal o de material militar, con fines de perjudicar la defensa nacional.
 
          Art. 484 (413) El hecho de incitar a la desobediencia por cualquier medio que sea, a los militares o asimilados, a fin de perjudicar la defensa nacional, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y                   RD $10,000.00 de multa.
Cuando la incitación se cometa por vía de la prensa escrita o audiovisual, las disposiciones particulares de las leyes que rigen estas materias se aplicarán, en lo que concierne a la determinación de las personas responsables.
 
          Art. 485 (413) El hecho de participar en una empresa de desmoralización de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de perjudicar la defensa nacional, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y     RD $10,000.00 de multa.
Cuando la infracción se cometa por vía de la prensa escrita o audiovisual, las disposiciones particulares de las leyes que rigen esas materias son aplicables, en lo que concierne a la determinación de las personas responsables.
 
          Art. 486 (413) El hecho de introducirse fraudulentamente en un terreno, en una construcción o en un artefacto cualquiera, que pertenezca a la autoridad militar o colocado bajo su control, sin permiso de estas autoridades, se sancionará con las penas de un año de prisión y                RD $3,000.00 de multa.
 
          Art. 487 (413) El hecho de obstaculizar el funcionamiento normal de los servicios, establecimientos o empresas, públicas o privadas, que interesan a la defensa nacional, con la finalidad de perjudicar a ésta última, se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
 
          Art. 488 (413) El hecho de introducirse sin autorización en los servicios, establecimientos o empresas, públicas o privadas, que interesan a la defensa nacional o en el interior de los locales y terrenos cercados en los cuales la libre circulación está prohibida y que son delimitados para asegurar la protección de las instalaciones, del material o del secreto de las investigaciones, estudios o fabricaciones, se sancionará con las penas de seis meses de prisión y RD $2,500.00 de multa.
 
          Art. 489 (413) La tentativa de los delitos previstos en los artículos 483 y 486 a 488 se sancionará con las mismas penas.
Sección II
Atentados al secreto de la defensa nacional
 
          Art. 490 (413) Tienen carácter secreto para los fines de la presente sección, las informaciones, planos, objetos, documentos, datos informatizados o ficheros que interesan a la defensa nacional, y que han sido objeto de medidas de protección destinadas a restringir su difusión.
Pueden ser objeto de tales medidas las informaciones, métodos, objetos, documentos, datos informatizados o ficheros cuya divulgación podría perjudicar a la defensa nacional o conducir al descubrimiento de un secreto concerniente a la misma.
El Poder Ejecutivo regulará los niveles de clasificación de las informaciones, planos, objetos, documentos, datos informatizados o ficheros que presentan un carácter de secreto de la defensa nacional, y las autoridades encargadas de definir las modalidades según las cuales se organiza su protección.
 
          Art. 491 (413) La persona que por estado o profesión, o por ejercicio de una función o misión, temporal o permanente, sea depositaria de una información, de planos, objetos, documentos, datos informatizados o ficheros que tienen el carácter de secreto de la defensa nacional, y proceda a destruirlos, distraerlos, sustraerlos, reproducirlos o hacerlos del conocimiento público o de una persona no calificada, se sancionará con las penas de siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa.
Con las mismas penas se sancionará a la persona depositaria cuando permite a otro destruir, distraer, sustraer, reproducir o divulgar la información, planos, objetos, documentos, datos informatizados y ficheros comprendidos en el párrafo precedente.
Cuando la persona depositaria ha actuado con imprudencia o negligencia, la infracción se sancionará con las penas de tres años de prisión y                 RD $6,000.00 de multa.
 
          Art. 492 (413) Se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa, a toda persona no incluida en el artículo anterior que:
          1° Se apodere de un informe, plano, objeto, documento, dato informatizado o fichero que tenga el carácter de secreto de defensa nacional;
          2° Destruya, sustraiga o reproduzca, de cualquier manera que sea, tal información, plano, objeto, documento, dato informatizado o fichero;
          3° Haga del conocimiento público o de una persona no calificada tal información, plano, objeto, documento, dato informatizado o fichero.
 
          Art. 493 (413) La tentativa de los delitos previstos en el primer párrafo del artículo 491 y en el artículo 492 se sancionará con las mismas penas.
 
CAPITULO CUARTO – DISPOSICIONES PARTICULARES
 
          Art. 494 (414) En caso de emergencia declarada, las infracciones previstas por los artículos 482 al 484 se sancionarán con las penas de treinta años de reclusión y RD $600,000.00 de multa; y la infracción prevista por el artículo 487, se sancionará con las penas de siete años de prisión y           RD $14,000.00 de multa.
En los casos comprendidos en el párrafo precedente, el hecho de inducir a la comisión de las infracciones previstas por el artículo 483 con el fin de perjudicar la defensa nacional, se sancionará con las penas de diez años de prisión y RD $20,000.00 de multa; y la infracción prevista por el artículo 487 con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
            
          Art. 495 (414) Toda persona que intente cometer una de las infracciones previstas por los artículos 464, 465, 468, 471, y 474 estará exenta de pena, cuando por advertencia hecha a la autoridad administrativa o judicial, ha contribuido a evitar que la infracción se materialice, y a identificar, a los otros culpables.
 
          Art. 496 (414) Estará exenta de pena toda persona que habiendo participado en el complot previsto por el artículo 475 si antes de toda persecución ha revelado el complot a las autoridades competentes, y ha permitido la identificación de los otros participantes.
 
          Art. 497 (414) La pena privativa de libertad aplicable al autor o cómplice de las infracciones previstas en los artículos 466, 467, 469, 470 y 479 se reduce a la mitad cuando el infractor ha advertido a las autoridades administrativas o judiciales, y ello ha permitido interrumpir o hacer cesar las maniobras incriminadas, o ha evitado que la infracción produzca la muerte, o incapacidad permanente de otro, y permita identificar, llegado el caso, a otros culpables.
Cuando la pena aplicable es la reclusión a perpetuidad, ésta se reducirá a veinte años de reclusión.
 
          Art. 498 (414) A las personas físicas culpables de los crímenes y delitos previstos en el presente título se les impondrá además una, varias o todas las penas complementarias siguientes:
          1° La interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia, según las modalidades previstas en el artículo 67;
          2° La prohibición, según las modalidades previstas por el artículo 67 de ejercer una función pública o la actividad profesional o social en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio la infracción se ha cometido;
 
 
          3° La confiscación de la cosa que ha servido o estaba destinada para cometer la infracción, o la cosa que ha sido su producto, con excepción de los objetos susceptibles de restitución;
          4° La interdicción de residencia, según las modalidades previstas por el artículo 72.
 
          Art. 499 (414) La interdicción de uso del territorio dominicano puede pronunciarse en las condiciones previstas por el artículo 71 a título definitivo, o por un período no mayor de diez años, contra todo extranjero culpable de una de las infracciones previstas en los capítulos primero, segundo y cuarto del presente título, y de los artículos 482 al 485, 491 y 492.
Las disposiciones de los últimos cuatro incisos del artículo 71 no se aplicarán.
 
          Art. 500 (414) Las personas morales pueden declararse penalmente responsables, en las condiciones previstas por el artículo 22 de las infracciones previstas en el presente título.
Las penas aplicables para las personas morales son:
          1° La multa, según las modalidades previstas por el artículo 80;
          2° Las penas mencionadas en el artículo 81;
La prohibición mencionada en el inciso 2° del artículo 81 se aplica a la actividad en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio la infracción se ha cometido.
 
 
TITULO SEGUNDO – EL TERRORISMO
 
 
CAPITULO PRIMERO – ACTOS DE TERRORISMO
 
          Art. 501 (421) Constituyen actos de terrorismo, una cualquiera de las infracciones que se mencionan más adelante, cuando están intencionalmente en relación con una empresa individual o colectiva que tiene por fin perturbar gravemente el orden público por intimidación o terror:
          1° Los atentados voluntarios contra la vida y contra la integridad de la persona; el rapto o el secuestro; así como el desvío de aeronave, naves o de todo otro medio de transporte, definido en el Libro segundo;
          2° Los robos, extorsiones, destrucciones, degradaciones y deterioros, así como las infracciones en materia informática dispuestas por el Libro tercero;
          3° La fabricación o detentación de máquinas, instrumentos homicidas o explosivos;
    4° La producción, venta, importación o exportación de sustancias explosivas;
    5° La adquisición, detentación, transporte o porte ilegítimo de sustancias explosivas o instrumentos fabricados con ayuda de dichas sustancias;
    6° La fabricación, tenencia, almacenamiento, adquisición o cesión de armas biológicas o a base de toxinas;
          7° El ocultamiento del producto de una de las infracciones antes previstas.
 
          Art. 502 (421) El hecho de introducir en la atmósfera, sobre el suelo, en el subsuelo o en las aguas, comprendidas entre éstas, las del mar territorial, una sustancia de naturaleza tal que ponga en peligro la salud del hombre o animales; o el medio natural, cuando está intencionalmente en relación con una empresa individual o colectiva que tenga por finalidad perturbar gravemente el orden público por intimidación o terror, constituye un acto de terrorismo. 
 
          Art. 503 (421) Constituye también un acto de terrorismo el hecho de enviar o lanzar cartas o encomiendas explosivas de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la vida o la integridad corporal de las personas.
 
          Art. 504 (421) De igual modo constituye un acto de terrorismo el hecho de participar en un grupo formado o en un acuerdo concertado para la preparación, caracterizada por uno o varios hechos materiales, de uno de los actos de terrorismo mencionados en los artículos precedentes.
 
          Art. 505 (421) Las penas privativas de libertad aplicables a los actos de terrorismo dispuestos en el artículo 501 se aumentará conforme a la escala siguiente:
          1° A la pena de reclusión a perpetuidad, cuando la infracción se sancione con la pena de cuarenta años de reclusión;
          2° A la pena de cuarenta años de reclusión, cuando la infracción se sancione con la pena de treinta años de reclusión;
          3° A la pena de treinta años de reclusión, cuando la infracción se sancione con la pena de veinte años de reclusión;
          4° A la pena de veinte años de reclusión, cuando la infracción se sancione con la pena de quince años de reclusión;
          5° A la pena de quince años de reclusión, cuando la infracción se sancione con la pena de diez años de prisión;
          6° A la pena de diez años de prisión, cuando la infracción se sancione con la pena de siete años de prisión;
          7° A la pena de siete años de prisión, cuando la infracción se sancione con la pena de cinco años de prisión;
          8° Al doble, cuando la infracción se sancione con la pena de tres años de prisión.
Los dos primeros párrafos del artículo 113, relativos al período de seguridad, se aplicarán a los crímenes, y a los delitos sancionados con la pena de diez años de prisión, previstos por el presente artículo.
 
          Art. 506 (421) El acto de terrorismo previsto en el artículo 502, se sancionará con las penas de quince años de reclusión y RD $300,000.00 de multa.
Cuando este acto produzca la muerte de una o varias personas, se sancionará con la pena de reclusión a perpetuidad.
Los dos primeros párrafos del artículo 113, relativos al período de seguridad, se aplicarán al crimen previsto por este artículo.
 
          Art. 507 (421) El acto de terrorismo definido en los artículos 503 y 504, se sancionará con las penas de diez años de prisión y   RD $20,000.00 de multa.
Cuando la infracción definida en el artículo 503 produzca la muerte de una o más personas, se sancionará con la pena de reclusión a perpetuidad.
Los dos primeros párrafos del artículo 113, relativos al período de seguridad, se aplicarán al delito previsto en el este artículo.
 
 
CAPITULO SEGUNDO – DISPOSICIONES PARTICULARES
 
          Art. 508 (422) Toda persona que haya intentado cometer un acto de terrorismo será exonerada de pena cuando por su advertencia a la autoridad administrativa o judicial, ha evitado la realización de la infracción y ha permitido identificar a los otros culpables.
 
          Art. 509 (422) La pena privativa de libertad aplicable al autor o al cómplice de un acto de terrorismo se reduce a la mitad cuando el infractor por su advertencia a las autoridades administrativas o judiciales, ha permitido interrumpir las actuaciones incriminadas y evitar que la infracción produzca muerte o incapacidad permanente a otro; y ha identificar a los otros culpables. No obstante, cuando la pena aplicable es la reclusión a perpetuidad, ésta se reduce a la pena de veinte años de reclusión.
 
          Art. 510 (422) A las personas físicas culpables de una de las infracciones previstas por el presente título se les impondrá además una, varias o todas las penas complementarias siguientes:
          1° La interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia, según las modalidades previstas por el artículo 67. No obstante, el máximo del período de interdicción se elevará a quince años en caso de crimen, y a diez años en caso de delito;
 
          2° La prohibición, según las modalidades previstas por el artículo 68 de ejercer una función pública, o de ejercer la actividad profesional o social en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio la infracción se ha cometido. No obstante, el máximo de duración de la prohibición temporal se elevará a diez años;
          3° La interdicción de residencia, según las modalidades previstas por el artículo 72. No obstante, el máximo de duración de la prohibición se elevará a quince años en caso de crimen y a diez años en caso de delito.
               
          Art. 511 (422) La interdicción de uso del territorio dominicano puede pronunciarse en las condiciones previstas por el artículo 71 a título definitivo, o por un período no mayor de diez años, contra todo extranjero culpable de una de las infracciones previstas por el presente título.
No obstante, las disposiciones de los cuatro últimos incisos de dicho artículo no se aplicarán.
 
          Art. 512 (422) Las personas morales pueden declararse penalmente responsables, en las condiciones previstas por el artículo 22 de los actos de terrorismo definidos en el presente título.
Las penas aplicables a las personas morales son:
          1º La multa, según las modalidades previstas por el artículo 80;
          2º Las penas mencionadas en el artículo 81.
La prohibición mencionada en el inciso 2° del artículo 81 se aplica a la actividad en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio la infracción se ha cometido.
 
 
TITULO TERCERO – ATENTADOS A LA CONSTITUCION
Y A LA AUTORIDAD DEL ESTADO
 
 
CAPITULO PRIMERO – ATENTADOS A LA CONSTITUCION
 
Sección I
Obstáculos al ejercicio de las libertades de expresión,
trabajo, asociación, reunión, manifestación o cultos
 
          Art. 513 (431) El hecho de obstaculizar, de manera concertada o mediante amenazas, el ejercicio de la libertad de expresión, trabajo, asociación, reunión, manifestación o cultos, se sancionará con las penas de un año de prisión y RD $3,000.00 de multa.
El hecho de obstaculizar, de manera concertada y mediante golpes, violencias, vías de hecho, destrucción o degradación en el sentido dispuesto por el presente Código, el ejercicio de una de las libertades comprendidas en el párrafo precedente, se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
Art. 514 (431) A las personas físicas culpables de una de las infracciones previstas por el artículo anterior se les impondrá además una, varias o todas las penas complementarías siguientes:
          1º La interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia, según las modalidades previstas por el artículo 67;
          2º La prohibición, según las modalidades previstas por el artículo 68 de ejercer una función pública o de ejercer la actividad profesional o social en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio la infracción se ha cometido;
          3º La prohibición de tener o portar, por un período no mayor de cinco años, un arma sujeta a autorización.
 
Sección II
Abusos de autoridad cometidos contra los particulares
 
Parágrafo 1 - Atentados a la libertad individual
 
          Art. 515 (432) El hecho, cometido por una persona depositaria de la autoridad o servicio público, actuando en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones y fuera de los casos y plazos previstos en la ley, de privar de su libertad a una persona, sin someterla a la acción de la justicia; u ordenar o realizar arbitrariamente cualquier otro acto atentatorio a la libertad individual, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y      RD $10,000.00 de multa.
Cuando la privación de la libertad sea mayor de siete días, las penas se elevarán a diez años de prisión y RD $20,000.00 de multa.
En los hechos previstos en este artículo el juez o tribunal podrá sustituir la multa aplicable por una equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare la autoridad o servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
 
          Art. 516 (432) Toda persona depositaria de la autoridad o servicio público, que habiendo tenido conocimiento, en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, de una privación de libertad ilegal, se abstenga voluntariamente, de ponerle fin, si tiene poder para ello, o en caso contrario, de reclamar la intervención de una autoridad competente, se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
Toda persona comprendida en el párrafo precedente, que habiendo tenido conocimiento en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, de una privación de libertad cuya ilegalidad se alega, se abstenga voluntariamente de proceder a las verificaciones necesarias si ella tiene el poder para ello, o en caso contrario, de transmitir la reclamación a una autoridad competente, se sancionará con las penas de un año de prisión y RD $3,000.00 de multa, cuando la privación de la libertad, reconocida ilegal, se ha perseguido.
En los hechos previstos en este artículo el juez o tribunal podrá sustituir la multa aplicable por una equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare la autoridad o servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
 
          Art. 517 (432) Todo agente de la administración penitenciaria, que reciba o retenga una persona sin mandamiento, sentencia u orden de encarcelamiento, dictado conforme a la ley y por funcionario competente; o que prolongue indebidamente la duración de una privación de libertad, se sancionará con las penas de dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa.
En los hechos previstos en este artículo el juez o tribunal podrá sustituir la multa aplicable por una equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare la autoridad o servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
 
Parágrafo 2 - Discriminaciones
 
          Art. 518 (432) Cuando la discriminación definida en el artículo 261 consiste en rehusar el beneficio de un derecho acordado por la ley, o en obstaculizar en ejercicio normal de una actividad económica cualquiera, y es cometida por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, en perjuicio de una persona física o moral, se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
En el hecho previsto en este artículo el juez o tribunal podrá sustituir la multa aplicable por una equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare la autoridad o servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
 
Parágrafo 3 - Atentados a la inviolabilidad del domicilio
 
          Art. 519 (432) Toda persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, que actuando en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, se introduzca o intente introducirse en el domicilio de otro, contra el consentimiento de éste, fuera de los casos previstos por la ley, se sancionará con las penas de dos años de prisión y     RD $4,000.00 de multa.
En los hechos previstos en este artículo el juez o tribunal podrá sustituir la multa aplicable por una equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare el servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
En los casos previstos en éste y en el anterior parágrafo, la acción pública no puede ejercerse, sino después de querella del agraviado, o denuncia de su representante legal o de sus causahabientes.
 
La acción pública cesará por el desistimiento de la querella o denuncia realizado por el agraviado o su apoderado provisto de poder especial y expreso. 
 
Parágrafo 4 - Atentados al secreto de las correspondencias
 
          Art. 520 (432) Toda persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, o sus dependientes, o auxiliares, que actuando en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, ordene, realice o facilite, fuera de los casos previstos por la ley, la distracción, supresión o apertura de correspondencias o revelación del contenido de éstas, se sancionarán con las penas de tres años de prisión y   RD $6,000.00 de multa.
En el hecho previsto en este artículo el juez o tribunal podrá sustituir la multa aplicable por una equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare la autoridad o servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
 
 
CAPITULO SEGUNDO – ATENTADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA COMETIDOS POR PERSONAS QUE EJERCEN UNA FUNCION PUBLICA
 
Sección I
Abusos de autoridad dirigidos contra la administración
 
          Art. 521 (432) Toda persona depositaria de la autoridad pública, actuando en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, que tome medidas destinadas a obstaculizar la ejecución de la ley, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
En el hecho previsto en este artículo el juez o tribunal podrá sustituir la multa aplicable por una equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare la autoridad o servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
 
          Art. 522 (432) La infracción prevista en el precedente artículo se sancionará con las penas de diez años de prisión y RD $20,000.00 de multa, si ha sido seguida de efecto.
En el hecho previsto en este artículo el juez o tribunal podrá sustituir la multa aplicable por una equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare la autoridad o servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
 
 
          Art. 523 (432) Toda persona depositaria de la autoridad o servicio público, o investida de un mandato electivo público, que habiendo sido oficialmente informada de la decisión o la circunstancia que ponen fin a sus funciones, continúe ejerciéndolas, se sancionará con las penas de dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa.
 
Sección II
Faltas al deber de probidad
 
Parágrafo 1 – Concusión
 
          Art. 524 (432) El hecho cometido por toda persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, de recibir, exigir u ordenar percibir, a título de derechos o contribuciones, impuestos o tasas públicas, una suma que ésta sabe no se debe, o exceder lo que es debido, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00.
Se sancionará con iguales penas el hecho, cometido por las mismas personas, de otorgar bajo cualquier forma o por cualquier motivo, una exoneración o franquicia de los derechos, contribuciones, impuestos o tasas públicas, en violación de los textos legales o reglamentarios.
En los casos previstos en este artículo el juez o tribunal podrá sustituir la multa aplicable por una equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare la autoridad o servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
La tentativa de los delitos previstos en el presente artículo se sancionará con las mismas penas.
 
Parágrafo 2 - Corrupción pasiva y tráfico de influencias
cometido por personas que ejercen una función pública
 
          Art. 525 (432) El hecho cometido por toda persona depositaria de la autoridad pública, o encargada de un servicio público o investida de un mandato electivo público, que directa o indirectamente y sin derecho a ello, solicite u otorgue, valores, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas de toda índole, se sancionará con las penas de diez años de prisión y             RD $20,000.00 de multa, en uno cualquiera de los casos siguientes:
          1° Para cumplir o abstenerse de cumplir un acto de su función, misión o de su mandato, o facilitado por su función, misión o mandato;
          2° Por abusar de su influencia real o supuesta, para obtener de la autoridad o de la administración pública distinciones, empleos, concursos o toda otra decisión favorable.
En los hechos previstos en este artículo el juez o tribunal podrá sustituir la multa aplicable por una equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare la autoridad o servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
Parágrafo 3 – Toma ilegal de intereses
 
          Art. 526 (432) El hecho cometido por toda persona depositaria de la autoridad o servicio público, o investida de un mandato electivo público, que tome, reciba o conserve, directa o indirectamente, un interés cualquiera, en una empresa o en una operación en la cual tiene, en el momento del acto, en todo o en parte, el encargo de asegurar la vigilancia, administración, liquidación o pago, se sancionará con las penas de diez años de prisión y multa equivalente a diez veces el monto del salario que devengare el servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
 
          Art. 527 (432) Todo funcionario público, agente, o delegado de la administración pública, encargado en razón de sus funciones, de: asegurar la vigilancia o control de una empresa privada; concluir contratos de cualquier naturaleza con una empresa privada; realizar investigaciones y rendir informes en relación con operaciones efectuadas por una empresa privada; que mientras desempeñe tales funciones o antes de la expiración del plazo de cinco años, a partir de la cesación de sus funciones, tome o reciba participación económica en una de esas empresas por concepto de trabajos, servicios, consultas, o inversión de capitales hechos a favor de las mismas, será sancionado con las penas de diez años de prisión y multa equivalente a diez veces el monto del salario que devengare el servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
Se castigará con las mismas penas toda participación por trabajo, consulta o inversión de capitales en otra empresa privada que tenga por lo menos un treinta por ciento del capital común con una de las empresas antes mencionadas, o que hayan concertado con ellas un contrato que conlleve exclusividad de hecho o de derecho.
Se asimila a empresa privada en el sentido del presente artículo, toda empresa pública que ejerza su actividad en un sector de concurrencia y conforme a las reglas del derecho privado.
 
Parágrafo 4 – Atentados a la libertad de acceso y a la igualdad de los participantes en los
concursos públicos y las concesiones de servicio público
 
          Art. 528 (432) El hecho de procurar o de intentar procurar a otro una ventaja injustificada mediante un acto contrario a las disposiciones legislativas o reglamentarias, que tengan por objeto garantizar la libertad de acceso e igualdad de los participantes en los concursos públicos y las concesiones de servicios públicos, se sancionará con las penas de dos años de prisión y multa equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare el servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción, cuando ésta se cometa por una persona depositaria de la autoridad pública, o encargada de un servicio público, o investida de un mandato electivo publico, o ejerciendo las funciones de representante del Estado, de los establecimientos públicos, de las sociedades o empresas públicas objeto de capitalización privada, conforme la Ley No. 141-97, sobre Reforma de la Empresa Pública, del 24 de junio de 1997; o por toda persona actuando por cuenta de una de las personas arriba mencionadas.
 
Parágrafo 5 - Sustracción y distracción de bienes
 
          Art. 529 (432) El hecho de destruir, distraer, sustraer o servirse de un acto o de un título o de fondos públicos o privados, efectos, piezas, o cualquier otro objeto que le haya sido entregado en razón de sus funciones o de su misión, cuando es cometido por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, o depositario público o uno de sus subordinados, se sancionará con las penas de diez años de prisión y multa equivalente a cinco veces el monto del salario que devengare el servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
La tentativa del delito previsto en el párrafo anterior se sancionará con la misma pena.
 
          Art. 530 (432) Cuando los hechos enunciados en el artículo anterior se cometan por un tercero y resulten de la negligencia de una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público o depositario público, se sancionará con las penas de un año de prisión y multa equivalente a tres veces el monto del salario que devengare el servidor público al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infracción.
 
Sección III
Penas complementarias
 
          Art. 531 (432) En los casos previstos por el presente capítulo pueden pronunciarse además, a título complementario una, varias o todas las penas siguientes:
          1° La interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia, según las modalidades previstas por el artículo 67;
          2° La prohibición, según las modalidades previstas por el artículo 68 de ejercer una función pública o de ejercer la actividad profesional o social en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio la infracción se ha cometido;
          3° La confiscación, según las modalidades previstas por el artículo 62 de las sumas u objetos irregularmente recibidos por el autor de la infracción, con excepción de los objetos susceptibles de restitución;
          4° En el caso previsto por el artículo 518 la publicación por carteles o la difusión de la sentencia pronunciada, en las condiciones previstas por el artículo 76.
 
 
CAPITULO TERCERO – ATENTADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA COMETIDOS POR LOS PARTICULARES
 
Sección I
Corrupción activa y tráfico de
influencia cometidos por los particulares
 
          Art. 532 (433) El hecho de proponer, sin derecho, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, presentes o ventajas cualesquiera para obtener de una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público o investida de un mandato electivo público, se sancionará con las penas de diez años de prisión y                   RD $20,000.00 de multa, cuando se comete para que:
          1° Cumpla o se abstenga de cumplir un acto de sus funciones, misión o mandato o facilitado por su función, misión o mandato;
            2° Abuse de su influencia real o supuesta a fin de obtener de una autoridad o de la administración pública distinciones, empleos, concursos o toda otra decisión favorable.
Se sancionará con las mismas penas el hecho de aceptar de una persona depositaria de la autoridad pública, encargada de un servicio público o investida de un mandato electivo público, que solicite, sin derecho, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, presentes o ventajas cualesquiera para cumplir o abstenerse de cumplir un acto comprendido en el inciso 1° del presente artículo, o por abusar de su influencia en las condiciones comprendidas en el inciso 2° .
 
            Art. 533 (433) Toda persona que solicite o admita, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, presentes o ventajas cualesquiera para abusar de su influencia real o supuesta a fin de obtener de la autoridad, o la administración pública, distinciones, empleos, concursos o toda otra decisión en favor de terceros, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
Se sancionará con las mismas penas el hecho de aceptar las solicitudes previstas en el párrafo precedente, o de proponer, sin derecho, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, presentes o ventajas de cualquier índole, para que una persona abuse de su influencia real o supuesta a fin de obtener de la autoridad o de la administración pública, distinciones, empleos, concursos o toda otra decisión favorable.
 
 
 
 
Sección II 
Amenazas y actos de intimidación cometidos
contra las personas que ejercen una función pública
 
            Art. 534 (433) La amenaza de cometer un crimen o un delito contra la persona o los bienes de un magistrado, o de un abogado, cuando éste postula o postulará en un proceso que implique al autor de la infracción; oficial público o ministerial en el ejercicio de sus funciones; militar, oficial o miembro de la Policía Nacional, de aduanas, de la administración penitenciaria o de toda otra persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, cuando es reiterada o materializada por un escrito, imagen, o cualquier otro medio, se sancionará con las penas de dos años de prisión y   RD $4,000.00 de multa.
Cuando la amenaza anuncie la muerte o un atentado a los bienes, peligrosa para las personas, las penas se elevarán a cinco años de prisión y                RD $10,000.00 de multa.
El hecho de proferir amenazas, o ejercer violencias o cometer todo otro acto de intimidación, para obtener de una persona mencionada en el primer párrafo, o investida de un mandato electivo público, que ésta cumpla o se abstenga de cumplir un acto de su función, de su misión o de su mandato, o facilitado por su función, su misión o su mandato; o que abuse de su autoridad verdadera o supuesta, a fin de obtener de la autoridad o la administración pública distinciones, empleos, concursos o toda otra decisión favorable, se sancionará con las penas de diez años de prisión y                 RD $20,000.00 de multa.
 
Sección III
Sustracción o distracción de bienes colocados en depósito público
 
            Art. 535 (433) El hecho de destruir, distraer o sustraer un acto, título, fondos públicos o privados, efectos, piezas o documentos anteriormente depositados, o todo otro objeto que haya sido entregado, en razón de sus funciones, a una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, a un depositario público, o a uno de sus subordinados, se sancionará con las penas de siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa.
 
Sección IV
El ultraje
 
            Art. 536 (433) Constituye ultraje, las palabras, gestos o amenazas, escritos o imágenes de toda naturaleza no hechos públicos; o el envío de cualquier objeto dirigido a una persona encargada de un servicio público, en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de su misión, y de naturaleza a atentar a su dignidad o al respeto debido a la función de la cual está investido. El ultraje se sancionará con la pena de RD $2,500.00 de multa.
Cuando se dirige a una persona depositaria de la autoridad pública, el ultraje se sancionará con las penas de seis meses de prisión y RD $2,500.00 de multa.
Cuando se comete en reunión, el ultraje previsto en el primer párrafo de este artículo se sancionará con las penas de seis meses de prisión y                 RD $2,500.00 de multa; y el previsto en su segundo párrafo se sancionará con las penas un año de prisión y RD $3,000.00 de multa.
En los casos previstos por los dos artículos anteriores, la acción pública no puede ejercerse, sino después de querella del agraviado, o denuncia de su representante legal o causahabientes.
La acción pública cesará por el desistimiento de la querella o denuncia realizado por el agraviado o su apoderado provisto de poder especial y expreso.
 
Sección V
La rebelión
 
            Art. 537 (433) Constituye rebelión el hecho de oponer resistencia violenta a una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, actuando en el ejercicio de sus funciones, para la ejecución de las leyes, de las órdenes de la autoridad pública, de las sentencias o mandatos de los funcionarios judiciales.
La rebelión se sancionará con las penas de seis meses de prisión y               RD $2,500.00 de multa.
La rebelión cometida en reunión se sancionará con las penas de un año de prisión y RD $3,000.00 de multa.
 
            Art. 538 (433) La rebelión armada se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
La rebelión armada cometida en reunión se sancionará con las penas de siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa.
 
          Art. 539 (433) Cuando el autor de la rebelión está detenido, las penas pronunciadas por este delito de rebelión se acumulan, por derogación de los artículos 93 al 96, sin posibilidad de confusión, con aquella, que el interesado cumplía o aquella pronunciada por la infracción por cuya comisión estaba detenido.
 
          Art. 540 (433) La incitación directa a la rebelión manifestada por gritos o discursos públicos, escritos fijados o distribuidos por carteles, o por cualquier otro medio de transmisión del escrito, palabra o imagen, se sancionará con la pena de RD $2,500.00 de multa.
Cuando el delito previsto en el párrafo precedente se comete por vía de la prensa escrita o audiovisual, las disposiciones particulares de las leyes que rigen esas materias son aplicables, en lo que concierne a la determinación de las responsabilidades.
Sección VI
Oposición a la ejecución de trabajos públicos
 
          Art. 541 (433) El hecho de oponerse por vía de hecho o de violencia, a la ejecución de los trabajos públicos o de utilidad pública, se sancionará con las penas de un año de prisión y RD $3,000.00 de multa.
 
Sección VII
Usurpación de funciones
 
          Art. 542 (433) Constituye usurpación de funciones, el hecho de una persona, sin calidad para ello, inmiscuirse en el ejercicio de una función pública, ejecutando o pretendiendo ejecutar uno de los actos reservados al titular de esta función. Este hecho se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
 
          Art. 543 (433) Se sancionará con las penas de un año de prisión y        RD $3,000.00 de multa, el hecho, cometido por cualquier persona de:
          1° Ejercer una actividad en condiciones de naturaleza tal que tienda a crear en el ánimo del público una confusión con el ejercicio de una función pública o de una actividad reservada a los oficiales públicos o ministeriales;
          2° Usar documentos o escritos que presenten, con los actos judiciales, extrajudiciales o con documentos administrativos, semejanzas de naturaleza tal que provocan una confusión dentro del ánimo del público.
 
Sección VIII
Usurpación de insignias y distintivos reservados a la autoridad pública
 
          Art. 544 (433) Se sancionará con las penas de un año de prisión y        RD $3,000.00 de multa, toda persona que públicamente y sin tener calidad ni derecho para ello:
          1° Use un traje, uniforme o condecoración cuyo uso esté reservado a la autoridad pública;
          2° Use un documento justificativo de una calidad profesional que no tiene; o una insignia o distintivo cuyo uso esté reservado a la autoridad pública;
          3° Use un vehículo cuyas características exteriores sean idénticas a las usadas por los funcionarios o autoridades públicas.
 
          Art. 545 (433) Toda persona que públicamente use un traje, o uniforme; utilice un vehículo, o haga uso de insignias o documentos que presenten una semejanza tal con los trajes, uniformes, vehículos, insignias, distintivos o documentos, reservados a los funcionarios y autoridades públicas, a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, que cause confusión en el ánimo del público, se sancionará con las penas de seis meses de prisión y               RD $2,500.00 de multa.
 
          Art. 546 (433) Cuando las infracciones previstas por la presente sección tienen por objeto preparar o facilitar la comisión de un crimen o delito, se sancionarán con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
 
Sección IX
Usurpación de título
 
          Art. 547 (433) El uso, sin derecho, de un título otorgado a una profesión reglamentada por la autoridad pública, o un diploma oficial, o una calidad cuyas condiciones de otorgamiento son fijadas por la autoridad pública, se sancionará con las penas de un año de prisión y RD $3,000.00 de multa.
 
Sección X
Uso irregular de calidad
 
          Art. 548 (433) Se sancionará con las penas de seis meses de prisión y RD $2,500.00 de multa, al fundador o dirigente de derecho o de hecho de una empresa que persigue un fin lucrativo, que hace o deja figurar, en una publicidad realizada en el interés de la empresa que se propone fundar o que él dirige:
         1° El nombre con mención de su calidad, de un miembro o de un antiguo miembro del Gobierno, Congreso Nacional, Ayuntamiento, Consejo Nacional de la Magistratura, Suprema Corte de Justicia, Cámara de Cuentas, Banco Central, miembros de la Junta Monetaria, o de un organismo colegiado, investido por la ley de una misión de control y fiscalización pública;
          2° El nombre con mención de su función, de un magistrado o de un antiguo magistrado, de un funcionario o de un antiguo funcionario, o de un oficial público o ministerial;
          3° El nombre de una persona con mención de la condecoración reglamentada que le ha sido otorgada por la autoridad pública.
Se sancionará con las mismas penas el hecho cometido por un banquero o un agente comercial de utilizar la publicidad señalada en el primer párrafo.
 
Sección XI
Atentados contra el estado civil de las personas
 
          Art. 549 (433) Constituye un atentado contra el estado civil de las personas, el hecho cometido en un acto público o auténtico o en un documento administrativo destinado a la autoridad pública, y fuera de los casos en que la ley lo permite, de:
 
 
          1° Tomar un nombre diferente del que le ha sido asignado por el estado civil;
          2° Cambiar, alterar o modificar el nombre asignado por el estado civil.
Este tipo de atentado al estado civil de las personas, se sancionará con las penas de seis meses de prisión y RD $2,500.00 de multa.
 
          Art. 550 (433) Constituye bigamia, el hecho de una persona comprometida por el vínculo del matrimonio, contraer otro antes de la disolución del precedente, y esta infracción se sancionará con las penas de un año de prisión y RD $3,000.00 de multa.
Igual sanción se le impondrá al Oficial del estado Civil o ministro religioso que haya celebrado el matrimonio, en conocimiento de la existencia del precedente.
 
Sección XII
Penas complementarias aplicables a las personas
físicas y responsabilidad penal de las personas morales
 
          Art. 551 (433) A las personas físicas culpables de una de las infracciones previstas en el presente capítulo se les impondrá además una, varias o todas las penas complementarias siguientes:
          1° La interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia, según las modalidades previstas por el artículo 67;
          2° La prohibición por un período no mayor de cinco años de ejercer una función pública o la actividad profesional o social en el ejercicio de la cual, o en ocasión de cuyo ejercicio la infracción se ha cometido;
          3° La publicación por carteles o la difusión de la sentencia pronunciada en las condiciones previstas por el artículo 76.
 
          Art. 552 (433) En los casos previstos por los artículos 532, 533 y 535 puede igualmente ordenarse la confiscación de las sumas u objetos irregularmente recibidos por el autor de la infracción, con la excepción de los objetos susceptibles de restitución. 
 
          Art. 553 (433) Las personas físicas culpables de una de las infracciones previstas en el artículo 538, se les impondrá además una o todas las penas complementarias siguientes:
          1° La prohibición de tener o portar por un período no mayor de cinco años un arma sujeta a autorización;
          2° La confiscación de las armas de las cuales es propietario o tiene la libre disposición.
 
 
          Art. 554 (433) Las personas morales pueden declararse penalmente responsables en las condiciones previstas por el artículo 22 de las infracciones previstas las secciones l, VI, VII, IX y X del presente capítulo.
Las penas aplicables a las personas morales son:
          1° La multa, según las modalidades previstas por el artículo 80;
          2° Las penas mencionadas en los incisos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del artículo 81, por un período no mayor de cinco años;
          3° La confiscación prevista en el artículo 62;
          4° La publicación por carteles o la difusión de la sentencia pronunciada en las condiciones previstas por el artículo 76.
La prohibición mencionada en el inciso 2° del artículo 81 se aplica sobre la actividad en el ejercicio de la cual, o en ocasión de cuyo ejercicio la infracción se ha cometido.
 
 
CAPITULO CUARTO – ATENTADOS A LA ACCION DE LA JUSTICIA
 
Sección I
Obstáculos al apoderamiento de la justicia
 
          Art. 555 (434) Todo aquél que teniendo conocimiento de un crimen del cual es aún posible prevenir o limitar los efectos, o cuyos autores son aptos para cometer nuevos crímenes que podrían impedirse, no informe a las autoridades judiciales o administrativas, o entorpezca las investigaciones desplegadas al efecto por éstas, se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
Se exceptúan de las disposiciones que preceden, salvo en lo que concierne a los crímenes cometidos en contra de los niños, niñas o adolescentes:
          1° Los parientes en línea directa y los hermanos y hermanas del autor o cómplice del crimen, así como los cónyuges de dichos parientes y hermanos de los infractores;
          2° El cónyuge del autor o del cómplice del crimen o la persona que vive con él en relación de concubinato de modo notorio.
Igualmente se exceptúan de las disposiciones del primer párrafo, las personas obligadas a guardar un secreto en las condiciones previstas por el artículo 299.
 
          Art. 556 (434) Cuando el crimen aludido en el primer párrafo del artículo anterior constituye un atentado a los intereses fundamentales de la nación, previsto por el título primero del presente Libro, o un acto de terrorismo previsto por el título segundo del presente Libro, las penas se elevarán a cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
 
 
          Art. 557 (434) Todo aquél que teniendo conocimiento de privaciones, malos tratos o atentados sexuales infligidos a un niño, niña o adolescente, o a una persona que no esté en capacidad de protegerse en razón de su edad, o enfermedad, incapacidad, deficiencia física o síquica o estado de embarazo, no informe del hecho a las autoridades judiciales o administrativas, se sancionará con las penas de tres años de prisión y           RD $6,000.00 de multa.
Salvo cuando la ley disponga lo contrario, se exceptúan de las disposiciones que preceden las personas obligadas a guardar un secreto, en las condiciones previstas por el artículo 299.
 
          Art. 558 (434) Se sancionará con las penas de tres años de prisión y    RD $6,000.00 de multa, a quien obstaculice o entorpezca el descubrimiento de la verdad de los hechos acontecidos, por uno cualquiera de los medios siguientes:
          1° Por modificar la escena de un crimen o delito, por alteración, falsificación o desaparición de las huellas o indicios, o por colocar o desplazar, o suprimir cualquier objeto útil para descubrir la verdad de los hechos;
          2° Por destruir, sustraer, ocultar, o alterar un documento público o privado o un objeto tendiente a facilitar el descubrimiento de un crimen o delito, la búsqueda de las pruebas que sirvan para la absolución o condena del justiciable.
Cuando los hechos previstos en el presente artículo se cometen por una persona que, por sus funciones está llamada a contribuir a la manifestación de la verdad, las penas se elevarán a cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
 
          Art. 559 (434) Toda amenaza o cualquier otro acto de intimidación hecho contra una persona, con el fin de inducir a la víctima de un crimen o de un delito a no querellarse o a retractarse de una querella presentada, se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
 
          Art. 560 (434) Todo aquél que provea al autor o cómplice de un crimen o de un acto de terrorismo, sancionado con por lo menos diez años de prisión; alojamiento, lugar de escondite, subsidios, medios de subsistencia o todo otro recurso, para sustraerlo a las investigaciones o a la detención, se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
Las penas se elevarán a cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa, cuando la infracción se comete de manera habitual.
Se exceptúan de las disposiciones que preceden:
          1° Los parientes en línea directa y sus cónyuges, así como los hermanos, hermanas y sus cónyuges, del autor o del cómplice del crimen o del acto de terrorismo;
          2° El cónyuge del autor o del cómplice del crimen o del acto de terrorismo, o la persona que vive en relación concubinaria de modo notorio con él.
 
          Art. 561 (434) El hecho de ocultar o trasladar el cadáver de una persona víctima de un homicidio, o fallecido como consecuencia de violencia, se sancionará con las penas de dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa.
 
Sección II
Obstáculos al ejercicio de la justicia
 
          Art. 562 (434) El hecho de un juez o tribunal negarse a juzgar y proveer los pedimentos que se le presenten, después de haber sido requerido a ello, y perseverar en su negativa después de la advertencia o intimación de sus superiores o las partes, se sancionará con las penas de RD $10,000.00 de multa y la prohibición del ejercicio de las funciones públicas, por no más de cinco años.
Las mismas penas se impondrán a cualquier otra autoridad civil, administrativa o municipal que rehuse, bajo las condiciones antes señaladas los requerimientos que se le formularen.
 
          Art. 563 (434) Toda amenaza, o acto de intimidación, hecho contra un magistrado, o cualquier otra persona, actuando en una función jurisdiccional; un árbitro, intérprete o perito, o el abogado de una parte, con el fin de influir en su comportamiento en el ejercicio de sus funciones, se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
 
          Art. 564 (434) Todo magistrado, o cualquier otra persona que ejerza una función jurisdiccional, árbitro o perito nombrado por el juez o tribunal o por las partes; o la persona encargada por la autoridad judicial de una misión de conciliación o mediación, que solicite o acepte sin derecho, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, presentes o ventajas de cualquier índole para el cumplimiento o la abstención de un acto de su función, se sancionará con las penas de diez años de prisión y                    RD $20,000.00 de multa.
El hecho de ceder a las solicitudes de una persona comprendida en el párrafo precedente, o de hacer ofertas, promesas, dádivas, presentes o cualquier ventaja, a fin de obtener de una de estas personas el cumplimiento o la abstención de un acto de su función, se sancionará con las mismas penas.
Cuando la infracción definida en el primer párrafo la cometa un magistrado en beneficio o en detrimento de una persona que es objeto de persecuciones criminales, las penas se elevarán a quince años de reclusión y                   RD $300,000.00 de multa.
          Art. 565 (434) Todo aquél que conociendo la prueba de la inocencia de una persona detenida provisionalmente o juzgada por crimen o delito, se abstenga voluntariamente de aportar inmediatamente testimonio de ello a las autoridades judiciales o administrativas, se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa. 
No obstante, está exento de pena, el que aporte su testimonio de manera tardía, pero espontáneamente.
Se exceptúan de las disposiciones del primer párrafo:
          1° El autor o cómplice de la infracción que motive la persecución, sus parientes en línea directa y sus cónyuges, así como sus hermanos, hermanas y cónyuges de éstos;
          2° El cónyuge del autor o del cómplice de la infracción que motive la persecución, o la persona que vive en relación de concubinato de modo notorio con él.
Están igualmente exceptuadas de las disposiciones del primer párrafo, las personas obligadas a guardar el secreto en las condiciones previstas por el artículo 299.
 
          Art. 566 (434) Todo aquél que, habiendo declarado públicamente conocer a los autores de un crimen o delito, se niegue a responder a las preguntas que les son planteadas a este respecto por un juez o tribunal, se sancionará con las penas de un año de prisión y RD $3,000.00 de multa.
 
          Art. 567(434) El testimonio mentiroso hecho bajo juramento ante toda jurisdicción, oficial público, funcionario judicial o administrativo se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
No obstante, el falso testigo está exento de pena, si retracta espontáneamente su testimonio antes de emitirse la ordenanza o sentencia que pone fin al procedimiento seguido ante la jurisdicción de instrucción o de juicio.
 
          Art. 568 (434) El testimonio mentiroso se sancionará con las penas de siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa, cuando:
          1° Es inducido por la entrega de un don o de una recompensa cualquiera;
          2° Cuando es emitido a favor o en contra de una persona perseguida por la comisión de un crimen.
 
          Art. 569 (434) El hecho de hacer uso de promesas, ofertas, presentes, presiones, amenazas, vías de hecho, maniobras o artificios en el curso de un procedimiento, o en vista de una demanda o defensa en justicia, con el fin de inducir a otro, a hacer o a prestar una exposición, declaración, o testimonio mentiroso, o a abstenerse de hacer o de prestar una exposición, declaración o testimonio, se sancionará con las penas de tres años de prisión y                RD $6,000.00 de multa, aún cuando el soborno no haya logrado su efecto.
          Art. 570 (434) La publicación, antes de dictarse la sentencia jurisdiccional definitiva, de comentarios tendientes a ejercer presiones, con el fin de influir en las declaraciones de los testigos, o la ordenanza o sentencia de las jurisdicciones de instrucción o de juicio, se sancionará con las penas de seis meses de prisión y RD $2,500.00 de multa.
Cuando la infracción se comete por vía de la prensa escrita o audiovisual las disposiciones particulares de las leyes que rigen esas materias son aplicables, en lo que concierne a la determinación de las personas responsables.
 
            Art. 571 (434) El falso juramento, supletorio o decisorio, en materia civil, se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
 
          Art. 572 (434) El intérprete que, en toda materia, desnaturalice la sustancia de las palabras o documentos traducidos, se sancionará según las distinciones de los artículos 567 y 568, con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa, o con las penas de siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa, según el caso.
 
          Art. 573 (434) El soborno del intérprete se sancionará según las condiciones previstas por el artículo 569.
 
          Art. 574 (434) El perito que, en toda materia, falsifique, en sus informes escritos o en sus exposiciones orales, los datos o resultados del informe pericial, se sancionará, según las distinciones de los artículos 567 y 568 con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa, o con las penas de siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa, según el caso.
 
          Art. 575 (434) El soborno del perito se sancionará según las condiciones previstas por el artículo 569.
 
          Art. 576 (434) El rompimiento de sellos fijados por la autoridad judicial se sancionará con las penas de dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa.
La tentativa de rompimiento de sellos se sancionará con las mismas penas.
Se sancionará también, con las mismas penas, toda distracción o desplazamiento de objetos colocados bajo sello o en manos de la justicia.
 
          Art. 577 (434) El hecho de tomar el nombre de un tercero, en circunstancias que han determinado o que habrían podido determinar contra éste persecuciones penales, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000,00 de multa.
 
No obstante las disposiciones de los artículos 93 y 96, las penas impuestas por este delito se acumulan, sin posibilidad de confusión, con aquellas que han sido pronunciadas para la infracción en ocasión de la cual la usurpación se ha cometido.
Se sancionará con las penas previstas por el primer párrafo de este artículo, la falsa declaración relativa al estado civil de una persona, que ha determinado o habría podido determinar persecuciones penales contra un tercero.
 
Sección III
Atentados a la autoridad de la justicia
 
Parágrafo 1 - Atentados al respeto debido a la justicia
 
          Art. 578 (434) El ultraje por palabras, gestos o amenazas; por escrito o imágenes de toda naturaleza, no hecho de conocimiento público; o por el envío de cualesquiera objetos, dirigidos a un magistrado, o a cualquier persona que ejerza funciones jurisdiccionales, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de este ejercicio; tendientes a atentar a su dignidad o al respeto debido a la función de la cual está investido, se sancionará con las penas de un año de prisión y RD $3,000.00 de multa.
Si el ultraje tiene lugar en audiencia o ante un juez en el ejercicio de sus funciones, las penas se elevarán a dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa.
 
          Art. 579 (434) El hecho de desacreditar públicamente por actas, palabras, escritos o imágenes de cualquier naturaleza, un acto o decisión jurisdiccional, en condiciones tales que atente contra la autoridad de la justicia o su independencia, se sancionará con las penas de seis meses de prisión y RD $2,500.00 de multa.
Las disposiciones del párrafo precedente no se aplican a los comentarios técnicos, ni a los actos, palabras, escritos o imágenes de toda naturaleza tendientes a la modificación, revisión o casación de una sentencia.
Cuando la infracción se comete por vía de la prensa escrita o audiovisual, las disposiciones particulares de las leyes que rigen esas materias son aplicables, en lo que concierne a la determinación de las personas responsables.
La acción pública, respecto de esta infracción, prescribe a los dos meses transcurridos a partir del día en que la infracción prevista en el presente artículo es cometida, si en este intervalo no se ha hecho ningún acto de instrucción o de persecución.
 
          Art. 580 (434) El hecho de denunciar mentirosamente a la autoridad judicial o administrativa hechos constitutivos de un crimen o delito, que han movido a las autoridades judiciales a realizar investigaciones inútiles, se sancionará con las penas de seis meses de prisión y RD $2,500.00 de multa.
Parágrafo 2 – La evasión
 
          Art. 581 (434) Constituye evasión punible el hecho de un detenido sustraerse a la guarda a la cual está sometido, por medio de violencia, fractura o corrupción, aún cuando éstas hayan sido cometidas en concierto con él por un tercero.
La evasión se sancionará con las penas de tres años de prisión y               RD $6,000.00 de multa.
 
          Art. 582 (434) Para la aplicación del presente parágrafo se considera como detenido toda persona que:
          1° Esté bajo arresto;
          2° Se encuentre en instancia o en el curso de presentación ante la autoridad judicial que ha dictado un mandamiento de prisión preventiva, o en ejecución de un mandamiento de conducencia o de prisión provisional;
          3° Se le haya notificado un mandamiento de prevención o de prisión provisional que ha sido cumplido;
          4° Esté cumpliendo una pena privativa de libertad, o haya sido detenido para ejecutar dicha pena;
          5° Esté encarcelado con fines de extradición.
 
          Art. 583 (434) Comete igualmente evasión, y se sancionará con las mismas penas:
          1° El detenido que se sustrae de la vigilancia a la cual estaba sometido en un establecimiento sanitario u hospitalario;
          2° El condenado que se sustrae del control al cual estaba sometido, cuando es objeto de una sentencia de excarcelación, o mientras se beneficia del régimen de semi libertad o de permiso de salir;
          3° El condenado que no se reintegre al establecimiento penitenciario, después de dictarse una medida de suspensión o de fraccionamiento de prisión, de excarcelación, semi libertad o de permiso de salir.
          4° El condenado sometido a vigilancia electrónica que neutralice por cualquier medio el procedimiento que permita detectar su presencia a distancia, o su ausencia del lugar designado por el juez de aplicación de las penas.
 
          Art. 584 (434) Cuando las violencias, referidas en las infracciones tipificadas en el artículo 581 y en el inciso 1° del artículo 583, consistan en la amenaza con un arma o con una sustancia explosiva, incendiaria o tóxica, o cuando han sido cometidas en el marco de una acción concertada entre varios, se sancionarán con las penas de siete años de prisión y                  RD $14,000.00 de multa.
Las penas se elevarán a diez años de prisión y RD $20,000.00 de multa, cuando se ha hecho uso de un arma o de una sustancia explosiva, incendiaria o tóxica.
          Art. 585 (434) No obstante las disposiciones de los artículos 93 al 96, las penas impuestas para el delito de evasión se acumulan, sin posibilidad de confusión, con aquéllas que el evadido sufría, o aquéllas imponibles a la infracción en razón de la cual estaba detenido.
 
          Art. 586 (434) El hecho de procurar a un detenido o evadido todo medio para sustraerse de la guarda a la cual estaba sometido, se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
Si el concurso así aportado se acompaña de violencia, fractura o corrupción, la infracción se sancionará con las penas de cinco años de prisión y              RD $10,000.00 de multa.
Si este concurso consiste en el suministro o el uso de un arma o de una sustancia explosiva, incendiaria o tóxica, la infracción se sancionará con las penas de siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa.
 
          Art. 587 (434) Toda persona encargada de la vigilancia de un detenido, que facilite o prepare, aún por medio de abstención voluntaria, la evasión, se sancionará con las penas de diez años de prisión y RD $20,000.00 de multa.
Estas disposiciones son además aplicables a toda persona habilitada por sus funciones para penetrar en un establecimiento penitenciario, o para acercarse a cualquier título que sea a los detenidos.
En los casos previstos por el presente artículo si el concurso prestado consiste en el suministro o en el uso de un arma, o de una sustancia explosiva, incendiaria o tóxica, la infracción se sancionará con las penas de quince años de reclusión y RD $300,000.00 de multa.
 
          Art. 588 (434) Las personas comprendidas en los artículos 586 y 587, pueden ser condenadas solidariamente a los daños y perjuicios que la víctima habría tenido el derecho de obtener del detenido, por el ejercicio de la acción civil, en razón de la infracción que motivaba la detención de éste.
 
          Art. 589 (434) El hecho, en cualquier lugar que se produzca, de entregar o hacerle llegar a un detenido, o de recibirle y transmitirle sumas de dinero, correspondencias, objetos o sustancias cualesquiera, fuera de los casos autorizados por la ley y los reglamentos relativos a la materia penitenciaria, se sancionará con las penas de un año de prisión y                  RD $3,000.00 de multa.
Las penas se elevarán a tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa, si el culpable está encargado de la vigilancia del detenido o si está habilitado por sus funciones para penetrar a un establecimiento penitenciario o para acercarse, a cualquier título que sea, a los detenidos.
 
          Art. 590 (434) La tentativa de los delitos previstos en el presente parágrafo se sancionará con las mismas penas.
          Art. 591 (434) Toda persona que ha intentado cometer, en calidad de autor o de cómplice, una de las infracciones previstas por el presente parágrafo quedará exento de pena cuando, habiendo advertido a la autoridad judicial o a la administración penitenciaria, ha evitado que la evasión se realice.
 
Parágrafo 3 – Otros atentados a la autoridad de la justicia penal
 
          Art. 592 (434) Toda persona condenada a interdicción de residencia, que se aparezca en un lugar que le está prohibido, será sancionada con las penas de dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa. Se sancionará con las mismas penas el hecho de dicha persona sustraerse a las medidas de vigilancia o control prescritas por el juez o tribunal.
 
          Art. 593 (434) Cuando una sentencia ordena, a título de pena, la fijación por carteles de la sentencia de condenación, el hecho de suprimir, disimular o lacerar total o parcialmente los carteles fijados, se sancionará con las penas de seis meses de prisión y RD $2,500.00 de multa.
En este caso, la sentencia ordenará de nuevo la fijación por carteles, a costa del infractor.
 
          Art. 594 (434) Cuando ha sido pronunciada, a título de pena, la prohibición de ejercer una actividad profesional o social prevista por los artículos 68 al 70, toda violación de esa prohibición se sancionará con las penas de dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa.
 
          Art. 595 (434) Se sancionará con las penas de dos años de prisión y     RD $4,000.00 de multa, la violación por parte del condenado, de las obligaciones o prohibiciones que resultan de las penas de suspensión o anulación del permiso de conducir, prohibición de detentar o portar un arma, prohibición de emitir cheques o utilizar tarjetas de crédito; cierre de establecimientos o exclusión de participar en concursos públicos; impuestas en aplicación de los artículos 47, 51, 55, 58 y 59.
Se sancionará con las mismas penas el hecho de destruir o distraer, o intentar destruir o distraer, un vehículo inmovilizado, o un vehículo, arma o todo otro objeto confiscado en aplicación de los artículos 47, 51, 55 al 58.
Se sancionará igualmente con las mismas penas la persona que al recibir la notificación de una decisión dictada en su contra en aplicación de los artículos precitados, ordenando la suspensión o la anulación de la licencia de conducir, la confiscación de un vehículo, arma o de todo otro objeto, se negare a entregar el permiso suspendido, anulado o retirado, o la cosa confiscada, al agente de la autoridad encargado de la ejecución de esa decisión.
 
          Art. 596 (434) La violación, por el condenado, de las obligaciones resultantes de la pena de trabajos de interés comunitario, impuesta a título de pena principal o de pena complementaria, se sancionará con las penas de dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa.
 
          Art. 597 (434) Cuando ha sido impuesta contra una persona moral una de las penas previstas en el artículo 81, la violación por parte de una persona física, de las obligaciones que tiene que cumplir al respecto, se sancionará con las penas de dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa.
 
Sección IV
Penas complementarias aplicables a las personas
físicas y responsabilidad penal de las personas morales
 
          Art. 598 (434) A las personas físicas culpables de uno de los delitos previstos en los artículos 558 al 563; 565, 567 al 569; 571 al 577; 581, 583, 584, 586, 587, 589, 590 y 594 al 597 se les impondrá además la interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia, según las modalidades previstas por el artículo 67.
En los casos previstos en los artículos 570 y 579 puede ordenarse la fijación por carteles o la difusión de la sentencia dictada en las condiciones previstas por el artículo 76.
En los casos previstos en el artículo 587 yen el segundo párrafo del artículo 589, puede ser impuesta la prohibición, según las modalidades previstas por el artículo 68, de ejercer una función pública o la actividad profesional o social en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio, la infracción se ha cometido.
 
 
          Art. 599 (434) En todos los casos previstos en el presente capítulo, se ordenará además la confiscación de la cosa que ha servido o estaba destinada para cometer la infracción, con excepción de los objetos susceptibles de restitución.
 
          Art. 600 (434) La interdicción de uso del territorio dominicano puede pronunciarse en las condiciones previstas por el artículo 71, a título definitivo, o por un período no mayor de diez años, contra todo extranjero culpable de cualquiera de las infracciones previstas en el segundo párrafo del artículo 564 al 584, el último párrafo del artículo 586 y el artículo 587.
 
          Art. 601 (434) Las personas morales pueden declararse penalmente responsables, en las condiciones previstas por el artículo 22, de las infracciones previstas en los artículos 593 y 597.
Las penas aplicables a las personas morales son:
          1° La multa, según las modalidades previstas por el artículo 80;
          2° Las penas mencionadas en los incisos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del artículo 81, por un período no mayor de cinco años;
          3° La confiscación prevista en el artículo 62;
          4° La fijación por carteles o la difusión de la sentencia dictada en las condiciones previstas por el artículo 76.
La prohibición mencionada en el inciso 2° del artículo 81, se aplicará a la actividad en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio la infracción se ha cometido.
 
 
TITULO CUARTO – ATENTADOS A LA CONFIANZA PUBLICA
 
 
CAPITULO I – FALSEDADES
 
          Art. 602 (441) Constituye falsedad toda alteración fraudulenta de la verdad, de naturaleza tal que cause un perjuicio, cometido por cualquier medio, en un escrito o en cualquier soporte de expresión del pensamiento, que tenga por objeto o que pueda tener por efecto establecer la prueba de un derecho o de un hecho que tenga consecuencias jurídicas.
La falsedad y el uso de lo falso se sancionarán con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
Las penas se elevarán a cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa, cuando la infracción se comete en una cualquiera de las circunstancias siguientes:
          1° En perjuicio de una casa de beneficencia, asistencia social, asilos para niños, niñas o adolescentes o ancianos, u otra entidad sin fines de lucro;
          2° En perjuicio de cinco o más personas;
          3° Causando perjuicio económico por un monto igual o superior a      RD $100,000.00.
 
          Art. 603 (441)La falsedad cometida en un documento emitido por la administración pública a los fines de constatar un derecho, identidad o calidad, o que conceda una autorización, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
El uso del documento falso mencionado en el párrafo precedente se sancionará con las mismas penas.
Las penas se elevarán a siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa, cuando la falsedad o el uso del documento falso se cometa en una cualquiera de las circunstancias siguientes:
 
 
          1° Por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, actuando en el ejercicio de sus funciones;
          2° De manera habitual;
          3° Con el designio de facilitar la comisión de un crimen o de procurar la impunidad de su autor.
 
          Art. 604 (441)La detentación fraudulenta de uno de los documentos falsos definidos en el artículo anterior se sancionará con las penas de dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa.
Las penas se elevarán a cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa en caso de detentación fraudulenta de varios documentos falsos.
 
          Art. 605 (441)La falsedad cometida en escritura pública o auténtica o en un registro ordenado por la autoridad pública, se sancionará con las penas de quince años de reclusión y RD $300,000.00 de multa.
El uso del documento falso mencionado en el párrafo precedente se sancionará con las mismas penas.
Cuando la falsedad o el uso del documento falso lo comete una persona depositaria de la autoridad pública, oficial público, o encargada de un servicio público, actuando en el ejercicio de sus funciones o de su servicio, se sancionará con las mismas penas.
 
          Art. 606 (441)El hecho de procurar fraudulentamente a otro un documento expedido por cualquier organismo de la administración pública a los fines de constatar un derecho, identidad, o calidad, u otorgar autorización, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
Las penas se elevarán a siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa, cuando la infracción se cometa en una cualquiera de las circunstancias siguientes:
          1° Por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, actuando en el ejercicio de sus funciones;
          2° De manera habitual;
          3° Con el designio de facilitar la comisión de un crimen o procurar la impunidad de su autor.
 
          Art. 607 (441)El hecho de hacerse entregar indebidamente por la administración pública o por un organismo encargado de un servicio público, por cualquier medio fraudulento que sea, un documento destinado a constatar un derecho, identidad, calidad, u otorgar autorización, se sancionará con las penas de dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa.
 
 
 
Se sancionará con las mismas penas el hecho de hacer una declaración mentirosa a fin de obtener de la administración pública o de un organismo encargado de un servicio público, una asignación, pago o una ventaja indebida.
 
          Art. 608 (441) Independientemente de los casos previstos en el presente capítulo, se sancionará con las penas de un año de prisión y           RD $3,000.00 de multa, cualquiera de los hechos siguientes:
          1° Presentar una declaración o un certificado haciendo constar hechos materialmente inexactos;
          2° Falsificar una declaración o un certificado originalmente sincero;
          3° Hacer uso de una declaración o certificado inexacto o falsificado.
Cuando la infracción se cometa con el fin de ocasionar perjuicios al erario o al patrimonio de otro; o si como consecuencia de la expedición de tal certificado, una persona mentalmente sana ha sido recluida en un centro de tratamiento médico-psiquiátrico u otro establecimiento médico de salud mental, público o privado, las penas se elevarán a tres años de prisión y    RD $6,000.00 de multa.
 
          Art. 609 (441) Toda persona que actuando en el ejercicio de su profesión, solicite o acepte, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, presentes o cualesquiera ventajas, para presentar una declaración o un certificado haciendo constar hechos materialmente inexactos, se sancionará con las penas de dos años de prisión y RD $4,000.00 de multa.
Se sancionará con las mismas penas el hecho de ceder a las solicitudes previstas en el párrafo precedente, o de usar vías de hecho, amenazas; o hacer, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, presentes o cualesquiera ventajas para obtener de una persona actuando en el ejercicio de su profesión, una declaración o certificado que haga constar hechos inexactos.
Cuando la persona mencionada en los dos primeros párrafos de este artículo ejerce una profesión médica o de salud y la declaración hace constar hechos inexactos que disimulan o certifican falsamente la existencia de una enfermedad, incapacidad o estado de embarazo, o provee indicaciones mentirosas sobre el origen de una enfermedad, incapacidad o sobre la causa de un fallecimiento, las penas se elevarán a cinco años de prisión y            RD $10,000.00 de multa.
         
          Art. 610 (441) La tentativa de los delitos previstos en los artículos 602, 603 y 606 al 609, se sancionará con las mismas penas.
 
 
 
          Art. 611 (441) A las personas físicas culpables de los crímenes y delitos previstos en el presente capítulo se les impondrá además una, varias o todas las penas siguientes:
          1° La interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia, según las modalidades previstas por el artículo 67;
          2° La prohibición de ejercer una función pública o una actividad de naturaleza profesional o social, según las modalidades previstas por el artículo 68;
          3° La exclusión de participar en concursos públicos;
          4° La confiscación de la cosa que ha servido o estaba destinada a cometer la infracción o de la cosa que es su producto, con excepción de los objetos susceptibles de restitución.
 
          Art. 612 (441) La interdicción de uso del territorio dominicano puede pronunciarse en las condiciones previstas por el artículo 71, a título definitivo, o por un período no mayor de diez años, contra todo extranjero culpable de una de las infracciones previstas en el presente capítulo.
 
          Art. 613 (441) Las personas morales pueden declararse penalmente responsables, en las condiciones previstas por el artículo 22, de las infracciones previstas en el presente capítulo.
Las penas aplicables a las personas morales son:
          1° La multa, según las modalidades previstas por el artículo 80;
          2° Las penas mencionadas en el artículo 81.
La prohibición mencionada en el inciso 2° del artículo 81, se aplica a la actividad en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio, la infracción se ha cometido.
 
 
CAPITULO SEGUNDO – FALSEDAD DE BILLETES
DE BANCO Y DE MONEDA
 
          Art. 614 (442) La imitación o la falsificación de piezas de moneda o de billetes de banco que tengan curso legal en República Dominicana, o las emitidas por instituciones extranjeras o internacionales facultadas para ello, se sancionará con las penas de treinta años de reclusión y RD $600,000.00 de multa.
Los dos primeros párrafos del artículo 113, relativos al período de seguridad, se aplicarán a las infracciones previstas por el presente artículo.
         
          Art. 615 (442) El transporte, la puesta en circulación, o la detentación a los fines de poner en circulación los signos monetarios imitados o falsificados, comprendidos en el artículo anterior, se sancionará con las penas de diez años de prisión y RD $20,000.00 de multa.
 
Cuando se cometen en banda organizada, los mismos hechos se sancionarán con las penas de treinta años de reclusión y RD $600,000.00 de multa.
Los dos primeros párrafos del artículo 113, relativo al período de seguridad, se aplicarán a la infracción prevista en el segundo párrafo del presente artículo.
 
          Art. 616 (442) La imitación o la falsificación de piezas de moneda o billetes de banco, dominicanos o extranjeros, que ya no tengan curso legal o no estén ya autorizados, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
 
          Art. 617 (442) La puesta en circulación de todo signo monetario no autorizado, que tenga por objeto reemplazar las piezas de moneda o billetes de banco que tengan curso legal en República Dominicana, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
 
          Art. 618 (442) El empleo o detentación sin autorización, de los materiales e instrumentos especialmente destinados para la fabricación de piezas de moneda y billetes de banco, se sancionarán con las penas de un año de prisión y RD $3,000.00 de multa.
 
          Art. 619 (442) La fabricación, venta o distribución de todos los objetos, impresos o fórmulas que presenten un parecido tal con los signos monetarios previstos en el artículo 614, que induzca a aceptar dichos objetos, impresos o fórmulas en lugar de los imitados, se sancionarán con las penas de un año de prisión y RD $3,000.00 de multa.
 
          Art. 620 (442) Todo aquél que, habiendo recibido los signos monetarios imitados o falsificados previstos en el artículo 614, aceptándolos como válidos, vuelva a ponerlos en circulación, después de haber descubierto tales vicios, se sancionará con la pena de RD $2,500.00 de multa.
 
          Art. 621 (442) La tentativa de los delitos previstos por el primer párrafo del artículo 615 y por los artículos 616 al 620, se sancionará con las mismas penas.
 
            Art. 622 (442) Toda persona que haya intentado cometer cualquiera de las infracciones previstas en el presente capítulo, será exonerada de las penas cuando por su advertencia a la autoridad administrativa o judicial, se ha evitado que la infracción se realice, y ello ha permitido identificar a los otros culpables.
 
 
 
          Art. 623 (442) La pena privativa de libertad aplicable al autor o cómplice de las infracciones previstas por los artículos 614 al 617, se reducirá a la mitad cuando por la advertencia hecha a las autoridades administrativas o judiciales, se han hecho cesar las actuaciones incriminadas y ello ha permitido identificar a los otros culpables.
 
          Art. 624 (442) A las personas físicas culpables de los crímenes y delitos previstos en los artículos 614 al 619, se les impondrá además una, varias o todas las penas siguientes:
          1° La interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia, según las modalidades previstas por el artículo 67;
          2° La prohibición de ejercer una función pública o una actividad de naturaleza profesional o social, según las modalidades previstas por el artículo 68;
          3° La interdicción de residencia, según las modalidades previstas por el artículo 72.
 
          Art. 625 (442) La interdicción del uso del territorio dominicano puede imponerse en las condiciones previstas por el artículo 70, a título definitivo, o por un período no mayor de diez años, contra todo extranjero culpable de una de las infracciones previstas en los artículos 614 al 617.
Las disposiciones de los cinco últimos párrafos del artículo 71, no se aplicarán.
 
          Art. 626 (442) En todos los casos previstos en el presente capítulo, puede además ordenarse la confiscación de la cosa que ha servido o estaba destinada a cometer la infracción, o de la cosa que es su producto, a excepción de los objetos susceptibles de restitución.
Es obligatoria la confiscación de las piezas de moneda y billetes de banco imitados o falsificados de este modo, así como los materiales e instrumentos usados para su fabricación.
Siempre que la imitación o la falsificación se refiera a las piezas de moneda o billetes de banco, los signos monetarios imitados o falsificados serán remitidos al Banco Central de la República Dominicana para su destrucción. Le serán igualmente remitidos, a los mismos fines, aquellos materiales e instrumentos confiscados por el juez o tribunal, relativos a la infracción antes señalada.
La confiscación de los objetos o impresos indicados en el artículo 619 es obligatoria. Esta entraña la remisión de la cosa confiscada al Banco Central de la República Dominicana.
 
          Art. 627 (442) Las personas morales pueden declararse penalmente responsables en las condiciones previstas por el artículo 22, de las infracciones comprendidas en el presente capítulo.
            Las penas aplicables a las personas morales son:
          1° La multa, según las modalidades previstas por el artículo 80;
          2° Las penas mencionadas en el artículo 81;
          3° La confiscación, según las modalidades previstas por el artículo 626.
La prohibición mencionada en el inciso 2° del artículo 81, se refiere a la actividad en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio, la infracción se ha cometido.
 
 
CAPITULO TERCERO – FALSIFICACION DE TITULOS U OTROS VALORES FIDUCIARIOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD PUBLICA
 
          Art. 628 (443) La imitación o la falsificación de títulosemitidos por el Estado, con sus sellos o sus marcas, o efectos emitidos por los Estados extranjeros con sus sellos o sus marcas, así como el uso o el transporte de estos títulos y efectos imitados o falsificados, se sancionará con las penas de siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa.
 
Art. 629 (443) La imitación o falsificación de sellos postales u otros valores fiduciarios postales, así como de los sellos emitidos por la administración de las finanzas públicas, y la venta, transporte, distribución o uso de estos sellos o valores imitados o falsificados, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y RD $10,000.00 de multa.
 
Art. 630 (443) La fabricación, venta, transporte o distribución de todos los objetos o impresos que presenten una semejanza tal con los títulos o valores fiduciarios emitidos por el Estado, el Distrito Nacional y los Municipios, que pueda inducir a aceptar dichos objetos o impresos en lugar de los imitados, se sancionará con las penas de un año de prisión y           RD $3,000.00 de multa.
 
Art. 631 (443) La imitación o falsificación de los sellos postales extranjeros u otros valores postales emitidos por el servicio de correos de un país extranjero, así como la venta, transporte, distribución o uso de estos sellos o valores imitados o falsificados, se sancionará con las penas de seis meses de prisión y RD $2,500.00 de multa.
 
Art. 632 (443) La tentativa de los delitos previstos en el presente capítulo se sancionará con las mismas penas.
 
Art. 633 (443) A las personas físicas culpables de los delitos previstos en el presente capítulo se les impondrá además una, varias o todas las siguientes penas:
1° La interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia, según las modalidades previstas por el artículo 67;
2° La prohibición de ejercer una función pública o una actividad de naturaleza profesional o social, según las modalidades previstas por el artículo 68;
3° La confiscación de la cosa que ha servido o estaba destinada a cometer la infracción, o de la cosa que es su producto, a excepción de los objetos susceptibles de restitución.
En todos los casos, la confiscación del cuerpo de delito es obligatoria. Esta conlleva la entrega al órgano o institución pública afectado de la cosa confiscada, a los fines de su eventual destrucción.
 
Art. 634 (443) La interdicción del uso del territorio dominicano puede imponerse en las condiciones previstas por el artículo 70, a título definitivo o por un período no mayor de diez años, en contra de todo extranjero culpable de una de las infracciones previstas en los artículos 628 al 629.
 
Art. 635 (443) Las personas morales pueden declararse penalmente responsables en las condiciones señaladas por el artículo 22, de las infracciones previstas en el presente capítulo.
Las penas aplicables a las personas morales son:
1° La multa, según las modalidades previstas por el artículo 80;
2° Las penas mencionadas en el artículo 81;
3° La confiscación, según las modalidades previstas por el artículo 633.
La prohibición mencionada en el inciso 2° del artículo 81, se aplica a la actividad en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio, la infracción se ha cometido.
 
 
CAPITULO CUARTO – FALSIFICACION DE MARCAS Y SIGNOS
DE LA AUTORIDAD
 
Art. 636 (444) La imitación o la falsificación del sello del Estado y los timbres nacionales y punzones que sirvan para marcar las piezas de oro, plata, platino, o cualquier otro metal; o el uso de estos sellos, timbres y punzones imitados o falsificados, se sancionará con las penas de diez años de prisión y RD $20,000.00 de multa.
 
Art. 637 (444) El uso fraudulento del sello del Estado y los timbres nacionales y punzones utilizados para marcar las piezas de oro, plata o platino o cualquier otro metal, se sancionará con las penas de siete años de prisión y RD $14,000.00 de multa.
 
Art. 638 (444) El hecho de imitar, falsificar, vender o distribuir los sellos, timbres o marcas de la autoridad pública; papeles impresos o sobres para uso oficial, se sancionará con las penas de cinco años de prisión y             RD $10,000.00 de multa.
El hecho de usar los sellos, timbres o marcas de la autoridad pública, papeles impresos o sobres para uso oficial, ya imitados o falsificados, se sancionará con las mismas penas.
 
          Art. 639 (444) El uso fraudulento de los sellos, marcas, timbres, papeles o impresos indicados en el artículo anterior se sancionará con las penas de tres años de prisión y RD $6,000.00 de multa.
Este artículo y el anterior se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 11-92 o Código Tributario.
 
Art. 640 (444) La fabricación, venta, distribución o utilización de impresos que presenten semejanza con los impresos oficiales, que pueda crear una confusión en el ánimo del público, se sancionará con las penas de un año de prisión y RD $3,000.00 de multa.
 
Art. 641 (444) La tentativa de los delitos previstos en el presente capítulo se sancionará con las mismas penas.
 
Art. 642 (444) A las personas físicas culpables de los crímenes y delitos previstos en el presente capítulo se les impondrá además una, varias o todas las penas siguientes:
1° La interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia, según las modalidades previstas por el artículo 67;
2° La prohibición de ejercer una función pública o una actividad de naturaleza profesional o social, según las modalidades previstas por el artículo 68;
3° La exclusión de participar en concursos públicos;
4° La confiscación de la cosa que ha servido o estaba destinada a cometer la infracción, o de la cosa que es su producto, a excepción de los objetos susceptibles de restitución.
En todos los casos la confiscación del cuerpo de delito es obligatoria. Esta conlleva la entrega al órgano o institución pública afectado, de la cosa confiscada, a los fines de su eventual destrucción.
 
Art. 643 (444) La interdicción del uso del territorio dominicano puede imponerse en las condiciones previstas en el artículo 70, a título definitivo, o por un período no mayor de diez años, en contra de todo extranjero culpable de una de las infracciones previstas en el presente capítulo.
 
Art. 644 (444) Las personas morales pueden declararse penalmente responsables en las condiciones previstas por el artículo 22, de las infracciones comprendidas en el presente capítulo.
 
 
Las penas aplicables a las personas morales son:
1° La multa, según las modalidades previstas por el artículo 80;
2° Las penas mencionadas en el artículo 81;
3° La confiscación, según las modalidades previstas por el artículo 642.
La prohibición mencionada en el inciso 2° del artículo 81, se aplica a la actividad en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio, la infracción se ha cometido.
 
 
TITULO QUINTO – PARTICIPACION EN UNA ASOCIACION
DE MALHECHORES
 
 
Art. 645 (450) Constituye asociación de malhechores todo grupo formado o acuerdo establecido tendiente a la preparación, mediante hechos materiales, de uno o varios crímenes o delitos, siempre que estos últimos sean sancionados con la pena de diez años de prisión.
La participación en una asociación de malhechores se sancionará con las penas de diez años de prisión y RD $20,000.00 de multa.
 
Art. 646 (450) Toda persona que ha participado en el grupo o en el acuerdo definido en el artículo anterior quedará exenta de pena si antes de toda persecución, ha revelado la existencia del grupo o del acuerdo a las autoridades competentes, y ha permitido la identificación de los otros participantes.
 
Art. 647 (450) A las personas físicas culpables de la infracción prevista por el artículo 645, se les impondrá además una, varias o todas las penas siguientes:
1° La interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia, según las modalidades previstas por el artículo 67;
2° La prohibición, según las modalidades previstas por el artículo 68, de ejercer una función pública o de ejercer la actividad profesional o social en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio, la infracción se ha cometido;
3° La interdicción de residencia, según las modalidades previstas por el artículo 68.
Pueden igualmente imponerse a estas personas las demás penas complementarias aplicables a los crímenes y delitos que el grupo o el acuerdo tenía por objeto preparar.
 
   Art. 648 (450) Las personas morales pueden declararse penalmente responsables en las condiciones previstas por el artículo 22, de la infracción prevista por el645.
Las penas aplicables a las personas morales son:
1° La multa, según las modalidades previstas por el artículo 80;
2° Las penas mencionadas en el artículo 81.
La prohibición mencionada en el inciso 2° del artículo 81, se aplica a la actividad en el ejercicio de la cual o en ocasión de cuyo ejercicio, la infracción se ha cometido.

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Tips de Interes sobre Codigos


Codigo Civil,  es de origen Frances. Es el resultado de la Revolucion Francesa. Es la obra cumbre de Napoleon Bonaparte, quien creia en la "virtud de las reglas que habian experimentado la prueba del tiempo". El 13 de Agosto del 1800 Bonaparte encargo a TRONCHET, BIGOT DE PREAMENEU, PORTALIS y a MALEVILLE para la redaccion de dicho Codigo, a quienes le concedio un plazo de seis meses para dicha obra, y la terminaron en cuatro meses.
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Fue asimilado en nuestro pais mediante Decreto del año 1845. Se divide en tres libros: Primero..Las Personas; Segundo..Los bienes y las diferentes modificaciones de la propiedad y el Tercero..Los Diferentes modos de Adquirir la Propiedad.
Codigo Civil,  en sus tres libros tiene 2,280 articulos. El libro Primero tiene 515, y trata sobre: los derechos civiles, el domicilio, el matrimonio, paternidad, filiacion, adopcion y mayoria de edad, entre otros.
El libro Segundo tiene 195 articulos y sus temas principales son: distincion de los bienes, propiedad, usufructo y las servidumbres.
El libro Tercero tiene 1,570 articulos y tiene el mayor contenido del Codigo, entre sus temas estan: sucesiones, donaciones, testamentos, contratos u obligaciones, compromisos sin convencion, contratos de matrimonio, la venta, cambio o permuta, contrato de sociedad, del Prestamo, deposito y secuestro, contratos aleatorios, mandato, fianza, transacciones, apremio corporal en material civil, contrato de empeño, privilegios e hipotecas, expropiacion forzosa y la prescripcion.

Clásicos del Derecho


La Noción de Responsabilidad Civil,  Una persona es responsable civilmente cuando esta obligada a reparar un daño sufrido por otra. A diferencia de la responsabilidad moral, la responsabilidad jurídica no existe sin una acción o una abstención y sin un perjuicio. Cuando el perjuicio alcanza a la sociedad, su autor puede ser castigado con una pena. Existe entonces responsabilidad penal. En principio, la responsabilidad penal requiere la responsabilidad moral del agente. Cuando el perjuicio afecta a una persona privada, su autor puede ser obligado a repararlo. Existe entonces responsabilidad civil. Asi pues, la responsabilidad implica una reparación, no una sanción. Cuando el perjuicio resulta por incumplimiento de una obligación contractual, la responsabilidad es contractual. En los restantes casos, la responsabilidad es delictual, si es intencional, o cuasidelictual si no lo ha sido.
Responsabilidad Delictual y Cuasidelictual y Contractual,  Se divide la responsabilidad civil en dos ramas: responsabilidad delictual y cuasidelictual; y la responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual es aquella que resulta del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato. Cuando un contratante no cumple la obligación puesta a su cargo por el contrato, puede causar un perjuicio al otro contratante, acreedor de la obligación. En ciertas condiciones, está obligado a reparar ese perjuicio; su responsabilidad contractual. La responsabilidad delictual o cuasidelictual no nace del incumplimiento de un contrato; nace de un delito o de un cuasidelito. En cierta condiciones, el autor del daño está obligado a repararlo; su responsabilidad es una responsabilidad delictual cuando ha caudado intencionalmente el daño; cuasidelictual, cuando no ha querido el daño.
Perjuicio o Daño Material,  Se entiende por ello el perjuicio que constituye un atentado contra el derecho pecuniario de una persona. Para dar lugar a reparación, el perjuicio debe ser cierto; no debe haber sido indemnizado ya; debe infligir un ataque a un interés legítimo judicialmente protegido; debe ser directo; y debe ser previsible, cuando la responsabilidad sea contractual. Su realización debe ser cierta. Si es solamente hipotética o eventual, no puede quedar comprometida ninguna responsabilidad. La perdida de una probabilidad no constituye un perjuicio eventual, sino un perjuicio cierto. Si ha sido reparado el perjuicio no existe ya. Con frecuencia resulta difícil saber si constituye reparaciones, o no, las sumas que percibe la víctima con ocasión del accidente; en consecuencia, se debe deducirla, o no, de los daños y perjuicios que tiene derecho a reclamar el perjudicado.
Interés de Precisar la Noción de Culpa,  Al no poder existir, en principio, la responsabilidad civil sin una culpa, es capital saber cuando hay culpa. El interés práctico de una definición precisa que la culpa es muy diferente, según que la obligación violada sea esta una obligación general de prudencia y diligencia o una obligación determinada. Cuando el perjuicio resulta del incumplimiento de una obligación general de prudencia y diligencia, el juez, para condenar, debe comprobar una imprudencia o una negligencia: de ahí la necesidad de concretar los contornos de la imprudencia y de la negligencia, de definir la culpa. Cuando el perjuicio resulta del incumplimiento de una obligación determinada, parece que no haya necesidad de definir la culpa. La observación es exacta tanto en materia de responsabilidad contractual como en la de la responsabilidad delictual y cuasidelictual.
Culpa Intencional y Culpa No intencional,  Para una definición más precisa de la culpa, es útil distinguir dos situaciones: unas veces, el autor del daño ha querido causar el daño; otras veces, no ha sido intención de causarlo. La culpa intencional se llama delictual cuando la responsabilidad no es contractual; se llama dolosa cuando es contractual la responsabilidad.
La culpa no intencional se llama cuasidelictual en caso de responsabilidad extracontractual; y no dolosa, en caso de responsabilidad contractual. Se denomina también culpa por imprudencia o por negligencia.
La culpa tiene necesariamente un aspecto diferente según el daño que se haya causado. La culpa intencional, es, pues, distinta de la culpa no intencional. Esa diferencia de naturaleza lleva consigo alguna diferencia de régimen.
Efecto de la Culpa de la Victima,  Puesto que cada una de las culpas han causado el daño en su totalidad, el demandado debería estar obligado a reparar la totalidad del daño. Pero tendría entonces una acción de repetición parcial contra la víctima, por cuya culpa se ha causado también el daño por entero, esto ocurre cuando el afectado ha sido perjudicado por su imprudencia o negligencia. Para simplificar, se exonera parcialmente al demandado: no debe reparar sino una fracción del daño, por quedar la otra parte a cargo de la víctima. Es lo que se denomina la división de responsabilidad. Al igual que cuando se divide el perjuicio entre el mandado y un tercero, la jurisprudencia, cuando reparte la responsabilidad entre el demandado y la víctima, tiene en cuenta la importancia respectiva de las culpas, cuando en buena lógica debería efectuar una división por mitad.
Causa de Acción de Responsabilidad,  Para la jurisprudencia, la causa de acción de responsabilidad civil varía según la naturaleza de la responsabilidad que pretende exigir el demandante: responsabilidad contractual, responsabilidad delictual y cuasidelictual por culpa personal, responsabilidad por el hecho de un tercero, a causa de las cosas inanimadas, por un hecho de los animales, por razón de la ruina de los edificios.
De ello resulta que el juez no puede modificar la causa de la demanda de la que conoce; y que la victima puede intentar una nueva acción fundándola sobre una causa diferente.
El juez de la acción de responsabilidad civil no puede contradecir lo que haya sido juzgado definitivamente por una jurisdicción represiva como constitutivo del fallo penal: autoridad absoluta de la cosa juzgada en lo criminal sobre lo civil.



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