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Constituciones

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Constituciones / Haiti / Constitucion de Haiti 1987  Descargar   atras Buscar

DRLEYES
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE HAITÍ
 
PREÁMBULO
El pueblo haitiano proclama la presente constitución:
1. Para garantizar sus derechos inalienables e imprescriptibles a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad; conforme a su Acta de Independencia de 1804 y a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948.
2. Para construir una nación haitiana socialmente justa, económicamente libre y políticamente independiente.
3. Para restablecer un Estado estable y fuerte, capaz de proteger los valores, las tradiciones, la soberanía, la independencia y la visión nacional.
4. Para implantar la democracia que implica el pluralismo ideológico y la alternación política y afirmar los derechos inalienables del pueblo haitiano.
5. Para fortalecer la unidad nacional, eliminando toda discriminación entre los habitantes de los pueblos y campos, por la aceptación de la comunidad de lenguas y de cultura y por el reconocimiento del derecho al progreso, a la información, a la educación, a la salud, al trabajo y al tiempo libre para todos los ciudadanos.
6. Para asegurar la separación y la repartición armoniosa de los poderes del Estado al servicio de los intereses fundamentales y prioritarios de la nación.
7. Para instaurar un régimen gubernamental basado en las libertades fundamentales y el respeto a los derechos humanos, la paz social, la equidad económica, la concertación y la participación de toda la población en las grandes decisiones que comprometan la vida nacional, por una descentralización efectiva.
TITULO I
DE LA REPUBLICA DE HAITÍ
SU EMBLEMA - SUS SÍMBOLOS
 
CAPITULO I
DE LA REPUBLICA DE HAITÍ
Artículo 1.- Haití es una república, indivisible, soberana, independiente, cooperativista, libre, democrática y social.
Artículo 1.-1: La ciudad de Puerto Príncipe es su capital y el asiento de su gobierno. Este asiento puede ser desplazado en caso de fuerza mayor.
Artículo 2.- Los colores nacionales son el azul y el rojo.
Artículo 3.- El emblema de la nación haitiana es la bandera que responda a la descripción siguiente: Dos (2) bandas de tela de iguales dimensiones: una banda azul arriba, otra roja abajo, colocadas horizontalmente; al centro, sobre un cuadro de tela blanca, está colocado el escudo de la República. El escudo de la república es la palma coronada con el gorro de la libertad y a la sombra de dicha palma un trofeo de armas con la leyenda: “La Unión Hace la Fuerza”.
Artículo 4.- El lema nacional es: “Libertad - Igualdad - Fraternidad”.
Artículo 4.-1: El himno nacional es la Dessaliniana.
Artículo 5.- todos los haitianos están unidos por una lengua común: el creol. El creol y el francés son las lenguas oficiales de la República.
Artículo 6.- La unidad monetaria es el gourde, la cual está dividida en céntimos.
Artículo 7.- El culto a la personalidad está formalmente prohibido. Las efigies y los nombres de personajes vivientes no pueden figurar sobre la moneda, los sellos y las viñetas. Asimismo para los edificios públicos, las calles y las obras de arte.
Artículo 7.-1: La utilización de la efigie de un fallecido debe obtener la aprobación de los cuerpos legislativos.
CAPITULO II
DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE HAITÍ
Artículo 8.- El territorio de la República de Haití comprende: la parte occidental de la isla de Haití, así como las islas adyacentes: la Gonaive, la Tortuga, la Isla de Vacas, los Cayemites, la Navasa, la Gran Cayo y las otras islas del mar territorial.
Está limitado al Este por la República Dominicana, al Norte por el Océano Atlántico, al Sur y al Oeste por el Mar Caribe o Mar de las Antillas.
1)         El mar territorial y la zona económica exclusiva.
2) El espacio aéreo que domina la parte terrestre y marítima.
Artículo 8.-1: El territorio de la República de Haití es inviolable, y no puede ser alienado ni en todo ni en parte por ningún tratado o convención.
Artículo 9.- El territorio de la República está dividido y subdividido en Departamentos, Distritos, Comunas, Cuarteles y Secciones Comunales.
Artículo 9.-1: La ley determina el número, los límites de esas divisiones y subdivisiones y regula su organización y funcionamiento.
TITULO II
DE LA NACIONALIDAD HAITIANA
Artículo 10.- Las reglas relativas a la nacionalidad haitiana están determinadas por la Ley.
Artículo 11.- Posee la nacionalidad haitiana todo individuo nacido de padre haitiano o de madre haitiana, los cuales hayan nacido haitianos y no hayan renunciado jamás a su nacionalidad al momento del nacimiento.
Artículo 12.- La nacionalidad haitiana puede ser adquirida por la naturalización.
Artículo 12.-1: Todo extranjero de más de cinco (5) años de residencia continua sobre el territorio de la República puede obtener la nacionalidad haitiana por naturalización, conforme a las reglas establecidas por la ley.
Artículo 12.-2: Los haitianos por naturalización son autorizados a ejercer su derecho al voto, pero deben aguardar cinco años (5) después de la fecha de su naturalización para ser elegibles u ocupar funciones públicas diferentes a las reservadas por la Constitución y por la Ley a los haitianos de nacimiento.
Artículo 13.- La nacionalidad haitiana se pierde por:
1)         La naturalización adquirida en un país extranjero;
2) La ocupación de un puesto político al servicio de un gobierno extranjero;
3) La residencia continua en el extranjero por tres (3) años de un individuo extranjero naturalizado haitiano sin una autorización regularmente acordada por la autoridad competente. Cualquiera que pierda así la nacionalidad haitiana no podrá recobrarla.
Artículo 14.- El haitiano naturalizado extranjero puede recobrar su nacionalidad haitiana llenando todas las condiciones y formalidades impuestas al extranjero por ley.
Artículo 15.- La doble nacionalidad haitiana y extranjera no es admitida en ningún caso.
TITULO III
DEL CIUDADANO
DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES
CAPITULO I
DE LA CALIDAD DE CIUDADANO
Artículo 16.- La reunión de los derechos civiles y políticos constituye la calidad de haitiano.
Artículo 16.-1: La posesión, el ejercicio, la suspensión y la pérdida de estos derechos está regulada por la ley.
Artículo 16.-2: La mayoría de edad está fijada en los dieciocho (18) años.
Artículo 17.- Los haitianos sin distinción de sexo ni estado civil, de dieciocho (18) años cumplidos pueden ejercer sus derechos civiles y políticos si reúnen las otras condiciones previstas por la Constitución y la Ley.
Artículo 18.- Los haitianos son iguales ante la Ley bajo reserva de las ventajas conferidas a los haitianos de nacimiento que no hayan renunciado jamás a su nacionalidad.
CAPITULO II
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
SECCIÓN A
DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD
Artículo 19.- El Estado tiene la imperiosa obligación de garantizar el derecho a la vida, a la salud, al respeto de la persona humana, a todos los ciudadanos sin distinción, conforme a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Artículo 20.- La pena de muerte es abolida en toda materia.
Artículo 21.- El crimen de alta traición consiste en portar armas en un ejército extranjero contra la República; en servir a una nación extranjera en conflicto con la República; en el hecho por todo funcionario de hurtar los bienes del Estado confiados a su gestión o toda violación de la Constitución por los encargados de hacerla respetar.
Artículo 21.-1: El crimen de alta traición es castigado con pena de trabajos forzados a perpetuidad, sin conmutación de pena.
Artículo 22.- El Estado reconoce el derecho de todo ciudadano a una vivienda decente, a la educación, a la alimentación y a la seguridad social.
Artículo 23.- El Estado está sujeto a la obligación de asegurar a todos los ciudadanos en todas las Colectividades Territoriales los medios apropiados para garantizar la protección, el mantenimiento y el restablecimiento de su salud por la creación de hospitales, centros de salud y dispensarios.
SECCIÓN B
DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL
Artículo 24.- La libertad individual es garantizada y protegida por el estado.
Artículo 24.-1: Nadie puede ser perseguido, arrestado o detenido excepto en los casos determinados por la ley y según las normas que ella prescribe.
Artículo 24.-2: El arresto y la detención, excepto en los casos de delito flagrante, sólo tendrá lugar por el mandato escrito de un funcionario legalmente competente.
Artículo 24.-3: Para que ese mandato pueda ser ejecutado, deberá:
1)              Expresar formalmente en creol y en francés él o los motivos del arresto o de la detención y la disposición de la ley que castiga el hecho imputado;
2)         Notificarse y dejar copia al momento de la ejecución a la persona prevenida;
3)         Notificar al prevenido de su derecho de hacerse asistir de un abogado en todas las gases de la instrucción hasta el juicio definitivo;
4)         Salvo en casos de delito flagrante, ningún arresto sobre mandato, ninguna pesquisa puede tener lugar entre las seis (6) horas de la tarde y las seis (6) de la mañana.
5)         La responsabilidad es personal. Nadie puede ser arrestado en lugar de otro.
 
Artículo 25.- Todo rigor o constreñimiento que no sea necesario para aprehender a una persona o mantenerla en detención; toda presión moral o brutalidad física, especialmente durante el interrogatorio, están prohibidas.
Artículo 25.-1: Nadie puede ser interrogado en ausencia de su abogado o de un testigo de su elección.
Artículo 26.- Nadie puede ser mantenido en detención si no ha comparecido en las cuarenta y ocho (48) horas que siguen a su arresto ante un juez llamado a estatuir sobre la legalidad del arresto y si ese juez no ha confirmado la detención por decisión motivada.
Artículo 26.-1: En caso de contravención, el inculpado es citado en justicia ante el juez de paz, quien estatuye definitivamente.
En casa de delito o crimen, el prevenido puede, sin permiso previo y sobre simple memoria, entablar recurso ante el decano del tribunal de primera instancia de la jurisdicción, quien, sobre las conclusiones del ministerio público, decidirá en audiencia extraordinaria inmediata, sin dilación ni por turno, cesando todos los otros asuntos, sobre la legali­dad del arresto y de la detención.
Artículo 26.2: Si el arresto es juzgado ilegal, el juez ordena la liberación inmediata del detenido y esta decisión es ejecutoria al minuto no obstante apelación, escrito de agravios o prohibición de ejecución.
Artículo 27.- Todas las violaciones de las disposiciones relativas a la libertad individual son actos arbitrarios. Las personas afectadas pueden, sin autorización previa referirse a los tribunales competentes para perseguir a los autores y los ejecutores de esos actos arbitrarios cualesquiera que sean sus cualidades y cualquiera que sea el cuerpo al que pertenezcan.
Artículo 27-1: Los funcionarios y empleados del Estado son directamente respon­sables según las leyes penales, civiles y administrativas de los actos hechos en violación de derechos. En esos casos, la responsabilidad civil se extiende también al Estado.
Sección C
De la libertad de expresión
 
Artículo 28: Todo haitiano tiene el derecho de expresar libremente sus opiniones, en toda materia y por la vía que escoja.
Artículo 28.-1: El periodista ejerce libremente su profesión dentro del marco de la Ley. Este ejercicio no puede ser sometido a ninguna autorización, ni censura, excepto en caso de guerra.
Artículo 28-2: El periodista no puede ser forzado a revelar sus fuentes. Tiene, sin embargo, por deber el verificar la autenticidad y la exactitud de las informaciones. Está igualmente obligado a respetar la ética profesional.
Artículo 28-3: Todo delito de prensa, así como los abusos del derecho de expresión relevan al código penal.
Artículo 29:El derecho de petición es reconocido. Es ejercido personalmente por uno o varios ciudadanos pero jamás a nombre de un cuerpo.
Artículo 29-1: Toda petición dirigida al poder legislativo debe dar lugar al procedimiento reglamentario que permita estatuir sobre su objeto.
Sección D
De la libertad de conciencia
 
Artículo 30: Todas las religiones y todos los cultos son libres. Toda persona tiene el derecho de profesar su religión y su culto, siempre que el ejercicio de este derecho no disturbe el orden y la paz pública.
Artículo 30-1: Nadie puede ser constreñido a formar parte de une asociación o a seguir una enseñanza religiosa contraria a sus convicciones.
Artículo 30-2: La Ley establece las condiciones de reconocimiento y de funcionamiento de las religiones y cultos.
Sección E
De la libertad de reunión y de asociación
 
Artículo 31: La libertad de asociación y de reunión sin armas para fines políticos, económicos, sociales, culturales o para todo otro fin pacífico es garan­tizada.
Artículo 31-1: Los partidos y agrupaciones políticas concurren a la expresión del sufragio. Se forman y ejercen su actividad libremente. Deben respetar los principios de la soberanía nacional y la democracia. La ley determina sus condiciones de reconocimiento y de funcionamiento, así como las ventajas y privilegios que les son reservados.
Artículo 31-2: Las reuniones en la vía pública están sujetas a notificación previa a las autoridades de policía.Artículo 31-3: Nadie puede ser obligado a afiliarse a una asociación, cualquiera que sea su carácter.
Sección F
De la educación y la enseñanza
 
Artículo 32: El Estado garantiza el derecho a la educación. Vela por la formación física, intelectual, moral, profesional, social y cívica de la población.
Artículo 32-1: La educación es responsabilidad del Estado y de las Colectividades Territoriales. Estas deben proveer la escuela gratuita, al alcance de todos, velar por el nivel de formación de los educadores de les sec­tores públicos y privados.
Artículo 32-2: La primera responsabilidad del Estado y de las Colectividades Territoriales es la escolarización masiva, única capaz de permitir el desarrollo del país. El Estado anima y facilita la iniciativa privada en este campo.
Artículo 32-3: La enseñanza primaria es obligatoria bajo pena de sanciones a ser determinadas por la Ley. Las provisiones clásicas y el material didác­tico serán puestos gratuitamente por el Estado a la disposición de los alumnos en el nivel de la enseñanza primaria.
Artículo 32-4: La enseñanza agrícola, profesional, cooperativa y técnica es una responsabilidad primordial del Estado y de las comunas.
Artículo 32-5: La formación pre-escolar y maternal, así como la enseñanza no formal son fomentadas.
Artículo 32-6: El acceso a los estudios superiores está abierto en plena igualdad a todos, únicamente en función del mérito.
Artículo 32-7: El Estado debe velar que cada colectividad territorial, sección comu­nal, Comuna y Departamento sea dotada de los establecimientos de enseñanza indispensables, adaptados a las necesidades de su desarrol­lo, no obstante, sin traer perjuicio a la prioridad de la enseñanza agrí­cola, profesional, cooperativa y técnica que debe ser ampliamente difundida.
Artículo 32-8: El Estado garantiza a los minusválidos y a los superdotados los medios para asegurar su autonomía, su educación y su independencia.
Artículo 32-9: El Estado y las Colectividades Territoriales tienen por deber tomar todas las disposiciones necesarias con miras intensificar la campaña de alfabetización de masas. Animan todas las iniciativas privadas ten­dentes a este fin.
Artículo 32-10: El educador tiene derecho a un salario básico justo.
Artículo 33: La enseñanza es libre a todos los niveles. Esta libertad se ejerce bajo el control del Estado.
Artículo 34: Salvo los casos de flagrante delito el recinto de los establecimientos de enseñanza es inviolable. Ninguna fuerza del orden puede penetrar si no es con la autorización de la dirección de los mencionados establecimientos.
Artículo 34-1: Esta disposición no se aplica cuando un establecimiento escolar es uti­lizado para otros fines.
Sección G
De la libertad del trabajo
 
Artículo 35: La libertad de trabajo es garantizada. Todo ciudadano tiene por obligación consagrarse a un trabajo de su elección con el propósito de subvenir a sus necesidades y las de su familia, de cooperar con el Estado para el establecimiento de un sistema de seguridad social.
Artículo 35-1: lodo empleado de una institución privada o pública tiene el derecho a un justo salario, al reposo, a vacaciones anuales pagadas y al aguinaldo.
Artículo 35-2: El Estado garantiza al trabajador, la igualdad de condiciones de traba­jo y de salario cualquiera que sea su sexo, sus creencias, sus opiniones y su estado civil.
Artículo 35-3: La libertad sindical es garantizada. Todo trabajador de los sectores privados y públicos puede adherirse al sindicato de sus actividades profesionales para la defensa exclusiva de sus intereses de trabajo
Artículo 35-4: El sindicato es esencialmente apolítico, con fines no lucrativos y no confesional. Nadie puede ser obligado a adherirse.
Artículo 35-5: La Ley fija el límite de edad para el trabajo asalariado. Las leyes especiales regulan el trabajo de los menores y del servicio doméstico.
Sección H
De la propiedad
 
Artículo 36: La propiedad privada es reconocida y garantizada. La Ley determina las modalidades de adquisición y de posesión, así como los límites.
Artículo 36-1: La expropiación por causa de utilidad pública puede tener lugar mediante el pago o la consignación ordenada por la justicia a las órdenes de quien corresponda, de una justa y previa indemnización fijada ajuicio de experto.
Si el proyecto inicial es abandonado, la expropiación es anulada y el inmueble no puede ser objeto de ninguna especulación, debiendo ser restituido a su propietario original, sin ningún reembolso por parte del pequeño propietario. La medida de expropiación es efectiva a partir de la puesta en obra del proyecto.
Artículo 36-2: La nacionalización y la confiscación de bienes muebles e inmuebles por causas políticas están prohibidas.
Artículo 36-3: La propiedad conlleva igualmente obligaciones. No puede hacerse de ella un uso contrario al interés general.
Artículo 36-4: El terrateniente debe cultivar el suelo, explotarlo y protegerlo, espe­cialmente de la erosión. La sanción de esta obligación está prevista por la Ley.
Artículo 36-5: El derecho de propiedad no se extiende al litoral, a las fuentes, nos, cursos de agua, minas y canteras. Estas forman parte del dominio público del estado.
Artículo 37: La ley fija las condiciones de parcelación y de concentración de la tierra en función del plan de ordenamiento del territorio y del bienes­tar de las comunidades involucradas, en el marco de una reforma agraria.
Artículo 38: La propiedad científica, literaria y artística es protegida por la Ley.
Artículo 39: Los habitantes de las secciones comunales tienen un derecho de com­pra previa para la explotación de las tierras del dominio privado del Estado situadas en su localidad.
Sección I
Derecho a la información
 
Artículo 40: El estado tiene la obligación de dar publicidad mediante la prensa hablada, escrita, televisada en idiomas creol y francés a las leyes, decretos, acuerdos internacionales, tratados, convenciones, a todo lo que toca la vida nacional, con excepción de las informaciones que conciernen a la seguridad nacional.
Sección J
Derecho a la seguridad
 
Artículo 41: Ningún individuo de nacionalidad haitiana puede ser deportado o forzado a dejar el territorio nacional por cualquier motivo que sea. Nadie puede ser privado por motivos políticos de su capacidad jurídi­ca y de su nacionalidad.
Artículo 41-1: Ningún haitiano tiene necesidad de visa para dejar el país o para regresar a él.
Artículo 42: Ningún ciudadano civil o militar puede ser distraído de los jueces que la Constitución y las leyes le asignan.
Artículo 42-1: El militar acusado de crimen de alta traición para con la Patria es jus­ticiable ante el tribunal de derecho común.
Artículo 42-2: La justicia militar sólo tiene jurisdicción:
a)         En los casos de violación de los reglamentos del Manual de Justicia Militar para los Militares;
b)         En los casos de conflictos entres miembros de las fuerzas armadas;
c)         En caso de guerra.
Artículo 42-3: Los casos de conflictos entre civiles y militares, los abusos, violencias y crímenes perpetrados contra un civil por un militar en el ejercicio de sus funciones corresponden a los tribunales de derecho común.
Artículo 43: Ninguna visita domiciliaria y ningún embargo de documentos pueden tener lugar si no es en virtud de la Ley y en las formas que ésta establece.
Artículo 44: Los detenidos provisionales en espera de ser juzgados deben ser separados de los que purgan una condena.
Artículo 44-1: El régimen de prisiones debe responder a las normas relacionadas con el respeto de la dignidad humana, según la Ley sobre la materia.
Artículo 45: Ninguna pena puede ser establecida si no es por la Ley, ni aplicada sino en los casos que ésta determina.
Artículo 46: Nadie puede ser obligado en materia criminal, correccional o de sim­ple policía a testificar contra sí mismo o sus padres hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
Artículo 47: Nadie puede ser forzado a prestar juramento salvo en los casos y en las formas previstas por la Ley.
Artículo 48: El Estado velará porque se establezca una caja de pensión civil para los jubilados en los sectores público y privado. Esta será alimentada por las contribuciones de empleadores y empleados siguiendo los cri­terios y modalidades establecidas por la Ley. La prestación de la pen­sión es un derecho y no un favor.
Artículo 49: La libertad, el secreto de la correspondencia y todas las otras for­mas de comunicación son inviolables. Su limitación sólo se puede producir por un acto motivado de la autoridad judicial, según las garantías fijadas por la Ley.
Artículo 50: Dentro del marco de la Constitución y la Ley, se establece el jurado en materia criminal por los crímenes de sangre y en materia de delitos políticos.
Artículo 51: La Ley no puede tener efecto retroactivo, salvo en materia penal cuan­do favorezca al acusado.
CAPÍTULO III
DE LOS DEBERES DEL CIUDADANO
Artículo 52: A la calidad de ciudadano se enlaza el deber cívico. Todo derecho está contrabalanceado por el deber correspondiente.
Artículo 52-1: LI derecho cívico es el conjunto de obligaciones del ciudadano dentro dcl orden moral, político, social y económico frente al Estado y a la Patria. Estas obligaciones son:
a)         Respetar la Constitución y el Emblema Nacional;
b)         Respetar las leyes;
c)         Votar en las elecciones sin coerción;
d)         Pagar sus impuestos;
e)         Servir de jurado;
f)         Defender el país en caso de guerra;
g)         Instruirse y perfeccionarse;
h)         Respetar y proteger el medio ambiente;
i)          Respetar escrupulosamente los fondos y los bienes del Estado;
j)          Respetar el bien ajeno;
k)         Obrar para el mantenimiento de la paz;
l)          Proveer asistencia a las personas en peligro;
m)        Respetar los derechos y la libertad de los demás.
Artículo 52-2: La violación a estas prescripciones es sancionada por la Ley.
Artículo 52-3: Se establece un servicio cívico mixto obligatorio cuyas condiciones de funcionamiento son establecidas por la Ley.
Título IV
De los extranjeros
Artículo 53: Las condiciones de admisión y de estadía de los extranjeros dentro del país son establecidas por la Ley.
Artículo 54: Los extranjeros que se encuentran en el territorio de la República se benefician de la misma protección que es acordada a los haitianos, conforme a la Ley.
Artículo 54-1: El extranjero goza de derechos civiles, derechos económicos y sociales, bajo la reserva de las disposiciones legales relativas al dere­cho de propiedad inmobiliaria, al ejercicio de profesiones, al comer­cio al por mayor, a la representación comercial y a las operaciones de importación y exportación.
Artículo 55: El derecho de propiedad inmobiliaria es acordado al extranjero resi­dente en Haití para las necesidades de su residencia.
Artículo 55-1: Sin embargo, el extranjero residente en Haití no puede ser propietario de más de una casa de residencia en un mismo distrito. No puede en Ningún caso dedicarse al tráfico de arrendamiento de inmuebles. No obstante, las sociedades extranjeras de promoción inmobiliaria se benefician de un estatuto especial regulado por la Ley.
Articulo 55-2: El derecho de propiedad inmobiliaria es igualmente acordado al extranjero residente en Haití y a las sociedades extranjeras para las necesidades de sus empresas agrícolas, comerciales, industriales, reli­giosas, humanitarias o de enseñanza, dentro de los límites y condiciones determinados por la Ley.
Artículo 55-3: Ningún extranjero puede ser propietario de un inmueble limitado por la frontera terrestre haitiana.
Artículo 55-4: Este derecho termina cinco (5) años después que el extranjero cese de residir en el país o que hayan cesado las operaciones de sus sociedades, conforme a la Ley que determina las regulaciones a seguir para el traspaso y la liquidación de los bienes pertenecientes a extran­jeros.
Artículo 55-5: Los infractores a las susodichas disposiciones, al igual que sus cóm­plices, serán penados conforme a la Ley.
Artículo 56: El extranjero puede ser expulsado del territorio de la República cuan­do se inmiscuya en la vida política del país y en los casos determinados por la Ley.
Artículo 57: El derecho de asilo es reconocido a los refugiados políticos.
Titulo V
De la Soberanía Nacional
Artículo 58: La soberanía nacional reside en la universalidad de los ciudadanos. Los ciudadanos ejercen directamente las prerrogativas de la soberanía por:
a)         La elección del Presidente de la República
b)         La elección de los miembros del Poder Legislativo;
c)         La elección de los miembros de todos los otros cuerpos o de todas las asambleas previstas por la Constitución y por la Ley.
Artículo 59: Los ciudadanos delegan el ejercicio de la soberanía nacional a tres (3) poderes:
1)         El Poder Legislativo;
2)         El Poder Ejecutivo;
3)         El Poder Judicial.
El principio de la separación de estos tres (3) poderes es consagrado por la Constitución.
Artículo 59-1: La unión de estos tres (3) poderes constituye el fundamento esencial de la organización del Estado, el cual es civil.
Artículo 60: Cada poder es independiente de los otros dos (2) en sus atribuciones, las cuales ejerce separadamente.
Artículo 60-1: Ninguno de ellos puede, bajo ningún motivo, delegar sus atribuciones en todo o en parte, ni salirse de los límites que les son fijados por la Constitución y por la Ley.
Artículo 60-2: La entera responsabilidad va unida a los actos de cada uno de los tres
(3) poderes.
CAPÍTULO I
DE LAS COLECTIVIDADES TERRITORIALES Y DE LA DESCENTRALIZACIÓN
Artículo 61: Las Colectividades Territoriales son la Sección comunal, la Comuna y el Departamento.
Artículo 61-1: La Ley puede crear cualquier otra Colectividad Territorial.
SECCIÓN A
DE LA SECCIÓN COMUNAL
Artículo 62: La Sección Comunal es la más pequeña entidad territorial administra­tiva de la República.
Artículo 63: La administración de cada sección comunal está asegurada por un consejo de tres (3) miembros elegidos por medio del sufragio universal por una duración de cuatro (4) años. Estos son indefinidamente reelegibles. Su modo de organización y de funcionamiento está re­gulado por la Ley.
Artículo 63-1: El consejo de Administración de la Sección Comunal es asistido en su tarea por una Asamblea de la Sección Comunal.
Artículo 64: El Estado tiene por obligación establecer a nivel de cada Sección Comunal las estructuras propias a la formación social, económica, cívica y cultural de su población.
Artículo 65: Para ser miembro del Consejo de Administración de la Sección Comunal, es necesario: a) Ser haitiano y tener una edad mínima de 25 años; b) Haber residido en la Sección Comunal por dos (2) años antes de las elecciones y continuar residiendo allí; c) Gozar de sus derechos civiles y políticos y no haber jamás conde­nado a una pena aflictiva e infamante.
SECCIÓN B
DE LA COMUNA
Artículo 66: La Comuna tiene autonomía administrativa y financiera. Cada Comuna de la República es administrada por un consejo denominado Consejo Municipal, de tres (3) miembros elegidos por medio del sufragio universal.
Artículo 66-1: El Presidente del Consejo ostenta el título de Alcalde. Es asistido por un adjunto Alcalde.
Artículo 67: El Consejo Municipal es asistido en su tarea por una Asamblea Municipal formada especialmente por un representante de cada una de sus secciones Comunales.
Artículo 68: El mandato del Consejo Municipal es de cuatro (4) años y sus miem­bros son indefinidamente reelegibles.
Artículo 69: El modo de organización y el funcionamiento de la Comuna y del Consejo Municipal están regulado por la Ley.
Artículo 70: Para ser elegible miembro del Consejo Municipal, es necesario:
a) Ser haitiano;
b) Tener la edad de veinticinco (25) años cumplidos;
c) Gozar de sus derechos civiles y políticos;
d) No haber sido jamás condenado a una pena aflictiva e infamante.
e) Haber residido por lo menos tres (3) años en la Comuna y compro­meterse a residir allí mientras dure su mandato.
Artículo 71: Cada Consejo Municipal por solicitud suya es asistido por un Consejo Técnico provisto por la Administración Central.
Artículo 72: El Consejo Municipal no puede ser disuelto salvo en caso de descui­do, malversación o de administración fraudulenta legalmente pronun­ciada por el tribunal competente. En caso de disolución, el Consejo Departamental llena inmediatamente la vacante y se apodera del Consejo Electoral Permanente dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha de la disolución a fines de elegir un nuevo Consejo para administrar los intereses de la comuna por el tiempo que reste. Este procedimiento se aplica igualmente en caso de vacancia por toda otra causa.
Artículo 73: El consejo municipal administra sus recursos al provecho exclusivo de la municipalidad y da cuenta ante la asamblea municipal la cual reporta al consejo departamental.
Artículo 74: El consejo municipal es gestor privilegiado de los bienes territoriales del dominio privado del Estado situados dentro de los límites de su comuna. Estos no pueden ser objetivo de ninguna transacción sin el aviso previo de la asamblea municipal.
SECCIÓN C
DEL DISTRITO
Artículo 75: El Distrito es una división administrativa que puede agrupar varias comunas. Su organización y funcionamiento están regulados por la Ley.
SECCIÓN D
DEL DEPARTAMENTO
Artículo 76: El Departamento es la mayor división territorial. Agrupa a los Distritos.
Artículo 77: El Departamento es una persona moral. Es autónomo.
Artículo 78: Cada departamento es administrado por un Consejo de tres (3) miem­bros elegidos por cuatro (4) años por la asamblea departamental.
Artículo 79: El miembro del consejo departamental no proviene necesariamente extraído de la asamblea, pero deberá:
a) Ser haitiano y tener por lo menos veinticinco (25) años de edad. b) Haber residido en el departamento tres (3) años antes de las elec­ciones y comprometerse a residir allí mientras dure su mandato. e) Gozar de sus derechos civiles y políticos y no haber sido nunca con­denado a una pena aflictiva e infamante.
Artículo 80: El consejo departamental es asistido en su tarea por una asamblea departamental formada por un (1) representante de cada asamblea municipal.
Artículo 80-1: Tienen acceso a las reuniones de la Asamblea con voz consultiva:
a) Los Diputados y Senadores del Departamento;
b) Un (1) representante de cada asociación socio-profesional o sindi­cal;
e) El Delegado departamental;
d) Los Directores de servicios públicos del departamento.
Artículo 8l: El consejo departamental elabora en colaboración con la adminis­tración central el plan de desarrollo del departamento.
Artículo 82: La organización y funcionamiento del consejo departamental y de la asamblea departamental son regulados por la Ley.
Artículo 83: El consejo departamental administra sus recursos financieros para el provecho exclusivo del departamento y da cuenta ante la asamblea departamental, la cual reporta a la administración central.
Artículo 84: El consejo departamental puede ser disuelto en caso de descuido, malversación o de administración fraudulenta legalmente constatada por el tribunal competente. En caso de disolución, la administración central nombre une comisión provisional y apodera al consejo electoral permanente para la elección de un nuevo consejo por el tiempo que falta a los sesenta (60) días de la disolución.
SECCIÓN E
DE LOS DELEGADOS Y SUB-DELEGADOS
Artículo 85: En cada cabeza de departamento el poder ejecutivo nombra un repre­sentante, el cual ostenta el título de Delegado. Un Sub-delegado puesto bajo la autoridad del Delegado es igualmente nombrado en cada cabeza de Distrito.
Artículo 86: Los Delegados y Sub-delegados aseguran la coordinación y el control de los servicios públicos y no ejercen ninguna función de policía represiva. Las otras atribuciones de los Delegados y Sub-delegados están determinadas por la Ley.
SECCIÓN F
DEL CONSEJO INTERDEPARTAMENTAL
Artículo 87: El Ejecutivo es asistido por un (1) consejo interdepartamental cuyos miembros son designados por las asambleas departamentales a razón de (1) por departamento.
Artículo 87-1: Ese representante elegido de entre los miembros de las asambleas departamentales sirve de enlace entre el departamento y el poder ejec­utivo.
Artículo 87-2: El consejo interdepartamental, concertadamente con el ejecutivo, estudia y planifica los proyectos de descentralización y de desarrollo del país desde el punto de vista social, económico, agrícola e indus­trial.
Artículo 87-3: Este asiste a las sesiones de trabajo del consejo de ministros cuando traten los objetivos mencionados en el párrafo precedente, con voz deliberativa.
Artículo 87-4: La descentralización debe ser acompañada de la desconcentración de los servicios públicos con delegación de poder y del descongestio­namiento industrial en provecho de los departamentos.
Artículo 87-5: La ley determina la organización y el funcionamiento del consejo interdepartamental igual que la frecuencia de las sesiones del consejo de ministros en las cuales participa.
CAPÍTULO II
DEL PODER LEGISLATIVO
Artículo 88: El Poder Legislativo se ejerce mediante dos (2) cámaras representan-vas. Una (1) Cámara de Diputados y un (1) Senado, los cuales forman el Cuerpo Legislativo o Parlamento.
SECCIÓN A
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Artículo 89: La cámara de diputados es un cuerpo compuesto de miembros elegidos por el sufragio directo de los ciudadanos y encargado de ejercer en nombre de éstos, concertadamente con el Senado, las atribuciones del poder legislativo.
Artículo 90: Cada colectividad municipal constituye una circunscripción electoral y elige un (1) diputado. La ley fija el número de diputados a nivel de las grandes aglomeraciones, sin que ese número exceda los tres (3). Mientras se realiza la aplicación de los párrafos precedentes, el número de diputados no puede ser inferior a setenta (70).
Artículo 90-1: El diputado es elegido por la mayoría absoluta de votos expresados en las asambleas primarias, según las condiciones y el modo prescritos por la ley electoral.
Artículo 91: Para ser miembro de la cámara de diputados, se deberá:
1)         Ser haitiano de nacimiento y no haber jamás renunciado a su nacionalidad;
2)         Haber cumplido los veinticinco (25) años:
3)         Gozar de sus derechos civiles y políticos y no haber sido jamás condenado a una pena aflictiva e infamante por crimen de derecho
4)         Haber residido por lo menos (2) años consecutivos antes de la fecha de las elecciones en la circunscripción electoral a representar;
5)         Ser propietario de por lo menos un (1) inmueble en la circunscrip­ción o ejercer allí una profesión o una industria;
6) Haber sido descargado al término de su mandato, si ha administrado fondos públicos.
Art. 92. Los diputados son elegidos por cuatro años y pueden reelegirse indefinidamente.
92.1 Los diputados inician sus trabajos el segundo lunes de enero y celebran dos sesiones anuales. La duración de su mandato constituye una legislatura.
Artículo 92-2: La primera sesión es desde el segundo lunes de enero hasta el segun­do lunes de mayo. La segunda, del segundo lunes del mes de junio hasta el segundo lunes de septiembre.
Artículo 92-3: La renovación de la cámara de diputados se hace íntegramente cada cuatro (4) años.
Artículo 93: La cámara de diputados, más allá de las atribuciones que le cor­responden como parte del Poder Legislativo, tiene el privilegio de poner en acusación al Jefe del Estado, al Primer Ministro, los Ministros y los Secretarios de Estado ante la Suprema Corte de Justicia, por una mayoría de las dos terceras partes (2/3) de sus miem­bros. Las otras atribuciones de la cámara de diputados le son asigna­dos por la constitución y por la ley.
SECCIÓN B
DEL SENADO
Artículo 94: El Senado es un cuerpo compuesto de miembros elegidos por el sufragio directo de los ciudadanos y encargado de ejercer en su nombre, concertadamente con la cámara de diputados, las atribuciones del Poder Legislativo.
Artículo 94-1 El número de Senadores es fijado en tres (3) Senadores por Departamento.
Artículo 94-2: El Senado de la República es elegido por medio del sufragio univer­sal por mayoría absoluta en las asambleas primarias celebradas en los departamentos geográficos, según las condiciones prescritas por la ley electoral.
Artículo 95: Los Senadores son elegidos por seis (6) años y son indefinidamente reelegibles.
Artículo 95-1: El Senado sesionará permanentemente.
Artículo 95-2: El Senado puede, sin embargo, recesar, excepto durante la Sesión Legislativa. Cuando se recese, deja un Comité permanente encargado de resolver los asuntos corrientes. Este comité no puede emitir un decreto salvo para la convocación del Senado. En caso de urgencia, el Ejecutivo puede igualmente convocar al Senado antes del fin del receso.
Artículo 95-3: La renovación del Senado se hace por tercera parte (1/3) cada dos años.
Artículo 96: Para ser elegido Senador, debe uno:
1)         Ser haitiano de nacimiento y no haber nunca renunciado a su nacionalidad;
2)         Tener 30 años cumplidos;
3)         Gozar de sus derechos civiles y políticos y no haber sido jamás con­denado a una pena aflictiva e infamante por un crimen de derecho común;
4)         Haber residido por lo menos cuatro (4) años consecutivos antes de la fecha de las elecciones en el departamento a representar;
5)         Ser propietario de por lo menos un inmueble en el departamento o ejercer allí una profesión o una industria;
6)         Haber recibido descargo, llegado el caso, como gestor de fondos públicos.
Artículo 97: En adición a las responsabilidades que les son inherentes como parte del Poder Legislativo, el Senado ejerce las atribuciones siguientes:
1)         Proponer al Ejecutivo la lista de Jueces de la Corte de Casación, según las prescripciones de la Constitución
2)         Erigirse en Suprema Corte de Justicia;
3)         Ejercer todas las otras atribuciones que le son asignadas por la pre­sente Constitución y por la Ley.
Sección C
De la Asamblea Nacional
Artículo 98: La reunión en una sola Asamblea de las dos (2) partes del Poder Legislativo constituye la Asamblea Nacional.
Artículo 98-1: La Asamblea Nacional se reúne para la apertura y la clausura de cada sesión y en todos los otros casos previstos por la Constitución.
Artículo 98-2: Los poderes de la Asamblea Nacional son limitados y no pueden extenderse a otros objetos fuera de los que le son específicamente atribuidos por la Constitución.
Artículo 98-3: Las atribuciones de la Asamblea Nacional son:
1)         Recibir el Juramento Constitucional del Presidente de la República;
2)         Ratificar toda decisión en cuanto a declarar la guerra cuando todas las tentativas de conciliación han fracasado;
3)         Aprobar y rechazar los tratados y convenciones internacionales;
4)         Enmendar la Constitución según el procedimiento que ésta indique;
5)         Ratificar la decisión del Ejecutivo de desplazar la sede del Gobierno en los casos determinados por el Artículo Primero de la pre­sente Constitución;
6)         Estatuir sobre la oportunidad del estado de sitio, decretar con el Ejecutivo las garantías constitucionales a suspender y pronunciarse sobre toda demanda de renovación de esa medida.
7)         Concurrir a la formación del Consejo Electoral Permanente con­forme al Artículo 192 de la Constitución;
8)         Recibir, en la apertura de cada sesión, el balance de las actividades del Gobierno.
 
Artículo 99: La Asamblea Nacional es presidida por el Presidente del Senado, asis­tido por el Presidente de Cámara de diputados en calidad de Vicepresidente. Los secretarios del Senado y los de la Cámara de Diputados son los secretarios de la Asamblea Nacional.
Artículo 99-1: En caso de impedimento del Presidente del Senado, la Asamblea Nacional es presidida por el Presidente de la Cámara de Diputados, el Vicepresidente del Senado viene a ser Vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Artículo 99-2: En caso de impedimento de los dos (2) Presidentes, los dos Vicepresidentes los reemplazarán respectivamente.
Artículo 100: Las sesiones de la Asamblea Nacional son públicas. Sin embargo, éstas pueden tener lugar a puerta cerrada por solicitud de cinco (5) miembros y será inmediatamente decidido por mayoría absoluta si la sesión debe ser retomada en público.
Artículo 101: En caso de urgencia, cuando el Cuerpo Legislativo no esté en sesión, el Poder Ejecutivo puede convocar la Asamblea Nacional de manera extraordinaria.
Artículo 102: La Asamblea Nacional no puede sesionar o tomar decisiones y res­oluciones sin la presencia en su seno de la mayoría de cada una de las dos (2) Cámaras.
Artículo 103: El cuerpo Legislativo tiene su sede en Puerto Príncipe. Sin embargo, según las circunstancias, esta sede puede ser transferida al mismo lugar y en mismo tiempo que el del Poder Ejecutivo.
SECCIÓN D
DEL EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO
Artículo 104.- Las sesiones del Poder Legislativo se celebran a contar de la apertura de las dos (2) Cámaras en Asamblea Nacional.
Artículo 105: En el intervalo de las sesiones ordinarias y en caso de urgencia, el Presidente de la República puede convocar el cuerpo legislativo en sesión extraordinaria.
Artículo 106: El Jefe del Poder Ejecutivo da cuenta de esta medida por un mensaje.
Artículo 107: En caso de convocatoria extraordinaria del cuerpo legislativo, éste no puede decidir sobre ningún tema ajeno al motivo de la convocación.
Artículo 107-1: Sin embargo, todo senador o diputado puede tratar en la Asamblea a la cual pertenezca cualquier asunto de interés general.
Artículo 108: Cada cámara verifica y valida los poderes de sus miembros y juzga soberanamente las diferencias que se produzcan por este motivo.
Artículo 109: Los miembros de cada Cámara prestan el juramento siguiente: “Juro cumplir con mi deber, mantener y salvaguardar los derechos del pueblo y ser fiel a la Constitución”.
Artículo 110: Las sesiones de las dos (2) Cámaras son públicas. Cada Cámara puede trabajar a puerta cerrada por solicitud de cinco (5) miembros y decidir luego por mayoría si la sesión debe ser retomada en público.
Artículo 111: El poder legislativo hace las leyes sobre todos los asuntos de interés público.
Artículo 111-1: La iniciativa pertenece a cada una de las dos (2) Cámaras igual que al poder Ejecutivo.
Artículo 111-2: No obstante, la iniciativa de la ley presupuestaria, leyes relativas a la base tributaria, la cantidad y el modo de percepción de impuestos y contribuciones, de las que tengan por objeto crear los ingresos o aumentar los ingresos y los gastos del Estado, son competencia del Poder Ejecutivo. Los proyectos presentados para estos fines deben ser votados previamente por la cámara de diputados.
Artículo 111-3: En caso de desacuerdo entre las dos (2) cámaras relativo a las leyes mencionadas en el párrafo precedente, cada cámara nombra por escru­tinio de lista y en igualdad de número una comisión parlamentaria que resuelva en última instancia el desacuerdo.
Artículo 111-4: Si el desacuerdo se produce en relación a cualquier otra ley, la misma será aplazada hasta la sesión siguiente. Si en esa sesión, y aun en caso de renovación de las cámaras, la ley siendo presentada de nuevo, no se llega a un acuerdo, cada cámara nombra por escrutinio de lista y en igualdad de número una comisión parlamentaria encargada de determinar el texto definitivo que será sometido a las dos (2) Asambleas, comenzando por aquella que inicialmente votó la ley. Y si esas nuevas deliberaciones no dan ningún resultado positivo, el proyecto o la proposición de ley serán retirados.
Artículo 111-5: En caso de desacuerdo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, la Comisión de Conciliación prevista en el próximo Articulo 206 se encarga del litigio, a solicitud de una de las partes.
Artículo 111-6: Si la Comisión fracasa en su misión, ésta levanta un acta de no con­ciliación el cual transmite a las dos (2) altas partes y avisa a la Corte de Casación.
Artículo 111-7: A los ocho días de la recepción de esa acta, la corte de casación se hace cargo de oficio del litigio. La Corte estatuye en sesión plenaria, detenido todo otro asunto. La decisión es final y se impone a las altas partes. Si mientras tanto sobreviene un acuerdo entre las altas partes, los términos del acuerdo detendrán de oficio el procedimiento en curso.
Artículo 111-8: En ningún caso la cámara de diputados o el senado pueden ser disuel­tos o clausurados, ni el mandato de sus miembros prorrogado.
Artículo 112: Cada cámara, por medio de sus reglamentos, nombra su personal, fija su disciplina y determina la manera según la cual ejerce sus atribu­ciones.
Artículo 112-1: Cada cámara puede imponer medidas disciplinarias a sus miembros, excepto la exclusión de la misma, por conducta reprensible y por decisión mayoritaria de 2/3 de los miembros.
Artículo 113: Será desprovisto de su calidad de Diputado o de Senador, todo miem­bro del Cuerpo Legislativo quien, durante su mandato, haya sido obje­to de una condena pronunciada por un Tribunal de Derecho Común que tenga autoridad de cosa juzgada y que conlleve la inelegibilidad.
Artículo 114: Los miembros del Cuerpo Legislativo son inviolables desde el día de su prestación de juramento hasta la expiración de su mandato, bajo reserva de las disposiciones del Artículo 115 subsiguiente.
Artículo 114-1: Estos no pueden en Ningún momento ser perseguidos y atacados por las opiniones y votos emitidos por ellos en el ejercicio de su función.
Artículo 114-2: Ninguna coacción corporal puede ser ejercida contra un miembro del Cuerpo Legislativo mientras dure su mandato.
Artículo 115: Ningún miembro del Cuerpo Legislativo puede, durante su mandato, ser arrestado en materia criminal, correccional o de policía por delito de derecho común si no es con la autorización de la Cámara a la que pertenece, salvo en caso de delito flagrante por hechos conllevando una pena aflictiva e infamante. Entonces se refiere a la cámara de diputados o al senado sin aplazamiento si el Cuerpo Legislativo está en sesión, en caso contrario, a la apertura de la próxima sesión ordi­naria o extraordinaria.
Artículo 116: Ninguna de las dos (2) Cámaras puede sesionar ni tomar una resolu­ción sin la presencia mayoritaria de sus miembros.
Artículo 117: Todos los actos del cuerpo legislativo deben ser tomados por mayoría de los miembros presentes, excepto si es previsto de otra manera por la presente Constitución.
Artículo 118: Cada cámara tiene el derecho de indagar sobre las cuestiones de las cuales es apoderada.
Artículo 119: Todo proyecto de ley debe ser votado artículo por artículo.
Artículo 120: Cada Cámara tiene el derecho de enmendar y de dividir los artículos y modificaciones propuestos. Las enmiendas votadas por una Cámara sólo pueden formar parte de un proyecto de ley después de ser aprobadas por la otra Cámara en igual forma y en términos idénticos. Ningún proyecto se ley se convertirá en Ley si no es aprobado de igual forma por las dos (2) Cámaras.
Artículo 120-1: Todo proyecto puede ser retirado de la discusión mientras no haya sido definitivamente votado.
Artículo 121: Toda ley votada por el cuerpo legislativo se manda inmediatamente al Presidente de la República quien antes de promulgarla tiene el dere­cho de objetar en su totalidad o en parte.
Artículo 121-1: En este caso, el Presidente de la República reenvía la ley con sus obje­ciones a la cámara donde inicialmente fue votada. Si la ley es enmendada por esta cámara, será reenviada a la otra cámara con las obje­ciones.
Artículo 121-2: Si la ley enmendada es votada por la segunda Cámara, ésta será dirigida nueva vez al Presidente de la República para ser promulgada.
Artículo 12 -3: Si las objeciones son rechazadas por la cámara que inicialmente votó la ley la misma será reenviada a la otra Cámara con las objeciones.
Artículo 121-4: Si la segunda cámara yola igualmente el rechazo, la ley es reenviada al Presidente de la República quien está en la obligación de promul­garla.
Artículo 121-5: El rechazo de las objeciones es votado por una y otra Cámara por la mayoría prevista en el Artículo 117. En ese caso, los votos de cada cámara serán emitidos por voto secreto.
Artículo 121-6: Si en tina y otra Cámara la mayoría prevista en el párrafo precedente no se obtiene para el rechazo, las objeciones son aceptadas.
Artículo 122: El derecho de objeción debe ser ejercido en un plazo de ocho (8) días trancos a partir de la fecha de la recepción de la ley por el Presidente de la República.
Artículo 123: Si en los plazos prescritos el Presidente de la República no hace ninguna objeción, la ley debe ser promulgada a menos que la sesión del Cuerpo Legislativo no haya terminado antes de la expiración del plazo, en ese caso, la ley permanece suspendida. La ley así aplazada es, a la apertura de la sesión siguiente, dirigida al Presidente de la República para el ejercicio de su derecho de objeción.
Artículo 124: Un proyecto de ley rechazado por una de las dos (2) Cámaras no puede ser presentado nueva vez en la misma sesión.
Artículo 125: Las leyes y otros actos del Cuerpo Legislativo y de la Asamblea Nacional se harán ejecutorios mediante su promulgación y su publicación en el Periódico Oficial de la República.
Artículo 125-1: Serán numerados e insertados en un boletín impreso y numerado que tendrá por título Boletín de Leyes y Actas.
Artículo 126: La ley toma la fecha del día de su adopción definitiva por las dos (2) Cámaras.
Artículo 127: Nadie puede presentar peticiones en persona a la tribuna del cuerpo legislativo.
Artículo 128: La interpretación de las leyes por vía de autoridad pertenece sólo al Poder Legislativo, y es dada en forma de Ley.
Artículo 129: Cada miembro del cuerpo legislativo recibe una indemnización men­sual a partir de prestar juramento.
Artículo 129-1: La función de miembro del cuerpo legislativo es incompatible con toda función retribuida por el Estado, salvo la función docente.
Artículo 129-2: El derecho de cuestionar e interpelar a un miembro del Gobierno o el Gobierno completo sobre los hechos y actos de la administración es reconocido a todo miembro de las dos (2) Cámaras.
Artículo 129-3: La solicitud de interpelación debe ser apoyada por cinco (5) miembros del cuerpo interesado. Esta concluye con un voto de confianza o de censura tomado a la mayoría de ese cuerpo.
Artículo 129-4: Cuando la solicitud de interpelación concluye en un voto de censura sobre una cuestión referente al programa o a una declaración de políti­ca general del Gobierno, el Primer Ministro deberá remitir al Presidente de la República la renuncia de su gobierno.
Artículo 129-5: El presidente debe aceptar esta renuncia y nombrar un nuevo primer ministro, conforme a las disposiciones de la constitución.
Artículo 129-6: El cuerpo legislativo no puede emitir más de un voto de censura por año, sobre una cuestión relativa al programa o a una declaración de política general del gobierno.
Artículo 130: En caso de muerte, renuncia, destitución, prohibición judicial o de aceptación de una función incompatible con la de miembro del cuer­po legislativo, se prevé el reemplazo del diputado o del senador den­tro de su circunscripción electoral solamente por el tiempo que falte mediante una elección parcial por convocación de la asamblea Primaria Electoral hecha por el consejo electoral permanente dentro del mismo mes de la vacante.
Artículo 130-1: La elección tiene lugar dentro de un periodo de treinta (30) días después de la convocación de la Asamblea Primaria, conforme a la Constitución.
Artículo 130-2: Es lo mismo en caso de no realización de la elección o en caso de nu­lidad de las elecciones pronunciadas por el consejo electoral Permanente dentro de una o varias circunscripciones.
Artículo 130-3: Sin embargo, si la vacante se produce en el curso de la última Sesión Ordinaria de la Legislatura o después de la sesión, no tiene lugar la elección parcial.
SECCIÓN E
DE LAS INCOMPATIBILIDADES
Artículo 131: No pueden ser elegidos miembros del Cuerpo Legislativo:
1) Los concesionarios o co-contratantes del Estado para la explotación de servicios públicos;
2) Los representantes o mandatarios de concesionarios o co-con­tratantes del Estado, o de compañías o sociedades concesionarias o co-contratantes del Estado;
3) Los delegados, vice-delegados, los jueces, los oficiales del minis­terio público cuyas funciones no han cesado seis (6) meses antes de la fecha fijada para las elecciones;
4) Toda persona que se encuentre en los otros casos de ineligibilidad previstos por la presente Constitución y por la ley.
Artículo 132: Los miembros del poder Ejecutivo y los Directores generales de la administración pública no pueden ser elegidos miembros del Cuerpo Legislativo si no renuncian un (1) año por lo menos antes de la fecha de las elecciones.
Capítulo III
Del Poder-Ejecutivo
Artículo 133: El poder Ejecutivo es ejercido por:
a) El Presidente de la República, Jefe del Estado;
b) El Gobierno, encabezado por un Primer Ministro.
 
 
SECCIÓN A
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Artículo 134: El Presidente de la República es elegido por medio del sufragio uni­versal directo por mayoría absoluta de votos. Si no se logra en la primera ronda, se procede a una segunda. En esta sólo se pueden presentar los dos (2) candidatos que, llegado el caso, tras el retiro de los candidatos menos favorecidos, se determine que han recibido la mayor cantidad de votos en la primera ronda.
Artículo 134-1. La duración del mandato presidencial es de cinco (5) años. Este período comienza y se termina el 7 de febrero siguiente a la fecha de las elecciones.
Artículo 134-2: Las elecciones presidenciales tienen lugar el último domingo de noviembre del quinto año del mandato presidencial.
Artículo 34-3: El Presidente de la República no puede beneficiar de una prolon­gación de mandato. No puede asumir un nuevo mandato sino después de un intervalo de cinco (5) años. En ningún caso puede aspirar a un tercer mandato.
Artículo 135: Para ser elegido Presidente de la República de Haití es necesario:
a)         Ser haitiano de nacimiento y no haber renunciado nunca a su nacionalidad,
b)         Tener la edad de treinta cinco (35) años el día de las elecciones
c)         Gozar de sus derechos civiles y políticos y no haber jamás sido condenado a una pena aflictiva e infamante por crimen de derecho común;
d)         Ser propietario en Haití de un inmueble por lo menos y tener en el país residencia habitual.
e)         Residir en el país por cinco (5) años consecutivos antes de la fecha dc las elecciones;
f)         Haber recibido descargo de su gestión si ha sido gestor de fun­dos públicos.
Artículo 135-1: Antes de entrar en función, el Presidente de la República presta ante la Asamblea Nacional, el siguiente juramento: “Juro ante Dios y ante la Nación, cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República, respetar y hacer respetar los derechos del pueblo haitiano, trabajar para la grandeza de la Patria, mantener la independencia nacional y la integridad del territorio”.
SECCIÓN B
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Artículo 136: El Presidente de la República, Jefe del Estado, vela por el respeto y la ejecución de la Constitución y la estabilidad de las instituciones. Asegura el funcionamiento regular de los poderes así como la con­tinuidad del Estado.
Artículo 137: El Presidente de la República escoge un Primer Ministro de entre los miembros del partido que posea la mayoría en el Parlamento. A falta de esa mayoría, el Presiente de la República escoge su Primer Ministro en consulta con el Presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados. En los dos (2) casos la elección debe ser ratificada por el Parlamento.
Artículo 137-1: El Presidente de la República pone fin a las funciones del Primer Ministro ante la presentación por éste de la renuncia del Gobierno.
Artículo 138: El Presidente de la República es el garante de la independencia nacional y de la integridad del territorio.
Artículo 139: Él negocia y firma todos los tratados, convenciones y acuerdos internacionales y los somete a la ratificación de la Asamblea Nacional.
Artículo 139-1: Él acredita los embajadores y los enviados extraordinarios ante las potencias extranjeras, recibe las cartas credenciales de los embajadores de potencias extranjeras y concede el exequátur a los cónsules.
Artículo 140: Declara la guerra, negocia y suscribe los tratados de paz con la aprobación de la Asamblea Nacional.
Artículo 141: El Presidente de la República, con la aprobación del Senado, nombra por decreto tomado en consejo de ministros al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, al Comande en Jefe de la Policía, los Embajadores y los Cónsules Generales.
Artículo 142: Por decreto tornado en consejo de ministros, el Presidente de la República nombra los directores generales de la administración públi­ca, los delegados vice-delegados de los departamentos.
Nombra igualmente, tras aprobación del Senado, los Consejos de Administración de los Organismos Autónomos.
Artículo 143: El Presidente de la República es el Jefe Nominal de las Fuerzas Armadas, no las manda jamás en persona.
Artículo 144: Él hace sellar las leyes con sello de la República y las promulga en los plazos prescritos por la Constitución. Puede, antes de la expiración de esos plazos, utilizar su derecho de objeción.
Artículo 145: El vela por la ejecución de las decisiones judiciales, conforme a la ley.
Artículo 146: El Presidente de la República tiene el derecho de gracia y de con­mutación de pena en relación con toda condena que haya adquirido fuerza de cosa juzgada, excepto las condenas pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, tal como se prevé en la presente Constitución.
Artículo 147: Solo puede acordar amnistía en materia política y según las prescripciones de la ley.
Artículo 148: Si el presidente se encuentra en la imposibilidad temporal de ejercer sus funciones, el consejo de ministros, bajo la presencia del primer ministro, ejerce el poder ejecutivo mientras dure el impedimento.
Artículo 149: En caso de vacancia de la presidencia de la república por cualquier causa, el presidente de la corte de casación de la república o. a falta de éste, el Vice-Presidente de esta Corte o, a falta de éste, el juez de más edad y así seguir el orden par antigüedad, es investido provisionalmente de la función de presidente de la república por la asamblea Nacional debidamente convocada por el primer ministro. El voto para la elección de un nuevo presidente para un nuevo mandato de cinco (5) años tiene lugar a los cuarenta y cinco (45) días mínimo noventa (90) días máximo después de la apertura de la vacante, conforme a la constitución y a la ley electoral.
Artículo 149-1: Este presidente provisional no puede en ningún caso presentarse Como candidato en la más próxima elección presidencial.
Artículo 150: El presidente de la república no tiene otros poderes que los que le atribuye la constitución.
Artículo 151: En la apertura de la primera sesión legislativa anual, el presidente de la República, por un mensaje al cuerpo legislativo, hace un informe general de la situación. Este informe no da lugar a ningún debate.
Artículo 152: El presidente de la república recibe del tesoro público una indemnización mensual a partir de su prestación de juramento.
Artículo 153: El presidente de la republica tiene su residencia oficial en el Palacio Nacional, en la capital, salvo en los casos de desplazamiento de la sede del poder ejecutivo.
Artículo 154: El presidente de la república preside el consejo de ministros.
SECCIÓN C
DEL GOBIERNO
Artículo 155: El Gobierno se compone del primer ministro, los ministros y los secretarios de Estado. El primer ministro es el Jefe del Gobierno.
Artículo 156: El Gobierno conduce la política de la nación. Es responsable ante el Parlamento dentro de las condiciones previstas por la Constitución:
Artículo 157: Para ser nombrado Primer Ministro es necesario:
1) Ser haitiano de nacimiento y no haber renunciado a su nacionalidad;
2) Tener más de treinta (30) años cumplidos;
3) Gozar de sus derechos civiles y políticos y no haber sido jamás condenado a una pena aflictiva e infamante;
4) Ser propietario en Haití o ejercer allí una profesión;
5) Estar residiendo en el país por más de cinco (5) años consecutivos;
6) Haber recibido descargo de su gestión si ha sido gestor de fundos públicos.
SECCIÓN D
DC LAS ATRIBUCIONES DEL PRIMER MINISTRO
Artículo 158: El primer ministro, de acuerdo con el presidente, escoge los miembros de su gabinete ministerial y se presenta ante el Parlamento con el fin de obtener un voto de confianza sobre su declaración de política gen­eral. El voto tiene lugar mediante escrutinio público y a la mayoría absoluta de cada una de las dos (2) cámaras.
En caso de un voto de no confianza por una de las dos (2) Cámaras, el procedimiento recomienza.
Artículo 159: El primer ministro hace ejecutar las leyes. En caso de ausencia, de impedimento temporario del presidente de la república o a su solici­tud suya, el primer ministro preside el consejo de ministros. Tiene el poder de reglamentar, pero no puede jamás suspender, ni interpretar las leyes, actas y decretos, ni dispensarse de ejecutarlos.
Artículo 159-1: De acuerdo con el Presidente de la República, es responsable de la defensa nacional.
Artículo 160: El primer ministro nombra y revoca directamente o por delegación los funcionarios públicos según las condiciones previstas por la constitu­ción y por la ley sobre el estatuto general de la función pública.
Artículo 161: El primer ministro y los ministros tienen entrada a las cámaras para sostener los proyectos de leyes y las objeciones del presidente de la república así como para responder a las interpelaciones.
Artículo 162: Los actos del primer ministro son refrendados, llegado el caso, por los Ministros encargados de sus ejecuciones. El primer ministro puede tener a su cargo una cartera ministerial.
Artículo 163: El primer ministro y los ministros son responsables solidariamente tanto de los actos del presidente de la república que ellos refrenden como de los de sus ministerios. Son igualmente responsables de la ejecución de las leyes, cada uno en lo que le concierne.
Artículo 164: La función de primer ministro y la de miembro del gobierno son incompatibles con todo mandato parlamentario. En tal caso, el parla­mentario 0pta por una u otra función.
Artículo 165: En caso de renuncia del primer ministro, el gobierno queda en su lugar hasta la nominación de su sucesor, a fin de despachar los asuntos corrientes.
SECCIÓN E
DE LOS MINISTROS Y SECRETARIOS DE ESTADO
Artículo 166: El presidente de la república preside el consejo de ministros. El número de éstos no puede ser inferior a diez (10). El primer ministro, cuando lo juzgue necesario, agregara a los ministros secretarios de Estado.
Artículo 167: La ley fija el número de ministerios.
Artículo 168: La función ministerial es incompatible con el ejercicio de todos los otros empleos públicos, salvo la enseñanza superior.
Artículo 169: Los ministros son responsables de los actos del primer ministro que refrenden. Son solidariamente responsables de la ejecución de las leyes.
Artículo 169-1: En ningún caso la orden escrita o verbal del presidente de la repúbli­ca o del primer ministro puede sustraer a los ministros de la responsabilidad inherente a sus funciones.
Artículo 170: El primer ministro, los ministros y los secretarios de estado perciben las indemnizaciones mensuales establecidas por la ley presupuestal.
Artículo 171: Los ministros nombran ciertas categorías de agentes de la función pública por delegación del primer ministro, según las condiciones fijadas por la ley sobre las funciones públicas.
Artículo 172: Cuando una de las dos (2) cámaras, en ocasión de una interpelación, pone en tela de juicio la responsabilidad de un ministro por voto de censura tomado por mayoría absoluta de sus miembros, el ejecutivo revoca al ministro.
Capitulo IV
Del Poder Judicial
Artículo 173: El poder judicial es ejercido por la corte de casación, los cortes de apelación, los tribunales de primera instancia, los tribunales de paz y los Tribunales Especiales, de los cuales el número, la composición, la organización, el funcionamiento y la jurisdicción son fijados por la ley.
Artículo 173-1: Los litigios que tienen por objeto los derechos civiles son exclusiva­mente de la competencia de los tribunales.
Artículo 173-2: Ningún tribunal, ninguna jurisdicción contenciosa puede ser establecida sino es mediante una ley. No puede ser creado ningún tribunal extraordinario bajo cualquier denominación que sea.
Artículo 174: Los jueces de la corte de casación y des las cortes de apelación son nombrados por diez (10) años. Los de los tribunales de primera instancia lo son por siete (7) años. Su mandato comienza a partir de su prestación de juramento.
Artículo 175: Los jueces de la corte de casación son nombrados por el presidente de la República según una lista de tres (3) personas por asiento sometida por el senado. Los de la corte de apelación y los tribunales de primera instancia lo son según una lista sometida por la asamblea departa­mental respectiva; los jueces de paz según una lista preparada por las asambleas comunales.
Artículo 176: La Ley regula las condiciones exigibles para ser juez a todos los niveles. Se crea una escuela de la magistratura.
Artículo 177: Los jueces de la corte de casación, los de las cortes de apelación y de los tribunales de primera instancia son inamovibles. No pueden ser destituidos salvo por prevaricación legalmente pronunciada o suspendidos en si no es a causa de una inculpación. No pueden ser obje­to de traslado sin su consentimiento. Sucede lo mismo en caso de pro­moción. No puede ponerse fin a su servicio durante su mandato sino en caso de incapacidad física o mental debidamente constatada.
Artículo 178: La corte de casación no conoce el fondo de los asuntos. Sin embargo, en todas las materias que no sean las sometidas a un jurado, cuando en segunda instancia y sobre una excepción un asunto se presenta entre las mismas partes, la corte de casación al admitir el recurso, no pro­nunciará el reenvío y estatuirá sobre el fondo en sesión plenaria.
Artículo 178-1: No obstante, cuando se trate de recurso contra órdenes de referimien­to, ordenanzas del juez de instrucción, sentencias de apelación rendidas en ocasión de esas ordenanzas o contra las sentencias en última competencia de los tribunales de paz o de las decisiones de tribunales especiales, la corte de casación admitirán los recursos, conociéndolos sin reenvío.
Artículo 179: Las funciones de juez son incompatibles con todas las otras funciones asalariadas, salvo la de la enseñanza.
Artículo 180: Las audiencias de los tribunales son públicas. No obstante, éstas pueden efectuarse a puerta cerrada en el interés del orden público y las buenas costumbres, si así lo decide el tribunal.
Artículo 180-1: En materia de delito político y de delito de prensa, la puerta cerrada no puede ser pronunciada.
Artículo 181: Toda decisión o juicio es motivado y pronunciado en audiencia pública.
Artículo 181-1: Las sentencias o juicios son rendidos y ejecutados en el nombre de la república. Traen consigo el mandamiento ejecutorio a los oficiales del ministerio público y a los agentes de la fuerza pública. Los actos de notarios susceptibles de ejecución forzada son puestos de la misma forma.
Artículo 182: La corte de casación se pronuncia sobre los conflictos de atribuciones, en la forma establecida por la ley.
Artículo 182-1: Ella conoce de los hechos y del derecho en todos los casos de deci­siones rendidas por los tribunales militares.
Artículo 183: La corte de casación, en la ocasión de un litigio y sobre el reenvío que le sea hecho, se pronuncia en sesión plenaria sobre la inconstitu­cionalidad de las leyes.
Artículo 183-1: La interpretación de una ley dada por las cámaras legislativas prevale­cerá para el objeto de esa ley, sin que pueda ser retroactiva quitando derechos adquiridos.
Artículo 183-2:           Los tribunales sólo aplican las decisiones y reglamentos de administración pública si están conforme a las leyes.
Artículo 184: La ley determina las competencias de las cortes y tribunales, regula la forma de proceder ante éstos.
Artículo 184-1: La ley prevé igualmente las sanciones disciplinarias a tomar contra los jueces y los oficiales del ministerio público, con excepción de los jueces de la corte de casación, quienes son justiciables ante la suprema corte de justicia por prevaricación.
CAPÍTULO V
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Artículo 185: El senado puede erigirse en suprema corte de justicia. Los trabajos de esta corte son dirigidos por el presidente del senado asistido del Presidente y del vice-presidente de la corte de casación corno vice­presidente y secretario, respectivamente, excepto si los jueces de la corte de casación u oficiales del ministerio público ante esta corte están implicados en la acusación, en cuyo caso el presidente del sena-do se hará asistir de dos (2) senadores de los cuales uno será designa­do por el inculpado. Los senadores propuestos no tienen voz delibe­ratoria.
Artículo 186: La cámara de diputados, en mayoría de los tercios (2 3) de sus miem­bros. pronuncia la puesta en acusación:
a)         el presidente de la república, por crimen de alta traición o de todo otro crimen o delito cometido durante el ejercicio de sus funciones:
b)         Del primer ministro, de los ministros y de los secretarios de estado, por crímenes de alta traición y de malversaciones o de exceso de poder o todo otro crimen o delito cometido durante el ejercicio de sus funciones.
c)         De los miembros del consejo electoral permanente y de la corte superior de cuentas y contenciosos administrativos, por faltas graves cometidas durante el ejercicio de sus funciones:
d)         De los jueces y oficiales del ministerio público ante la corte de casación, por prevaricación.
e)         Del protector del ciudadano.
Artículo 187: Los miembros de la suprema corte de justicia prestan, individualmente y a la apertura de la audiencia, el siguiente juramento: “Juro ante Dios y ante la Nación juzgar con la imparcialidad y la firmeza que convienen a un hombre probo y libre, siguiendo mi con ciencia y mí última convicción”.
Artículo 188: La Suprema Corte de justicia, por voto secreto y a la mayoría absoluta, designa de entre sus miembros una comisión encargada de la instrucción.
Artículo 188-1: La decisión bajo forma de sentencia es hecha bajo el dictamen de la comisión de instrucción y a la mayoría de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la suprema corte de justicia
Artículo 189: La suprema corte de justicia, por escrutinio secreto y mayoría absolu­ta designa de entre sus miembros, una comisión encargada de la instrucción.
Artículo 189-1: Esta sólo puede pronunciar la pena de destitución, la inhabilitación y la privación del derecho de ejercer toda función pública durante cinco (5) años como mínimo y quince (15) años máximo.
Artículo 189-2: Sin embargo, el condenado puede ser citado ante los tribunales ordi­narios, conforme a la ley, si se hace necesario aplicar otras penas o estatuir sobre el ejercicio de la acción civil.
Artículo 190: La suprema corte de justicia, una vez apoderada. debe sesionar hasta el pronunciamiento de la decisión, sin tomar en cuenta la duración de las sesiones del cuerpo legislativo
Título VI
De las Instituciones Independientes
Capitulo I
Del Consejo Electoral Permanente
Artículo 191: El consejo electoral permanente está encargado de organizar y de con­trolar, en toda independencia, todas las operaciones electorales en todo el territorio de la república hasta la proclamación de los resulta­dos de la votación.
Artículo 191-1: Este elabora igualmente el proyecto de ley electoral, el cual somete al poder ejecutivo para las acciones que fueren necesarias.
Artículo  191-2: Se asegura de tener al día el registro electoral.
Artículo 192: El consejo electoral permanente está formado por nueve (9) miembros
escogidos según una lista de tres (3) nombres propuestos por cada una de las asambleas departamentales:
         Tres (3) son escogidos por el poder ejecutivo;
         Tres (3) son escogidos por la corte de casación;
         Tres (3) son escogidos por la asamblea nacional;
Los organismos arriba citados procurarán, tanto como sea posible, que cada uno de los departamentos sea representado.
Artículo 193: Para ser miembro del Consejo Electoral permanente es necesario:
a) Ser haitiano de nacimiento;
b) Tener por lo menos cuarenta (40) años cumplidos;
c) Gozar de sus derechos civiles y políticos y no haber sido condena­do jamás a una pena aflictiva e infamante;
d) Haber recibido descargo de su gestión si ha sido gestor de fundos públicos;
e) Haber residido en el país por lo menos tres (3) años antes de su nominación.
Artículo 194: Los miembros del consejo electoral permanente son nombrados por un periodo de nueve (9) años no renovables. Son inamovibles.
Artículo 194-1: El Consejo Electoral Permanente es renovable por tercios cada tres (3) años. El Presidente es escogido de entre los miembros.
Artículo 194-2: Ates de entrar en función, los miembros del consejo electoral per­manente prestan el siguiente juramento ante la corte de casación: “Juro respetar la constitución y las disposiciones de la ley electoral y cumplir mi labor con dignidad, independencia, imparcialidad y patriotismo”.
Artículo 195: En caso de falta grave cometida durante el ejercicio de sus funciones, los miembros del consejo electoral permanente son justiciables ante la suprema corte de justicia.
Artículo 195-1: La sede del consejo electoral permanente se encuentra en la capital. Su jurisdicción se extiende sobre todo el territorio de la república.
Artículo 196: Los miembros del consejo electoral permanente no pueden ocupar ninguna función pública, ni postularse como candidato a una función electiva mientras dure su mandato.
En caso de dimisión, todo miembro del consejo debe esperar tres (3) años antes de poder solicitar una función electiva.
Artículo 197: El consejo electoral permanente es el contencioso para todos los liti­gios elevados en ocasión sea de las elecciones, sea de la aplicación o de la violación de la ley electoral, bajo reserva de toda persecución legal a emprender contra el o los culpables ante los tribunales competentes.
Artículo 198: En caso de vacante creada por deceso. dimisión o toda otra causa, se prosee el reemplazo del miembro, siguiendo el procedimiento fijado por el Articulo 192 por el tiempo que reste, teniendo en cuenta el poder que había designado el miembro a reemplazar.
Artículo 199: La ley determina las reglas de organización y de funcionamiento del consejo electoral permanente.
CAPITULO II
DE LA CORTE SUPERIOR DE CUENTAS Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Artículo 200: La corte superior de cuentas y de lo contencioso administrativo es una jurisdicción financiera, administrativa, independiente y autónoma. Está encargada del control administrativo y jurisdiccional de los ingresos y gastos del estado, de la verificación de la contabilidad dc las empresas del estado así como de las colectividades territoriales.
Artículo 200-1: 1.a corte superior de cuentas de lo contencioso administrativo conoce los litigios que pongan en causa al estado y las colectividades.
Artículo 201: Están investidos de un (1) mandato de diez (10) años y son inamovi­bles.
Artículo 202: Antes de entrar en función, los miembros de la corte superior de cuen­tas y de lo contencioso administrativo prestan en una sesión de la corte de casación el siguiente juramento: “Juro respetar la Constitución y las leyes de ha República, cumplir mis funciones con exactitud y lealtad y conducirme en todo con dignidad”.
Artículo 203: Los miembros de la corte superior de cuentas y de lo contencioso administrativo son justiciables ante la suprema corte de justicia por faltas graves cometidas en el ejercicio de su función.
Artículo 204: La corte superior de cuentas y de lo contencioso administrativo hace llegar cada año al cuerpo legislativo, dentro de los treinta (30) días que siguen a la apertura de la primera sesión legislativa, un reporte completo sobre la situación financiera del país y sobre la eficacia de los gastos públicos.
Artículo 205: La organización de la Corte arriba mencionada. El estatuto de sus miembros y este modo de funcionamiento son establecidos por ha Ley.
CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN
Artículo 206: La comisión de conciliación está llamada a resolver los diferendos que se presenten entre el poder ejecutivo y el poder legislativo o las dos (2) ramas del poder legislativo. Está formado como sigue:
El Presidente de la corte de casación - Presidente;
El Presidente del senado - Vicepresidente;
El Presidente de la cámara de diputados - Miembro;
El Presidente del consejo electoral Permanente - Miembro;
El vice-presidente del consejo electoral permanente - Miembro;
Dos (2) ministros designados por el presidente de la república - Miembros.
Artículo 206-1: El modo de funcionamiento de la comisión de conciliación es deter­minado por la ley.
CAPÍTULO IV
DE LA PROTECCIÓN DEL CIUDADANO
Artículo 207: Es creado un oficio denominado “oficina de la protección del ciu­dadano” cuyo motivo es el de proteger todo individuo contra todas las formas de abuso de la administración pública.
Artículo 207-1: La oficina es dirigida por un ciudadano que porta el título de protector del ciudadano. Es escogido por consenso entre el presidente de la república, el presidente del senado y el presidente de la cámara de diputados. Es investido de un mandato de siete (7) años, no reno­vables.
Artículo 207-2: Su intervención en favor de todo querellante se hace sin gasto alguno, cualquiera que fuera la jurisdicción.
Artículo 207-3: Una ley fija las condiciones y reglamentos de funcionamiento de la oficina del protector del ciudadano.
CAPITULO V
DE LA UNIVERSIDAD - DE LA ACADEMIA - DE LA CULTURA
Artículo 208: La educación superior es libre. Es ofrecida por la Universidad de Haití, la cual es autónoma y por las escuelas superiores públicas y las escuelas superiores privadas aprobadas por el Estado.
Artículo 209: El Estado debe financiar el funcionamiento y el desarrollo de la Universidad de Haití y las escuelas superiores públicas. Su organi­zación y su localización deben ser examinados dentro de una perspectiva de desarrollo regional.
Artículo 210: La creación de Centros de Investigación debe ser animada.
Artículo 211: La autorización de funcionamiento para las universidades y escuelas superiores privadas es subordinada a la aprobación técnica del conse­jo de la universidad del estado, a una participación mayoritaria haitiana al nivel del capital y del cuerpo profesoral así como a la obligación de enseñar especialmente en la lengua oficial del país.
Artículo 211-1: Las universidades y escuelas superiores privadas y públicas ofrecen una enseñanza académica y práctica adaptada a la evolución y a las necesidades del desarrollo nacional.
Artículo 212: Una ley orgánica reglamenta la creación, la localización y el funcionamiento de las universidades y las escuelas públicas y privadas del país.
Artículo 213: Una academia haitiana es instituida con el propósito de realizar el idioma creol y permitir su desarrollo científico y armonioso.
Artículo 213-1: Otras academias pueden ser creadas.
Artículo 214: El título de miembro de la academia es puramente honorífico.
Artículo 214-1: La Ley determina el modo de organización y de funcionamiento de las academias.
Artículo 215: Las riquezas arqueológicas, históricas, culturales y folklóricas del país, así como las riquezas arquitectónicas, testigos de la grandeza de nuestro pasado, forman parte del patrimonio nacional. En consecuencia, los monumentos, las minas, los lugares de grandes hechos armados de nuestros ancestros, los centros reputados de nuestras creencias africanas y todos los vestigios del pasado son puestos bajo la protección del Estado.
Artículo 216: La ley determina para cada caso las condiciones especiales de esta protección.
TÍTULO VII
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Artículo 217: Las finanzas de la república son descentralizadas. Esta gestión es ase­gurada por el ministro correspondiente. El ejecutivo, asistido de un consejo interdepartamental, elabora la ley que fija la porción y la nat­uraleza de los ingresos públicos atribuidos a las colectividades terri­toriales.
Artículo 218: Ningún impuesto en provecho del Estado puede ser establecido salvo por una ley. Ningún cargo, ninguna imposición sea departamental, sea municipal, sea de sección comunal, puede ser establecido si no es con el consentimiento de sus colectividades territoriales.
Artículo 219: No puede establecerse privilegio en materia de impuestos. Ninguna excepción, ningún aumento, disminución o supresión de impuesto puede establecerse salvo por ley.
Artículo 220: Ninguna pensión, ninguna gratificación, ninguna concesión, ninguna subvención a cargo del tesoro público, puede ser acordada salvo en virtud de una ley. Las pensiones pagadas por el estado se mantienen correlacionadas con el costo de la vida.
Artículo 221: La acumulación de funciones públicas asalariadas por el Estado está formalmente prohibida, exceptuando las de enseñanza, bajo reserva de disposiciones particulares.
Artículo 222: Los procedimientos relativos a la preparación del Presupuesto y a su ejecución son determinados por la ley.
Artículo 223: El control de la ejecución de la ley sobre el presupuesto y sobre la contabilidad pública es asegurada por la corte superior de cuentas y de lo contencioso administrativo y por la oficina del presupuesto.
Artículo 224: La política monetaria nacional es determinada por el banco central conjuntamente con el ministerio de economía y de finanzas.
Artículo 225: Un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y de autonomía financiera llena las funciones de banco central. Su estatuto es determinado por la ley.
Artículo 226: El banco central es investido del privilegio exclusivo de emitir con fuerza liberatoria en todo el territorio de la república billetes repre­sentativos de la unidad monetaria y la moneda fraccionaria, según el título, el peso, la descripción, la cifra y el empleo fijados por la ley.
Artículo 227: El presupuesto de cada ministerio está dividido en capítulos y sesiones y debe ser aprobado articulo por artículo.
Artículo 227-1: Los valores a sacarse de las asignaciones presupuestarias no podrán en ningún caso sobrepasar la duodécima parte de la dotación por un mes determinado salvo en diciembre por causa del bono pagado a todos los funcionarios y empleados públicos.
Artículo 227-2: Las cuentas generales de ingresos y gastos de la república son administradas por el ministerio de finanzas según procedimientos de con­tabilidad establecidos por la ley.
Artículo 227-3: Las cuentas generales y los presupuestos prescritos por el articulo precedente, acompañados del reporte de la corte superior de cuentas y de lo contencioso administrativo deben ser sometidos a las cámaras legislativas por el ministro de finanzas a más tardar dentro de los quince (15) días después de la apertura de la sesión legislativa. El procedimiento es el mismo para el balance anual y las operaciones de la banca central, así como todas las otras cuentas del estado haitiano.
Artículo 227-4: El ejercicio administrativo comienza el primero de octubre de cada año y termina el treinta (30) de septiembre del año siguiente.
Artículo 228: Cada año, el cuerpo legislativo determina:
a) La cuenta de ingresos y gastos del estado por el año recién pasado o los años precedentes;
b) El presupuesto general del estado conteniendo del resumen y la partida de fondos destinados por año a cada ministerio.
Artículo 228-l: Sin embargo, ninguna proposición, ninguna enmienda puede ser introducida al presupuesto cuando vaya a ser votado sin la provisión correspondiente de los recursos y medios.
Artículo 228-2: Ningún aumento, ninguna reducción puede ser hecha a los sueldos de los funcionarios públicos si no es por una modificación de sus leyes aferentes.
Artículo 229: Las cámaras legislativas pueden abstenerse de todos los trabajos le­gislativos mientras los documentos mencionados no le sean presenta dos. Negarán el descargo a los ministros cuando las cuentas presentadas no ofrezcan por ellas mismas las piezas de apoyo, los elementos de verificación y apreciación necesarios.
Artículo 230: El examen y la liquidación de cuentas de la administración general y de todo gestor de fondos públicos se hacen siguiendo los proce­dimientos establecidos por la ley.
Artículo 231: En caso de que las cámaras legislativas, por cualquier razón que sea, no aprueben a tiempo el presupuesto de uno o varios departamentos ministeriales antes del cierre de las sesiones, el o los presupuestos de los departamentos interesados permanecen en vigor hasta la aprobación del nuevo presupuesto.
Artículo 232: Los organismos, las empresas autónomas y las entidades subven­cionadas por el tesoro público en su totalidad o en parte son regidas por los presupuestos especiales y sistemas de emolumentos y salarios aprobados por el poder ejecutivo.
Artículo 233: Con el propósito de ejercer el control serio y permanente de los gas­tos públicos, se elige en voto secreto, al inicio de cada sesión ordinar­ia, una comisión parlamentaria de quince (15) miembros de los cuales nueve (9) son diputados y seis (6) senadores, encargados de reportar sobre la gestión de los ministros para permitir a las dos (2) asambleas darles descargo. Esta comisión puede hacerse acompañar de especialistas que le ayuden en su acción de control.
TÍTULO VIII
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Artículo 234: La administración pública haitiana es el instrumento por el cual el estado concretiza sus misiones y objetivos. Para garantizar su rentabilidad, debe ser conducida con honestidad y eficacia.
Artículo 235: Los funcionarios públicos estarán exclusivamente al servicio del estado. Están obligados a la observancia estricta de las normas y ética determinadas por la ley sobre la función pública.
Artículo 236: La ley fija la organización de las diversas estructuras de la adminis­tración a través de la Ley sobre la función pública.
Artículo 236-1: La ley reglamenta la función pública sobre la base de aptitud, del mérito y de la disciplina. Ella garantiza la seguridad del empleo.
Artículo 236-2: La función pública es una carrera. Ningún funcionario puede ser con­tratado sino por la vía de concurso u otras condiciones prescritas por la constitución y por la ley. Su revocación debe ser pronunciada en todos los casos por lo contencioso administrativo.
Artículo 237: Los funcionarios de carrera no pertenecen a un servicio público deter­minado sino a la función pública, quien los pone a la disposición de diversos organismos del estado.
Artículo 238: Los funcionarios señalados por la ley están obligados a declarar el estado de su patrimonio a la secretaría del tribunal civil dentro de los treinta (30) días que siguen a su entrada en función. El comisario del gobierno debe tomar todas las medidas que juzgue necesarias para verificar la exactitud de la declaración.
Artículo 239: Los funcionarios y empleados públicos pueden asociarse para defen­der sus derechos en las condiciones previstas por la ley.
Artículo 240: Las funciones o cargos políticos no dan acceso a la carrera adminis­trativa, especialmente las funciones de ministro y de secretario de estado, de oficial del ministerio público, de delegado y vice-delegado, de ciii bajador de secretario privado del presidente de la república, de miembro de gabinete de ministro, de director general de departamen­to ministerial o de organismo autónomo, de miembros del consejo de administración.
Artículo 241: La ley sanciona las infracciones contra el fisco y el enriquecimiento ilícito. Los funcionarios que tengan conocimiento de tales hechos tienen por deber señalarlos a la autoridad competente.
Artículo 242: El enriquecimiento ilícito puede ser establecido por todas las formas de pruebas, especialmente por presunción de la desproporción marcada entre los medios del funcionario adquiridos después de su entrada en función y el monto acumulado de los sueldos o de los emolumen­tos a los cuales le ha concedido derecho el cargo ocupado.
Artículo 243: El funcionario culpable de los delitos arriba mencionados sólo puede beneficiarse de la prescripción bienal. Esta prescripción no comienza a correr sino a partir de la cesación de sus funciones o de las causas que habían impedido toda persecución.
Artículo 244: El estado tiene por deber el evitar las grandes disparidades de sueldo en la administración pública.
TÍTULO IX
CAPÍTULO I
DE LA ECONOMÍA - DE LA AGRICULTURA
Artículo 245: La libertad económica está garantizada mientras no se oponga al interés social. El estado protege la empresa privada y busca que ésta se desarrolle dentro de las condiciones necesarias al crecimiento de la riqueza nacional de manera que se asegure la participación del mayor número al beneficio de esta riqueza.
Artículo 246: El estado anima en el medio rural y urbano la formación de coopera­tivas de producción, la transformación de productos primarios y el espíritu de empresa con miras a promover la acumulación de capital nacional para asegurar la permanencia del desarrollo.
Artículo 247: La agricultura, fuente principal de la riqueza nacional, es garantía del bienestar de las poblaciones y del progreso socio-económico de la nación.
Artículo 248: Es creado un organismo especial denominado Instituto Nacional de la Reforma Agraria con miras a organizar la reestructuración territorial y de poner en práctica una reforma agraria en beneficio de los ver­daderos explotadores de la tierra. Este Instituto elabora una política agraria orientada hacia la optimización de la productividad por medio de la colocación de infraestructuras que busquen la protección y el acondicionamiento de la tierra.
Artículo 248-1: La ley determina la superficie mínima y máxima de las unidades de base de las explotaciones agrícolas.
Artículo 249: El estado tiene por obligación establecer las estructuras necesarias para asegurar la productividad máxima de la tierra y la comercial­ización interna de los productos. Se establecerán unidades de asesoría técnico para ayudar a los agricul­tores a nivel de cada sección comunal.
Artículo 250: Ningún monopolio puede ser establecido en favor del estado y de las colectividades territoriales salvo en interés exclusivo de la sociedad. Ese monopolio no puede ser cedido a un particular.
Artículo 251: La importación de géneros agrícolas y de sus derivados producido en cantidad suficiente en el territorio nacional está prohibida, salvo en caso de fuerza mayor.
Artículo 252: El listado puede tomar a su cargo el funcionamiento de empresas de producción de bienes y servicios esenciales a la comunidad, con fines de asegurarle la continuidad en el caso en que la existencia de esos establecimientos esté amenazada. Esas empresas serán agrupadas en un sistema integrado de gestión.
CAPÍTULO II
DEL MEDIO AMBIENTE
Artículo 253: Siendo el medio ambiente el marco natural de vida de la población, las prácticas susceptibles de perturbar el equilibrio ecológico están formalmente prohibidas.
Artículo 254: El estado organiza la puesta en valor de los sitios naturales, asegura su protección y los pone al alcance de todos.
Artículo 255: Para proteger las reservas forestales y ampliar la cobertura vegetal, el estado fomenta el desarrollo de formas de energía limpia: solar, eóli­ca y otras.
Artículo 256: En el marco de la protección al medio ambiente y de la educación pública, el estado tiene por obligación el proceder a la creación y al mantenimiento de jardines botánicos y zoológicos en ciertos puntos del territorio.
Artículo 257: La ley determina las condiciones de protección de la fauna y de la flora. Sanciona a los infractores.
Artículo 258: Nadie puede introducir en el país desechos o residuos de proveniencia extranjera cualquiera su naturaleza sea.
TÍTULO X
DE LA FAMILIA
Artículo 259: El estado protege la familia, base fundamental de la sociedad.
Artículo 260: Debe igual protección a todas las familias, se hayan constituido o no dentro de los vínculos del matrimonio. Debe procurar ayuda y asis­tencia a la maternidad, a la infancia y a la vejez.
Artículo 261: La ley asegura la protección a todos los niños. Todo niño tiene dere­cho al amor, al afecto, a la comprensión y a los cuidados morales y materiales de su padre y madre.
Artículo 262: Un código de la familia debe ser elaborado con el propósito de asegurar la protección y el respeto de los derechos de la familia y de definir las formas de investigación de la paternidad. Los tribunales y otros organismos del estado encargados de la protección de esos derechos deben ser accesibles gratuitamente al nivel de la más pequeña colectividad territorial.
TITULO XI
DE LA FUERZA PUBLICA
Artículo 263: La fuerza pública se compone de dos (2) cuerpos distintos: el ejército y la policía.
Artículo 263-1: Ningún otro cuerpo armado puede existir sobre el territorio nacional.
Artículo 263-2: Todo Miembro de la fuerza pública presta, en el momento de su reclutamiento, el juramento de fidelidad y de respeto a la constitución y a la bandera.
CAPITULO I
DE LAS FUERZAS ARMADAS
Artículo 264: Las fuerzas armadas comprenden las fuerzas de tierra, de mar, del aire y los servicios técnicos. Las fuerzas armadas de Haití son instituidas para garantizar la seguridad y la integridad del territorio de la República.
Artículo 264-1: Las fuerzas armadas son comandadas efectivamente por un oficial general que tendrá por título Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití.
Artículo 264-2: El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la constitución, es escogido entre los oficiales generales en servicio activo.
Artículo 264-3: Su mandato es fijado en tres (3) años. Es renovable.
Artículo 265: Las fuerzas armadas son apolíticas. Sus miembros no pueden formar parte de una agrupación o de un partido político y deben observar la más estricta neutralidad.
Artículo 265-1: Los miembros de las de las Fuerzas Armadas ejercen su derecho al voto, conforme a la Constitución.
Artículo 266: Las fuerzas armadas tiene por atribuciones;
a) Defender al país en caso de guerra;
b) Proteger al país contra las amenazas provenientes del exterior;
c) Asegurar la vigilancia de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas;
d) Prestar apoyo, a requerimiento motivado del ejecutivo, a la policía en el caso de que ésta última no pueda cumplir con su deber.
e) Ayudar a la nación en caso de desastre natural;
O Además de las atribuciones que les son propias, las fuerzas armadas pueden dedicarse a tareas de desarrollo.
Artículo 267: Los militares en servicio activo no pueden ser nombrados a ninguna función pública, salvo de forma temporaria para ejercer una especial­idad.
Artículo 267-1: Todo militar en servicio activo, para postularse como candidato a una función electiva, debe obtener su puesta en disponibilidad o su pues­ta en retiro un (1) año antes de la publicación del derecho electoral.
Artículo 267-2: La carrera militar es una profesión. Está jerarquizada. Las condi­ciones de reclutamiento, los grados, las promociones, revocaciones y puestas en retiro están determinados por los reglamentos de las fuerzas armadas de Haití.
Artículo 267-3: El militar sólo es justiciable frente a una corte militar por los delitos y crímenes cometidos en tiempos de guerra o por las infracciones relacionadas con la disciplina militar. No puede ser objeto de ninguna revocación, puesta en disponibilidad, reforma, o retiro anticipado sin su consentimiento. En caso de que ese consentimiento no haya sido acordado el interesado puede entablar recurso ante el tribunal competente.
Artículo 267-4: El militar conserva de por vida el último grado obtenido en las fuerzas armadas de Haití. Sólo puede privársele de éste por decisión de tri­bunal competente dada en fuerza de cosa soberanamente juzgada.
Artículo 267-5: El Estado debe acordar a los militares de todos los grados presta­ciones que garanticen plenamente su seguridad material.
Artículo 268: En el marco de un servicio nacional cívico mixto obligatorio, previs­to por la constitución en el artículo 52-3, las fuerzas armadas partici­pan en la organización y supervisión de ese servicio. El servicio militar es obligatorio para todo haitiano mayor de dieciocho (18) años. La Ley fija el modo de reclutamiento, la duración y las reglas de fun­cionamiento de esos servicios.
Artículo 268-1: Todo ciudadano tiene derecho a la autodefensa armada dentro de los limites de su domicilio, pero no tiene derecho al porte de armas sin la autorización expresa y motivada del Jefe de la Policía.
Artículo 268-2: La posesión de un arma de fuego debe ser declarada a la Policía.
Artículo 268-3: Las fuerzas armadas tienen el monopolio de la fabricación, la importación, la utilización y la posesión de armas de guerra y sus municiones, así como del material de guerra.
CAPÍTULO II
DE LAS FUERZAS DE POLICÍA
Artículo 269: La policía es un cuerpo armado. Su funcionamiento depende del mi­nisterio de justicia. Su organización y su modo de funcionamiento están regulados por la ley.
Artículo 270: El comandante en jefe de las fuerzas de policía es nombrado, con­forme a la constitución, por un mandato de tres (3) años renovables.
Artículo 271: Se crea una (1) academia y una (1) escuela de policía cuya organización y funcionamiento son fijados por la ley.
Artículo 272: Secciones especializadas, especialmente la de administración peniten­ciaría, el servicio de bomberos, el servicio de tráfico, la policía de caminos, las investigaciones criminales, el servicio de narcóticos y anticontrabando... son creados por la ley que rige la organización, el funcionamiento y la localización de las fuerzas de policía.
Artículo 273: La policía como auxiliar de la justicia investiga las infracciones, los delitos y crímenes con el propósito de descubrir y arrestar a sus autores.
Artículo 274: Los agentes de la fuerza pública en el ejercicio de sus funciones están sometidos a la responsabilidad civil y penal dentro de las formas y condiciones previstas por la constitución y por la ley.
TÍTULO XII
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 275: El descanso de la administración pública y privada y del comercio será observado en ocasión de las fiestas nacionales y de las fiestas legales.
Artículo 275-1: Las fiestas nacionales son:
1) La fiesta de la independencia nacional, el primero de enero;
2) El día de los antepasados, el 2 de enero;
3) La fiesta de la agricultura y del Trabajo, el primero de mayo;
4) La fiesta de la bandera y de la universidad, el 18 de mayo;
5) La conmemoración de la batalla de vertieres, día de las fuerzas armadas, el 18 de noviembre.
Artículo 275-2: Las fiestas legales son determinadas por la ley.
Artículo 276: La asamblea nacional no puede ratificar ningún tratado, convención o acuerdo internacional que contengan cláusulas contrarias a la presente constitución.
Artículo 276-1: La ratificación de tratados, convenciones y acuerdos internacionales es dada en forma de decreto.
Artículo 276-2: Los tratados o acuerdos internacionales, una vez sancionados y ratifi­cados en las formas previstas por la constitución, forman parte de la legislación del país y abrogan todas las leyes que les sean contrarias.
Artículo 277: El estado haitiano puede integrar una comunidad económica de Estados en la medida en que el acuerdo de asociación estimule el desarrollo económico y social de la República de Haití y no contiene ninguna cláusula contraria a la presente constitución.
Artículo 278: Ningún lugar, ninguna parte del territorio puede ser declarado en esta­do de sitio, salvo en caso de guerra civil o de invasión de parte de una fuerza extranjera.
Artículo 278-l: El acta del presidente de la república declaratoria del estado de sitio, debe ser confirmada por el primer ministro, por todos los ministros y producir convocación inmediata de la asamblea nacional llamada a pronunciarse sobre la oportunidad de la medida
Artículo 278-2: La asamblea nacional determina con el poder ejecutivo las garantías constitucionales que pueden ser suspendidas dentro de las partes del territorio puestas en estado de sitio.
Artículo 278-3: El estado de sitio caduca si no es renovado cada quince (15) días de su entrada en vigor por votación de la asamblea nacional.
Artículo 278-4: La asamblea nacional sesiona mientras dure el estado de sitio.
Artículo 279: Treinta (30) días después de su elección, el presidente de la república debe depositar en la secretaría del tribunal de primera instancia de su domicilio, el inventario notarizado de todos sus bienes, muebles e inmuebles. Hará lo mismo al final de su mandato.
Artículo 279-1: El primer ministro, los ministros y secretarios de estado están atados a la misma obligación dentro de los treinta (30) días de su instalación y de su salida de función.
Artículo 280: Ningún gasto, ninguna indemnización de cualquier tipo puede otorgarse a los miembros de los grandes cuerpos del estado a título de ta­reas especiales que les sean atribuidas.
Artículo 281: En caso de consultas nacionales el estado toma a su cargo propor­cionalmente al número de sufragios obtenidos una parte de los gastos incurridos durante las campañas electorales.
Artículo 281-1: Sólo son elegibles a tales facilidades los partidos que hayan obtenido con una base departamental de sufragio de cinco por ciento (5%) a nivel nacional un diez por ciento (10% de los sufragios expresados.
TÍTULO XIII
ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN
Artículo 282: El poder legislativo, por la proposición de una de las dos (2) cámaras o del poder ejecutivo, tiene el derecho de declarar la necesidad de enmendar la constitución, con motivos que lo apoyen.
Artículo 282-1: Esta declaración debe ganar la adhesión de las dos terceras (2/3) partes de cada una las dos (2) Cámaras. Esta no puede ser hecha sino en el curso de la última sesión ordinaria de una legislatura y es publicada inmediatamente por toda la extensión del territorio.
Artículo 283: En la primera sesión de la legislatura siguiente, las cámaras se reúnen en asamblea nacional y estatuyen sobre la enmienda propuesta.
Artículo 284: La asamblea nacional no puede sesionar, ni deliberar sobre la enmienda si las dos terceras (2/3) por lo menos de los miembros de cada una de las dos (2) cámaras no están presentes.
Artículo 284-1: Toda decisión de la asamblea nacional debe ser adoptada con la may­oría de las dos terceras (2/3) partes de los sufragios expresados.
Artículo 284-2: La enmienda obtenida sólo puede entrar en vigor después de la instalación del próximo presidente electo. En ningún caso el presidente bajo el gobierno del cual la enmienda tuvo lugar puede beneficiarse de las ventajas que de esta se deriven.
Artículo 284-3: Toda consulta popular tendiente a modificar la constitución por vía de referéndum está formalmente prohibida.
Artículo 284-4: Ninguna enmienda a la constitución puede atentar contra el carácter democrático y republicano del estado.
TITULO XIV
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 285: El consejo nacional de gobierno queda y permanece en función hasta el 7 de febrero de 1988, fecha de investidura del Presidente de la república electo bajo el amparo de la presente constitución, conforme al calendario electoral.
Artículo 285-1: El consejo nacional de gobierno está autorizado a adoptar en consejo de ministros, conforme a la constitución, decretos que tengan fuerza de ley hasta la entrada en función de los diputados y senadores elec­tos bajo el amparo de la presente constitución.
Artículo 286: Todo haitiano que haya adoptado una nacionalidad extranjera durante los veintinueve (29) años precedentes al 7 de febrero de 1986 puede, por una declaración hecha al ministerio de justicia dentro de un plazo de dos (2) años a partir de la publicación de la constitución, recobrar su nacionalidad haitiana con las ventajas que de ella se derivan, conforme a la ley.
Artículo 287: Habida cuenta de la situación de los haitianos expatriados voluntaria o involuntariamente, los plazos de residencia previstos dentro de la presente constitución, son reducidos a un año cumplido para las más próximas elecciones.
Artículo 288: En ocasión de la próxima consulta electoral, los mandatos de tres (3)            y senadores electos para cada departamento serán establecidos como sigue:
a)         El senador que haya obtenido el mayor número de votos, se beneficiará de un mandato de seis (6) años;
b)         El senador que viene en segundo lugar en lo referente al número de votos, será investido de un (1) mandato de cuatro años;
c)         El tercer senador será electo por dos (2) años.
En lo sucesivo, cada senador electo será investido por un (1) manda­to de seis (6) años.
Artículo 289: Mientras se establece el consejo electoral permanente previsto en la presente constitución, el consejo nacional de gobierno forma un con­sejo electoral provisional de nueve (9) miembros, encargado de la eje­cución y la elaboración de la ley electoral que deberá regir las próxi­mas elecciones, designado de la forma siguiente:
1)         Uno por el ejecutivo, no un funcionario;
2)         Uno por la conferencia episcopal;
3)         Uno por el consejo consultativo;
4)         Uno por la corte de casación;
5)         Uno por los organismos de defensa de los derechos humanos que no participan en las competencias electorales;
6)         Uno por el consejo de la universidad;
7)         Uno por la asociación de periodistas;
8)         Uno por los cultos reformados;
9)         Uno por el consejo nacional de cooperativas.
Artículo 289-1: Dentro de la quincena que seguirá a la ratificación de la presente cons­titución, los cuerpos u organizaciones correspondientes hacen llegar al Ejecutivo el nombre de su representante.
Artículo 289-2: En caso de abstención de un cuerpo u organización antes señalada el ejecutivo llena la o las vacantes.
Artículo 283-3: La misión de este consejo electoral provisional finaliza con la entrada en función del presidente electo.
Artículo 290: Los miembros del primer consejo electoral permanente se reparten por sorteo los mandatos de nueve (9), seis (6) y tres (3) años, previs­tos para la renovación por terceras panes (1/3) del consejo.
Artículo 291: No podrán solicitar ninguna función pública durante los diez (10) años que seguirán a la publicación de la presente constitución y eso sin perjuicio de las acciones penales o en reparación civil:
a)         Toda persona notoriamente conocida por haber sido por sus exce­sos de celo uno de los artífices de la dictadura y su mantenimiento durante los veintinueve (29) últimos años;
b)         Todo gestor de fondos públicos durante los años de la dictadura sobre quien se cierne una presunción de enriquecimiento ilícito.
c)         Toda persona denunciada por el clamor público de haber practica­do la tortura a prisioneros políticos, en ocasión de los arrestos e inter­rogatorios o de haber cometido asesinatos políticos.
Artículo 292: El consejo electoral provisional encargado de recibir los depósitos de candidaturas vela por la estricta aplicación de esta disposición.
Artículo 293: Todos los decretos de exportaciones de bienes inmobiliarias dentro de las zonas urbanas y rurales de la República de los dos (2) últimos go­biernos haitianos en provecho del Estado o de sociedades en forma­ción son anulados si el propósito por el cual fueron acogidos no ha sido ejecutado en el curso de los diez (10) últimos años.
Artículo 293-1: Todo individuo que haya sido víctima de confiscación de bienes o de desposeimiento arbitrario por razones políticas durante el periodo que se extiende del 22 de octubre de 1957 al 7 de febrero de 1986 puede recuperar sus bienes ante el tribunal competente. En ese caso, el pro­cedimiento es rápido como para los asuntos urgentes y la decisión sólo es susceptible del recurso de casación.
Artículo 294 Las condenas a penas aflictivas e infamantes por razones políticas de 1957 a 1986 no engendran ningún impedimento el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Artículo 295: Dentro de los seis (6) meses a partir de la entrada en función del primer presidente electo al amparo de la constitución de 1987, el poder ejecutivo está autorizado a proceder con todas las reformas que se juzgan necesarias dentro de la administración pública en general y en la magistratura.
TÍTULO XV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 296: Todos los códigos de leyes o manuales de justicia, todas las leyes, todos los decretos-leyes y todos los decretos y ordenes actualmente en vigor son mantenidos en todo lo que no es contrario a la presente con­stitución.
Artículo 297: Todas las leyes, todos los decretos-leyes, todos los decretos que restrinjan arbitrariamente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, especialmente:
a)         El decreto-ley del 5 de septiembre de 1935 sobre las creencias supersticiosas;
b)         La ley del 2 de agosto de 1977 que instituye el tribunal de seguridad del estado.
c)         La ley del 28 de julio de 1975 sometiendo las tierras del valle del Artibonito a un estatuto de excepción.
d)         La ley del 29 de abril de 1969 condenando toda doctrina importa­da.
Son y permanecen abrogados.
Artículo 298: La presente constitución debe ser publicada dentro de la quincena de su ratificación por vía referendaria. Entra en vigor desde su publi­cación en El monitor, periódico oficial de la república.
Dado en el palacio legislativo, en Puerto Príncipe, asiento de la asamblea nacional constituyente, el 10 de marzo de 1987, año 184 de la independencia.
 
 
Dr. Emile Jonassaint
Presidente de la Asamblea Constituyente
 
 
Dr. Jean Supplice
Vice-Presidente de la Asamblea Constituyente
 
 
 
Los Secretarios:
Sra. Bathilde Barbancourt
Sr. Jacques Saint-Louis
Dr. Raphael Michel Adelson

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Lo mas Popular en la Seccion de Constituciones


1.-Constitucion de los Estados Unidos de America,  es la ley suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania.
2.-Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos,  fue promulgada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917, reunido en la ciudad de Querétaro, y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año.
3.-Constitucion de la Republica de Argentina,  fue aprobada por una asamblea constituyente en 1853. Esta Constitución ha sido reformada siete veces, siendo la última llevada a cabo en 1994.La aprobación de la Constitución de 1853 puso fin a las guerras civiles y sentó las bases de la Organización Nacional..
4.-Constitucion de Colombia,  La constitución de 1991 es la actual carta magna de la República de Colombia. Deroga a la constitución de 1886. También se ha empezado a conocer con el nombre de Constitución de los Derechos.
5.-Constitucion de Venezuela,  adoptada el 15 de diciembre de 1999, y el 15 de febrero de 2009, le fue introducida la Enmienda Nº 1. Fue impulsada por Hugo Chávez, recibiendo un gran respaldo de diversos sectores, incluyendo a actores de la Constitución de Venezuela de 1961.

Tips de Interes sobre Constituciones


Constitucion de Republica Dominicana I,  La primera Constitucion fue promulgada el 6 de noviembre del 1844, y redactada considerando el espíritu del pensamiento liberal europeo y norteamericano, sustentandose en las ideas del contrato social de Rosseaux y las ideas que inspiraron la revolución francesa. La Republica Dominicana ha experimentado 37 reformas, la más reciente efectuada el 25 de julio de 2002. En la mayoría de los casos han sido cuestiones coyunturales, como: crisis políticas, transiciones gubernamentales, conflictos de poder, Etc. Estas reformas no han representado una verdadera fractura en la ingeniería y el alma del texto de 1844. La multiplicidad de fuentes que la inspiraron evidencia la aspiración de nuestros primeros constituyentes de abrevar en las más importantes corrientes del pensamiento político y constitucional de la época.
Constitucion de Republica Dominicana II,  Nuestra ultima constitucion del 25 de julio del 2002 tiene 14 Titulos, cuyo contenido es el siguiente: Titulos I-La Nacion, Soberania y Gobierno; II-Derechos Individuales y Sociales; III-Derechos Politicos: IV-Poder Legislativo; V-Poder Ejecutivo; VI-Poder Judicial; VII-De la Camara de Cuentas: VIII-Distrito Nacional y los Municipios; IX-Regimen de las Provincias; X-Asambleas Electorales; XI-De las Fuerzas Armadas; XII-Disposiciones Generales; XIII-Reformas Constitucionales y XIV-Disposiciones Transitorias.
Es necesario destacar que el articulo 116 de la Constitucion establece que la misma podra ser reformada si la proposicion de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la Tercera parte de los miembros de una u otra Camara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.
Constitucion de Los Estados Unidos,  es la ley suprema de los Estados Unidos de Norteamerica, fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado. La Constitución tiene un lugar central en el derecho y la cultura política estadounidense, se considera por muchos como la constitución nacional más antigua que se encuentra en vigencia.
El Preámbulo establece: "NOSOTROS, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, estatuimos y sancionamos esta CONSTITUCIÓN para los Estados Unidos de América."
Constitucion de Venezuela,  es la Carta Magna vigente de la República Bolivariana de Venezuela, fue aprobada mendiante Referendum el 15 de diciembre del 1999. Impulsada por Hugo Chávez, recibiendo un gran respaldo de diversos sectores, incluyendo actores de la Constitución de Venezuela de 1961, y el rechazo de los partidos tradicionales. La llaman la "Constitución Bolivariana", por inspirarse en los ideales de Simón Bolívar y su ideología "el Bolivarianismo".
Consta de 9 Titulos: I-Principios Fundamentales; II-Espacio Geografico y Division Politica, III-Derechos Humanos, Garantias y Deberes; IV-Poder Publico; V-Organizacion del Poder Publico; VI-Sistema socio-economico; VII-Seguridad de la Nacional; VIII-Proteccion de la Constitucion y IX-Reforma de la Constitucion. Adeamas tiene disposiciones Derogatorias, Transitorias y Finales.
Constitucion de Argentina,  la primera constitución es de fecha 1853, de la que se dotó a la actual República Argentina tras la finalización del período de anarquía comenzado en 1820; aprobada con el apoyo general de los gobiernos provinciales con la importante excepción de Buenos Aires, que se separó de hecho de la Confederación Argentina hasta 1859, año en el cual luego de ser derrotada en la Batalla de Cepeda, fue reincorporada a la Confederación sugiriendo ciertas modificaciones en el texto constitucional fue sancionada por una Convención Constituyente reunida en Santa Fe, y promulgada el 1 de mayo de 1853 por Justo José de Urquiza, a la sazón Director Provisional de la Confederación.
Se inspiró particularmente en la Constitución estadounidense al adoptar el modelo presidencialista de esta última, así como el federalismo.

Clásicos del Derecho


La Obligación,  La obligación es un vinculo de derecho que nos fuerza a una prestación para con otro. Tal definición hace que aparezca desde luego el primer carácter de la obligación, vinculo de derecho, vinculum juris, entre dos o mas personas. Pero no pone de relieve mas que el lado pasivo de la obligación: una de las personas relacionadas esta obligada hacia la otra; debe efectuar una prestación; es deudora.
La obligación es un elemento del pasivo de su patrimonio, una deuda. Ahora bien, la obligación presenta necesariamente una faz inversa. Para la persona que debe beneficiarse de la prestación debida, esta es un elemento del activo de su patrimonio, un crédito. Vista desde ese angulo de crédito, la obligación, el derecho personal, aparece con el mismo titulo que un derecho real, como un elemento de riquezas.
Caracteres de las Obligaciones,  1° La obligación es un vínculo de derecho en virtud del cual el deudor está sujeto a ejecutar una prestación. Las obligaciones van acompañadas de medidas coactivas.
2° La obligación es un derecho de naturaleza pecuniaria y se opone así a las relaciones de familia, tales como la patria potestad, y a los derechos de la personalidad.
3° La obligación es una relación personal entre acreedor y deudor. El acreedor carece de derecho directo sobre los bienes de su deudor; y solo tiene, a través de este último, un derecho contra su patrimonio en el estado en que el mismo se encuentra en el momento del embargo; este derecho del acreedor se llama impropiamente derecho de prenda general sobre el patrimonio del deudor. Las obligaciones pueden serlo en número ilimitadas.
Fuentes de las Obligaciones: Voluntarias y no Voluntarias,  La fuente voluntaria: La obligación encuentra su fuente en la voluntad del deudor. Unas veces en la voluntad común de acreedor y del deudor, que se ponen de acuerdo para crear entre ellos un vínculo de derecho: es el contrato. Fuentes no Voluntarias: La obligación se impone al deudor fuera de su voluntad:
a) ya sea que haya cometido un culpa, culpa intencional o delito, culpa no intencional o cuasidelito.
b) ya sea que el hecho del deudor no constituye una culpa. Se está entonces en presencia de actor jurídicos diversos denominados cuasicontratos: pago de lo indebido, gestión de negocios ajenos, enriquecimiento sin causa.
c) Ya sea, en fin, que la obligación nazca directamente de la ley, fuera de toda culpa, e incluso de todo hecho del deudor.
El Contrato,  El contrato es una convención por la cual una o mas personas se obligan, hacia otra o varias mas, a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa. El lenguaje corriente se emplean como sinónimos del contrato otros dos términos: actos jurídico y convención; pero, en el lenguaje del derecho, cada una de esas palabras posee, o debería poseer, un sentido técnico preciso:
1° El acto jurídico es toda manifestación de voluntad que tenga por fin producir un efecto jurico, modificar una situación jurídica.
2° La convención es, pues, una categoría particular de actos jurídicos.
3° El contrato es una convención generadora de derecho. El contrato es, por consiguiente, una especie particular de convención. La compraventa es un contrato, porque un derecho para el comprador y el vendedor.
Clasificación de Contratos Derivadas de sus Requisitos de Fondo.,  El requisito esencial de la formación de los contratos es la voluntad. En los contratos de adhesión no se abre un libre debate entre las partes, como en los contratos de mutuo acuerdo. Se ha concluido de eso que los contratos de adhesión no constituían verdaderos contratos: opinión exagerada: sin la voluntad de las partes, no nace la obligación.
El contrato colectivo obliga a personas que, no han consentido directamente. Sucede así en materia de concordato, de asociación sindical de propietarios, de convención colectiva de trabajo. A veces el legislador obliga algunas personas a estableces entre sí relación jurídicas; tal, es el caso del contrato de salario dirigido, e igualmente en la participaciones o cambio impuestos por la reconstitución de un patrimonio desmembrado.
Contratos Conmutativos y Aleatorios,  Se trata de una subdivisión de los contratos a títulos onerosos.
El contrato es conmutativo cuando la ventaja que cada una de las partes obtiene del contrato es susceptible de ser avaluada por ella en el momento de la conclusión del acto; en la contraventa, el comprador y el vendedor pueden apreciar el interés que tienen en contratar.
El contrato aleatorio es aquel en el cual la ventaja que las partes obtendrán del contrato no es apreciable en el momento de la perfección del contrato, porque ello depende un acontecimiento incierto. El contrato de juego, la apuesta, la lotería, son aleatorios.
Igualmente el contrato de renta vitalicia, por el cual, a cambio de la enajenación de un inmueble, el acreedor de la renta recibirá durante el resto de su vida una renta anual.
El Derecho Positivo Actual,  La noción de orden público se ha desarrollado considerablemente. Su elasticidad ha permitido extenderlo siempre que las necesidades sociales lo exigían; sobre todo en el ámbito de la economía, cuando las necesidades de abastecimiento han impuesto la determinación de contingentes y un racionamiento de los productos por vía de la autoridad. El retorno a la abundancia ha tenido por consecuencia devolver a la iniciativa privada una parte de lo que se le había escapado momentáneamente; no deja por eso de ser menos cierto que el orden económico es una rama del orden público, porque contribuye al bien común. La noción de buenas costumbres constituye un aspecto particular del orden público. Sus contornos son imprecisos; comprende la moral sexual, pero asimismo las ideas morales admitidas en una época determinada.



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