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Decretos / 2001-2005 / Destino bienes incautados  Descargar  atras Buscar

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Dec. No. 571-05 que regula la administración y destino de los bienes incautados en los procedimientos penales, y deroga el Decreto No. 19-03 del 14 de enero del 2003.

 

 

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la República Dominicana
 
NUMERO: 571-05
 
CONSIDERANDO: Que uno de los aspectos fundamentales de la investigación penal lo constituye el relativo a la identificación, ubicación e incautación de los bienes o instrumentos utilizados para la comisión de las infracciones, así como los que sean el producto de actividades delictivas, para fines de su posterior decomiso.
 
CONSIDERANDO: Que en nuestra legislación no se encuentra reglamentada de forma general y detallada la administración, custodia, cuidado y disposición de bienes incautados con motivo de investigaciones y procesos penales.
 
CONSIDERANDO: Que es necesario establecer un sistema coherente de administración y disposición de bienes incautados que posibilite la conservación material de dichos bienes o de su valor al momento en que sea adoptada dicha medida procesal, mientras dure el proceso penal, así como utilizar sus frutos e intereses en los esfuerzos para la prevención y represión del delito.
 
CONSIDERANDO: Que la Ley No. 78-03, de fecha 15 de abril de 2003, que contiene el Estatuto del Ministerio Público dispone que los miembros del Ministerio Público y de la Policía Judicial son responsables penal y civilmente de la custodia y cuidado de los bienes ocupados con motivo de las investigaciones penales, con la única excepción de las drogas y sustancias controladas cuya custodia debe ser mantenida en la forma establecida en la Ley No. 50-88, de fecha 30 de mayo del 1988.
 
CONSIDERANDO: Que como consecuencia de la anterior disposición legal, la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados prevista en la Ley No. 72-02, de fecha 7 de junio de 2002 sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, ha quedado sin objeto, por lo que resulta conveniente el inicio de un proceso coherente y organizado de traspaso de la custodia de los bienes incautados por infracciones a la señalada ley al Ministerio Público.
 
VISTA la Ley No. 78-03, de fecha 15 de abril de 2003 contentiva del Estatuto del Ministerio Público.
 
VISTA la Ley No. 72-02, de fecha 7 de junio de 2002 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
 
VISTA la Ley No. 76-02, de fecha 19 de julio de 2002 contentiva del Código Procesal Penal.
 
VISTA la Ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04, de fecha 28 de enero del 2004.
 
VISTO el Plan de Seguridad Democrática elaborado por el Gobierno Nacional, así como los Lineamientos de Política Criminal elaborados por la Procuraduría General de la República.
 
 
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente
 
D E C R E T O:
 
ARTICULO 1.- El presente decreto tiene por objeto regular la administración y destino de los bienes incautados en los procedimientos penales.
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Decreto, se entiende por:
 
1.          Ministerio Público: El órgano del Ministerio Público que haya practicado la incautación.
 
2.          Unidad: La “Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados” de la Procuraduría General de la República.
 
ARTICULO 3.- La administración de los bienes incautados comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión. Serán conservados en el estado en que se hayan incautado, salvo el deterioro normal que se les cause por el transcurso del tiempo o su uso en los casos permitidos.
 
ARTICULO 4.- El Ministerio Público hará constar, en el más breve plazo, en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables, la incautación de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas o establecimientos comerciales, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o constancia.
 
ARTICULO 5.- La incautación de bienes no implica que éstos entren al patrimonio del Estado. En consecuencia, para su administración, depósito o arrendamiento, no serán aplicables las disposiciones propias de los bienes de patrimonio estatal.
 
Las adquisiciones de bienes y servicios que sean realizadas con los recursos generados por los bienes incautados estarán sometidos al procedimiento establecido en la ley y a la reglamentación que sobre contrataciones, concursos y licitaciones públicas dicte el Poder Ejecutivo para los órganos y entidades de la Administración Pública.
 
ARTICULO 6.- Los bienes incautados serán custodiados y conservados en los lugares que determine la Unidad, con las excepciones previstas en las leyes y en este Decreto.
 
ARTICULO 7.- Cuando los bienes incautados por el Ministerio Público consistan en armas de fuego, municiones, explosivos o pertrechos militares y policiales que no sean necesarios como medio de prueba para la presentación de cargos, la custodia estará a cargo de la Policía Nacional conforme a los mecanismos establecidos por la Secretaria de Estado de Interior y Policía. En caso de que las armas de fuego, municiones y explosivos hubieren sido utilizados en la comisión de una infracción penal serán remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) a fin de realizar los experticios correspondientes y posteriormente remitidas a la Secretaria de Estado de Interior y Policía de acuerdo con el procedimiento establecido.
 
Tratándose de narcóticos y sustancias controladas se procederá en los términos de la Ley No. 50-88, del 30 de mayo de 1988.
 
En ambos casos se respetarán las normas establecidas por el Ministerio Público respecto a la cadena de custodia.
 
ARTICULO 8.- Cuando se incauten automotores y maquinarias pesadas de uso agrícola, comercial o industrial, la Unidad estará facultada a conceder su uso institucional por razones de interés público, a órganos o entidades públicas, con la obligación de su debido cuidado y mantenimiento.
 
ARTICULO 9.- Los aviones, avionetas, helicópteros y material de vuelo, incautados por el Ministerio Público serán confiados por la Unidad en uso exclusivamente institucional a la Fuerza Aérea Dominicana.
 
Por su parte, las embarcaciones fluviales, lacustre y material de navegación serán confiadas exclusivamente en uso institucional a la Marina de Guerra.
 
La Fuerza Aérea Dominicana y la Marina de Guerra quedarán obligadas a un adecuado cuidado y mantenimiento de estos bienes, debiendo elevar a la Unidad informes trimestrales sobre su estado de conservación y el uso que se les hubiere dado.
 
ARTICULO 10.- Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se incauten, serán provistas de los cuidados necesarios y depositados por la Unidad en zoológicos o en instituciones análogas, considerando la opinión de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 
ARTICULO 11.- Las obras de arte, arqueológicas o históricas que se incauten, serán provistas de los cuidados necesarios y depositados por la Unidad en museos, centros o instituciones culturales públicas, considerando la opinión de la Secretaría de Estado de Cultura.
 
ARTICULO 12.- Las piedras y metales preciosos incautados serán custodiados y cuidados en el Banco Central de la República Dominicana.
 
ARTICULO 13.- La moneda nacional o extranjera incautada, deberá depositarse en una cuenta especializada a nombre de la Unidad e invertidas únicamente en instrumentos de inversión financiera de alto rendimiento emitidos por el Banco de Reservas de la Republica Dominicana y/o del Banco Central de la República Dominicana. En el caso de la incautación de moneda extranjera, previo a la inversión, la Unidad procederá a su canje en moneda nacional en base a la tasa de cambio que rija en el mercado.
 
En caso de billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, sea necesario conservar para fines del procedimiento preparatorio o el proceso penal, la Unidad los guardará y conservará en el estado en que los reciba.
 
ARTICULO 14.- Cuando los bienes incautados consistan en instrumentos de inversión financiera, tales como Libretas de Ahorros, Cuentas de Cheques, Certificados de Depósitos, Certificados Financieros, Contratos de Participación en Hipotecas Aseguradas, Bonos, Obligaciones, Títulos Valores, etc., la Unidad solicitará a las entidades financieras o bursátiles que los hayan emitidos que procedan a su cancelación y le transfieran su producto para fines de ser depositados e invertidos en la forma prevista en el artículo anterior.
 
ARTICULO 15.- Los inmuebles, viviendas familiares (casas, apartamentos, villas), locales comerciales, solares, fincas, entre otros, que se incauten podrán ser arrendados o quedar depositados con alguno de sus ocupantes si así lo dispone la Unidad, conforme a los lineamientos trazados por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, si estos bienes proceden de incautaciones realizadas en virtud de la Ley 72-02. En todo caso, se respetarán los derechos legítimos de terceros.
 
PARRAFO I.- Asimismo, y bajo el mismo requerimiento, la Unidad estará facultada a conceder el uso institucional de bienes incautados, por razones de interés público, a órganos o entidades públicas con la obligación de su debido cuidado y mantenimiento.
 
ARTICULO 16.- Los inmuebles incautados susceptibles de destinarse a actividades agropecuarias, a fin de mantenerlos productivos, serán administrados o dados en arrendamiento a terceros, previa opinión de la Secretaría de Estado de Agricultura.
 
ARTICULO 17.- Cuando se incauten empresas o establecimientos comerciales, la Unidad nombrará un administrador, que tendrá las facultades necesarias para mantenerlos en operación y buena marcha, pero no podrá enajenar ni gravar los bienes que constituyan parte del activo fijo de la empresa o establecimiento.
 
La Unidad podrá autorizar al administrador a que proceda a la suspensión o cierre definitivo de las empresas o establecimientos comerciales, cuando las actividades de éstos resulten incosteables.
 
ARTICULO 18.- Las personas que sean designadas como depositarios o administradores de bienes incautados que sean productivos tendrán las siguientes obligaciones: organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas y financieras de los bienes bajo su responsabilidad incluida la enajenación de frutos o productos y extender en su caso recibos. Si son explotaciones agrícolas, industriales, mercantiles o de servicios efectuar las labores u operaciones que exija cada una de ellas; entregar con oportunidad a la Unidad la información requerida; cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias, así como los lineamientos que sean dictados por la autoridad competente conforme a este Decreto; recaudar oportunamente el importe de toda obligación; efectuar un control interno sobre los compromisos, gastos y desembolsos; llevar los correspondientes libros de contabilidad; presentar informes periódicos a la Unidad sobre su administración; remitir a la Unidad los valores recaudados; las demás que le señale la Unidad; y, en general, cumplir con todos los deberes que impone el Código Civil a los depositarios, así como la de empleador respecto al personal que requiera para el buen manejo del bien administrado.
 
ARTICULO 19.- Podrán ser designados como depositario-administradores de bienes incautados personas físicas y jurídicas. En caso de que se designe a una persona física, deberá reunir los requisitos siguientes: Tener 25 años de edad, ser de nacionalidad dominicana, hallarse en ejercicio de los derechos de ciudadanía, no tener antecedentes penales y acreditar aptitud y experiencia para el cargo. Si el depositario-administrador designado fuera una persona jurídica deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que cumple con los demás requisitos exigidos por las leyes dominicanas para su funcionamiento. En ambos casos, y siempre que se trate de personas de derecho privado será necesario cumplir con un proceso de selección pública de acuerdo a las normas vigentes.
 
ARTICULO 20.- No podrá ser depositario-administrador de bienes incautados: quien fuere cónyuge o pariente del encausado dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la persona a quien se le aprehendió o incautó el bien inmueble objeto de administración; quien personalmente o como representante de personas jurídicas tuviere contratos con el encausado; quien, por cualquier causa, tuviere interés personal o económico en el giro de la administración; quienes estuvieren impedidos de contratar de conformidad a la ley; y quienes sean parientes de un miembro del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, del Ministerio Público o del Director o Encargado de la Unidad hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
 
ARTICULO 21.- Los depositarios o administradores de bienes incautados, así como los arrendatarios, estarán obligados a brindar todas las facilidades para que la autoridad judicial, el Ministerio Público o la Unidad, cuando así lo requieran, practiquen con dichos bienes las diligencias del procedimiento penal necesarias, o inspeccionar el estado en que se encuentran.
 
ARTICULO 22.- A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo de la incautación, se les dará el mismo tratamiento que a los bienes incautados que los generen.
 
En todo caso, los recursos que se obtengan de la administración o arrendamiento de los bienes incautados se destinarán a resarcir el costo de mantenimiento, incluido el generado por las pólizas de seguros, así como su administración.
 
ARTICULO 23.- Los bienes semovientes, fungibles y los perecederos, así como aquellos bienes que sean de mantenimiento incosteable o puedan depreciarse de acuerdo al Código Tributario, podrán ser enajenados siguiendo procedimientos que garanticen publicidad y transparencia dictados por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, en aquellos casos en que los bienes hayan sido incautados en virtud de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas y otras Infracciones Graves. En los demás casos estos lineamientos serán dictados por el Consejo General de Procuradores.
 
Los bienes perecederos podrán ser donados a personas o instituciones que realicen actividades de beneficencia, de investigación científica u otras análogas, que los requieran para el desarrollo de sus actividades.
 
El producto que se obtenga de la enajenación de los bienes a que se refiere este artículo será invertido conforme al Artículo 13 de este Decreto.
 
ARTICULO 24.- Los intereses que generen los instrumentos de inversión que se constituyan en el Banco de Reservas de la Republica o en el Banco Central, con motivo de la incautación de moneda nacional o extranjera o de embargo preventivo de instrumentos de inversión en entidades de intermediación financiera o bursátil, así como los originados en la enajenación de bienes incautados en los casos permitidos, o los que sean el producto de la administración o arrendamiento de dichos bienes, serán distribuidos de la siguiente manera:
 
1.                  Si se trata de depósitos cuyos fondos se originen en la incautación de instrumentos financieros de inversión o de moneda nacional o extranjera con motivo de investigaciones penales relativos a los delitos previstos en la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos, cuando éstos provengan de los delitos señalados en la ley, tales como tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y trata y tráfico ilícito de personas, los intereses generados serán destinados a financiar necesidades logísticas y operativas en materia de persecución del narcotráfico y otros delitos, así como programas o instrumentos de prevención de drogas dentro de la estrategia contenida en el Plan de Seguridad Democrática y en el Plan Nacional de Drogas.
 
2.                  En caso de depósitos cuyos fondos se originen en la enajenación provisional de bienes incautados previstos en el Artículo 14 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, los intereses generados serán distribuidos conforme lo disponen los Artículos 17 y 33 de la señalada Ley No. 72-02. La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas sólo podrán destinar estos recursos a programas específicos, previamente aprobados por sus Consejos Directivos, y en ningún caso para cubrir cargas fijas.
 
3.                  Cuando los depósitos se originen en fondos incautados con motivo de infracciones penales distintas de las previstas en el numeral anterior, los recursos serán destinados para financiar aspectos contenidos en los Lineamientos de Política Criminal del Estado.
 
ARTICULO 25.- En caso de que por sentencia judicial con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada se dispusiere el decomiso o la devolución de un bien incautado consentido en administración o arrendamiento por la Unidad, el contrato continuará vigente hasta el vencimiento del plazo pactado, sin perjuicio de las previsiones sobre terminación anticipada previstas en el respectivo contrato. En caso de proceder la devolución física del bien se efectuará la cesión del contrato de administración o arrendamiento al titular del derecho respectivo.
 
ARTICULO 26.- Cuando la autoridad competente determine la devolución de los bienes que hubieren sido previamente enajenados con base en el Artículo 23 de este Decreto, y lo establecido en la ley, o la Unidad se encuentre en imposibilidad de devolverlos, por pérdida o extravío, dicha devolución se tendrá por cumplida entregando el valor de los bienes al realizarse la incautación.
 
ARTICULO 27.- La “Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados” creada por la Procuraduría General de la República, a los fines de hacer efectiva la obligación de custodia y conservación y fiscalización de bienes incautados en los procesos penales puestas a cargo del Ministerio Público por el Artículo 16, letra i), de la Ley No. 78-03, contentiva del Estatuto del Ministerio Público, estará a cargo de un Director, designado por el Procurador General de la República, quien deberá reunir la condición de ser dominicano, mayor de 25 años, no tener antecedentes penales, y ser licenciado en administración de empresas, contabilidad o auditoria, o en ausencia de unos de estos títulos académicos, acreditar experiencia suficiente en el área de la administración.
 
PARRAFO.- Excepcionalmente el primer Director de esta Unidad será designado por el Poder Ejecutivo con la finalidad de garantizar la transición adecuada de las labores que actualmente cumple la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados a la nueva Unidad dependiente de la Procuraduría General de la República. Una vez cumplida esta etapa corresponderá al Procurador General de la República ratificar el Director o disponer el nombramiento de uno nuevo.
 
ARTICULO 28.- La Unidad deberá diseñar dentro de la página Web de la Procuraduría General de la República un espacio destinado a brindar información respecto de los bienes incautados, particularmente de su identificación, el destino que se le ha dado, así como la persona física o moral, entidad u órgano público, que tenga a su cargo la administración y/o uso institucional y/o arrendamiento.
 
ARTICULO 29.- Será obligación de la Unidad realizar una tasación que refleje el valor de los bienes incautados al momento de la incautación, así como amparar, aquellos bienes que lo requieran, con pólizas de seguros que cubran los distintos riesgos, las que serán contratadas con una compañía de seguros cuyo capital provenga mayoritariamente de una entidad pública.
 
ARTICULO 30.- La Unidad estará obligada asimismo a informar al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, en el más breve plazo, respecto del destino dado a los bienes incautados con motivo de procesos penales seguidos por violación a la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos provenientes del Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, así como de cualquier cambio que en el curso de la medida precautoria afecte a estos bienes.
 
ARTICULO 31.- La Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República asumirá de manera inmediata la custodia y administración de todos los bienes incautados como consecuencia de los delitos de tráfico, distribución y venta de drogas, lavado de activos provenientes del narcotráfico, trata y tráfico ilícito de personas y tráfico de armas.
 
La Procuraduría General de la República en coordinación con el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, prevista en la Ley No. 72-02, dispondrán de un plazo de veinticuatro (24) meses para elaborar un inventario detallado de todos los bienes que actualmente se encuentren incautados con motivo de infracciones de lavado de activos provenientes de otros delitos, y que materialmente estén bajo el control de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautadas y Decomisados, a los fines de traspasar su custodia de forma progresiva a la Unidad.
 
Una vez vencido este plazo la custodia y conservación de la totalidad de estos bienes será asumida directamente por la Unidad. El inventario deberá ser incorporado en soporte electrónico y difundido en la página Web de la Procuraduría General de la República.
 
ARTICULO 32.- La Procuraduría General de la República deberá proceder de inmediato a realizar, en el plazo previsto en el artículo anterior, un inventario a nivel nacional de los bienes incautados con motivos de procesos penales distintos a los previstos en la Ley No. 72-02, e incorporar estos datos en soporte electrónico y difundirlo en su página Web.
 
ARTICULO 33.- Comuníquese este Decreto a la Procuraduría General de la República, al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, al Consejo Nacional de Drogas, a la Dirección Nacional de Control de Drogas y a la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, la Secretaría de Estado de Agricultura, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Estado de Cultura, la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea Dominicana, para su más estricto cumplimiento.
 
ARTICULO 34.- El presente decreto deroga y sustituye el Decreto No. 19-03, de fecha 14 de enero del año 2003.
 
DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once (11) días del mes de octubre del año dos mil cinco (2005); años 162 de la Independencia y 143 de la Restauración.
 
 
 
LEONEL FERNANDEZ

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