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Reglamentos

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Reglamentos / Suprema Corte / Interceptacion Telefonica  Descargar   atras Buscar

DRLEYES
Reglamento Inceptacion Telefonica
Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Edgar Hernández Mejía, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous y Pedro Romero Confesor, miembros, asistidos de la Secretaria General, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 13 de noviembre del 2003, años 160° de la Independencia y 141° de la Restauración, dicta en Cámara de Consejo, la siguiente resolución:
Visto el artículo 8, literal j, numeral 9 de la Constitución de la República; el artículo 29 de la Ley 821 sobre Organización Judicial; el artículo 14 de la Ley 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 1948; la Convención Americana de los Derechos Humanos, del 1969; el artículo 337 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; el artículo 367 y siguientes del Código Penal; la Resolución 36-00 del 19 de diciembre del año 2000 del Instituto Dominicano para las Telecomunicaciones (INDOTEL);
CONSIDERANDO, que la Suprema Corte de Justicia tiene dentro de sus atribuciones la de velar por el buen desenvolvimiento de las labores de los tribunales de la República;
CONSIDERANDO, que en virtud de lo establecido por el artículo 29-2 de la Ley 821 sobre Organización Judicial, es deber de la Suprema Corte de Justicia determinar el procedimiento judicial que deberá observarse en los casos ocurrentes, cuando no esté establecido en la ley, o resolver cualquier punto que para tal procedimiento sea necesario;
CONSIDERANDO, que la Suprema Corte de Justicia está investida de la facultad de crear reglamentos para la aplicación de normas de carácter legal cuando la disposición a aplicar no establezca pautas que hagan viable su aplicación;
CONSIDERANDO, que actualmente en el país no está reglamentado el procedimiento para la obtención de pruebas, mediante la interceptación telefónica, derivada de indagatorias relacionadas con actos violatorios a la ley penal que antecedan al apoderamiento de los tribunales encargados de conocer el fondo del asunto;
CONSIDERANDO, que el principio establecido en la Constitución de la República, en su artículo 8, literal j), numeral 9, consagra la inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, los cuales no podrán ser ocupados ni registrados, sino mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia, lo que deberá entenderse en el sentido de que la referida privacidad sólo podrá ser vulnerada por disposición de un juez cuando exista causa probable en contra del ciudadano, más no así cuando se trate de una acción tendente a violar el estado de privacidad, por cualquier medio, en los casos extraños a la sustanciación del proceso judicial. Para estos fines se considerará que el proceso judicial se inicia desde el momento en que el juez de instrucción autoriza la interceptación;
CONSIDERANDO, que la República Dominicana es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 12 declara que nadie será objeto de intrusiones arbitrarias en su vida privada, su familia, al tiempo de señalar que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales intromisiones o amenazas;
CONSIDERANDO, que la República Dominicana es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos del 1969, cuyo artículo 11 consagra: a) El derecho de toda persona a ser respetada en su honra y al reconocimiento de su dignidad; b) La prohibición de las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de las personas, y c) La protección legal debida a toda persona contra tales injerencias o ataques;
CONSIDERANDO, que el Instituto Dominicano para las Telecomunicaciones (INDOTEL), creado mediante la Ley No. 153-98, con la finalidad de regular todos los servicios que se originan en las telecomunicaciones, mediante su resolución No. 36-00 de fecha 19 de diciembre del año 2000, establece sanciones a las compañías prestadoras de servicios de telecomunicaciones cuando ellas permitan interceptaciones sin la debida autorización judicial;
CONSIDERANDO, que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación proveen recursos y medios cuya utilización con fines ilícitos exigen del Estado medidas adecuadas y eficaces de control compatibles con el orden público y los derechos de las personas, por lo que toda forma de intervención estatal que afecte derechos fundamentales ha de producirse por una decisión motivada y escrita de autoridad judicial competente;
CONSIDERANDO, que las autoridades encargadas de perseguir las infracciones, de igual forma, deben auxiliarse de estos medios con el propósito de obtener mayor nivel de eficiencia en la aplicación de la ley;

CONSIDERANDO, que los medios probatorios previstos en nuestro Código de Procedimiento Criminal, a fines de establecer la existencia de los hechos imputados a los procesados, resultan insuficientes cuando los infractores se valen de los medios de telecomunicaciones para planificar, dirigir, ejecutar o facilitar sus acciones ilícitas.

Por tales motivos,
RESUELVE:
Establecer el siguiente Reglamento sobre la Autorización Judicial para la Vigilancia e Interceptación Electrónica de Comunicaciones:
Artículo 1.- Definiciones.
Para los fines de la presente Resolución se define:
          1. Empresa Prestadora de Servicio: Es la empresa que ofrece determinado servicio de telecomunicación.
          2. Interceptación: Es la acción de captar o escuchar por cualquier medio electrónico la comunicación privada entre particulares.
          3. Causa Probable: Toda circunstancia o conjunto de circunstancias, apreciadas libremente por el juez, que indique de manera razonable: a) Que el servicio o medio intervenido está siendo utilizado para propósitos ilegales; b) Que mediante la intervención de un servicio de telecomunicaciones o de cualesquier otro medio de comunicación podría obtenerse evidencias o elementos para sostener la acusación penal contra alguien, en relación a uno o varios hechos reñidos con la ley; y c) Que la aplicación de este mecanismo de interceptación judicial es el único o más favorable medio de obtener esas pruebas en cualquier caso. 
          4. Medios de Prueba: Los medios de prueba serán aquellos que sean obtenidos legítimamente, consistentes en las peticiones de los procuradores fiscales competentes o a iniciativa de un juez de instrucción, amparadas por denuncias de parte interesada o a solicitud de una autoridad, para obtener la autorización judicial de interceptación telefónica, cuya grabación y transcripción de las conversaciones estén debidamente certificadas por el fiscal actuante para usarlo como medio de prueba contra el imputado.
          5. Hallazgo Inevitable: Cuando durante la realización de una intervención previamente autorizada por el juez en la comprobación de un hecho ilícito determinado se logra descubrir la existencia o la prueba de otro hecho ilícito hasta ese momento desconocido, se necesitará una nueva autorización del juez.
          6. Autoridad Judicial Competente: El juez de instrucción perteneciente al Poder Judicial, dentro de su jurisdicción territorial, es la autoridad judicial competente para aprobar la autorización judicial para la interceptación en cada caso en particular que le sea solicitada por el procurador fiscal competente del mismo distrito judicial.
 
Artículo 2- Objeto.
El presente reglamento establece las normas y procedimientos mediante los cuales el juez competente podrá autorizar la intervención o vigilancia de comunicaciones para la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia. Es objeto de este reglamento asegurar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales, en cuanto al secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, celular, cablegráfica, internet y otras formas de comunicación privadas cuando la interceptación resulte indispensable para la recolección de evidencias en una investigación criminal con fines judiciales.
Artículo 3- Ámbito de la Aplicación.
Podrán ser objeto de autorización, las solicitudes para la interceptación electrónica en investigaciones relacionadas con las siguientes infracciones:
          a) Violaciones a la ley sobre drogas y sustancias controladas.
          b) Lavado de dinero y activos provenientes del narcotráfico y otros actos ilícitos.
          c) Crímenes y delitos contra la seguridad del Estado.
          d) Terrorismo.
          e) Secuestros.
          f) Crímenes contra los derechos humanos.
          g) Crímenes cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
          h) Soborno o cohecho de los funcionarios públicos.
          i) Crímenes capitales.
          j) Infracciones sexuales contra los menores.
          k) Violaciones sexuales y violencia intrafamiliar.
          l) Interceptaciones ilegales realizadas por personas particulares sin autorización legal, en violación del artículo 337 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97.
          m) Cualquier otro crimen o delito que necesite de la interceptación por su peligrosidad y carácter de antisocial, o por la dificultad de obtener por otros medios la prueba de su comisión. 
Artículo 4- Solicitud.
El procedimiento de autorización judicial se inicia con la presencia del representante del ministerio público competente ante el juez de instrucción que corresponda territorialmente para dar inicio a la investigación de un delito o un crimen. Esta solicitud deberá presentarse por escrito y contendrá las indicaciones precisas de los siguientes elementos:
          a) Agencia de investigación que efectuará las pesquisas y grabaciones.
          b) Nombre y otros datos que permitan identificar a la persona que será afectada con la medida de interceptación o vigilancia electrónica.
          c) Descripción del hecho que se investiga y se trata de establecer, al cual se asocia el investigado.
          d) Descripción de las diligencias de investigación que hasta el momento se hayan realizado en el caso.
 
Artículo 5.- Vigilancia de las denuncias.
El procurador fiscal competente en cada distrito judicial, deberá contar con una oficina destinada a la investigación de crímenes y delitos, en sus funciones de oficial de la policía judicial, con servicio permanente, los siete (7) días de la semana, con la finalidad de recibir y ponderar las denuncias de usuarios de teléfonos que sospechen que sus respectivas líneas están siendo intervenidas en violación del artículo 337 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, y de su derecho constitucional al secreto de las telecomunicaciones, o de denuncias realizadas por usuarios de teléfonos en el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL); debiendo el fiscal comprobar la seriedad de la denuncia y si la interceptación está autorizada  judicialmente o no. Asimismo, esta oficina recibirá las solicitudes de las agencias del Estado, para la interceptación de teléfonos conforme a una investigación criminal e impulsará el procedimiento para la autorización judicial correspondiente.
Artículo 6.- Competencia.
En todos los casos la competencia para conocer las solicitudes de autorización de las interceptaciones telefónicas, corresponde al juez de instrucción del mismo distrito judicial del procurador fiscal, encargado de la investigación del caso. En los lugares donde por ley exista juez coordinador de los juzgados de instrucción, la solicitud será autorizada por éste. Cuando el juez de instrucción haya sido apoderado de una investigación criminal en virtud del artículo 127 del Código de Procedimiento Criminal, y durante la instrucción preparatoria se devele que un sospechoso tiene jurisdicción privilegiada, el juez de instrucción comprobará su competencia y procederá a declinar el conocimiento del proceso, remitiéndolo al procurador fiscal, para que el mismo sea tramitado por la vía que corresponda de conformidad con la ley. También cuando un juez de instrucción esté apoderado de investigar un proceso criminal, podrá como miembro de la policía judicial autorizar la interceptación de un teléfono, y solicitarle al procurador fiscal competente la tramitación de su ejecución, en busca de las evidencias que le falten para completar la investigación sobre el inculpado, un cómplice o sospechoso del hecho de que se trate.
Artículo 7.- Orden de Prioridad.
Los jueces darán prioridad a las solicitudes de interceptación o vigilancia a que se refiere el presente Reglamento, cuando el procurador fiscal así lo  estime por su urgencia, las cuales podrán ser presentadas en cualquier momento y deberán ser atendidas por el juez aún fuera del despacho, en cualquier día, aunque sea feriado o declarado no laborable.
Artículo 8.- Objeto de la Decisión Judicial.
El objeto de la intervención del juez es asegurar la legalidad, la necesidad y la pertinencia de la medida, dentro de una investigación que aún se encuentra en fase inicial de la comprobación de un crimen o delito. El juez valorará si los hechos presentados justifican la medida, si existe causa justificada para vulnerar la intimidad del secreto de las telecomunicaciones. El juez autorizará esta medida extrema cuando no exista otro recurso alternativo en el curso de la investigación para obtener la evidencia que se trata de establecer. La decisión del juez de instrucción no será susceptible de ningún recurso; sin embargo, la medida podrá ser solicitada nueva vez ante el mismo juez, siempre que se aporten nuevas evidencias o razones que justifiquen la reiteración de la solicitud de autorización para la interceptación.
Artículo 9.- Oportunidad de la Decisión.
El juez decidirá de inmediato sobre la solicitud del procurador fiscal y se asegurará de que la solicitud presentada se encuentre perfectamente documentada y fundamentada, de la sospecha de que una persona se encuentra realizando hechos ilícitos, por lo que hará la autorización sobre minuta. El juez escuchará al fiscal y al investigador a cargo cuando lo estime necesario. El juez señalará al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la solicitud, sobre todo si como consecuencia de las mismas ve la necesidad de rechazarla.
Artículo 10.- Destinatarios de la Decisión.
El juez autoriza al procurador fiscal como oficial superior de la policía judicial, en la investigación que realiza, quien se asegurará del control de la legalidad en la ejecución de la autorización judicial por parte de sus auxiliares. El juez también ordenará a la compañía prestadora del servicio de telecomunicaciones privadas practicar la interceptación indicando el órgano auxiliar que ejecutará la grabación, el tiempo de duración de la misma y los números de teléfonos o equipos sobre los que practicará la interceptación.
Párrafo. Para asegurar la celeridad de la decisión judicial, el fiscal proveerá los documentos necesarios para facilitar su ejecución con la sola firma y sello del juez.
Artículo 11.- Secreto Profesional.
No se podrán interceptar, captar y grabar las comunicaciones o mensajes de cualesquier tipo protegidas por el secreto profesional, como las conversaciones entre un abogado y sus clientes cuando el primero actúa como representante o consejero legal; así como las conversaciones o confesiones obtenidas por personas en razón de su ministerio y las conversaciones de los médicos con sus pacientes relacionadas con la asistencia médica que ofrece el primero.
Artículo 12.- Duración de la Medida.
La autorización de la medida de interceptación expirará tan pronto se logre el objetivo para la cual ha sido expedida, o dentro del plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de la autorización emitida por el juez, o lo que ocurra primero. El juez de instrucción podrá prorrogar la medida en las   mismas condiciones de forma y duración que la anterior solicitud, debiendo el fiscal aportar elementos que justifiquen la extensión.
Artículo 13.- Control en la Ejecución de la Medida.
En el mismo momento en que se autorice la medida de interceptación, el juez de instrucción establecerá dos fechas con no más de veinte (20) días de intervalo, para que el fiscal presente al juez un informe sobre el avance en el cumplimiento de la misma.
La omisión por el fiscal de la presentación de este informe verbal o escrito, o si sus explicaciones no fueren satisfactorias para el juez, podrán ser motivo suficiente para revocar la autorización y ordenarle a la compañía prestadora del servicio de telecomunicaciones que suspenda su ejecución.
Artículo 14.- Transcripción de las Grabaciones.
El procurador fiscal, sus ayudantes y los auxiliares de la policía judicial, deberán levantar acta detallada de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes para la comprobación o aportación de evidencias del hecho punible que se investiga, tomando en cuenta que cualesquiera otra información personal, íntima o familiar, será excluida del informe certificado que se aporte como prueba del crimen o delito.
Cualquier conversación grabada o escuchada que contenga temas personales, íntimos o familiares y que haya sido excluida de la grabación que pudiera servir para soborno o chantaje realizado por parte de cualquier personal que trabaje en las interceptaciones, podrá ser perseguida judicialmente como difamación o injuria, chantaje o fundamento de cohecho, conforme al Código Penal.
Un original de la transcripción debe ser remitida oportunamente en un sobre sellado al juez de instrucción que ordenó la medida, así como el o los casette (s) sin editar que contienen las voces grabadas. Los originales de las grabaciones se conservarán en manos del juez de instrucción, hasta que intervenga una ordenanza sobre el caso que ameritó la interceptación. El juez de instrucción o el representante del Ministerio Público comisionado por él redactará un acta de cada una de las operaciones de interceptación, registro y transcripción que resulte relevante para una investigación, la cual se deberá anexar al expediente judicial formado al efecto.
Las comunicaciones, informaciones, mensajes, datos o sonidos transmitidos en un idioma que no sea el nuestro, serán traducidas al español por un intérprete judicial. Si las pruebas recabadas están en un idioma para el cual no existen intérpretes judiciales, entonces el juez podrá nombrar de oficio como intérprete judicial Ad-Hoc a una persona capacitada para hacer la traducción. En todos los casos, las traducciones se ejecutarán previo juramento de realizar versiones fieles, conforme a lo dicho por el investigado.
El medio de prueba será las grabaciones o resultados directos de las interceptaciones, y las transcripciones servirán únicamente como guías para una correcta comprensión de las mismas. En caso de contradicción, prevalecerá lo primero sobre las transcripciones.
Artículo 15.- Derecho de Defensa.
El resultado final de las grabaciones deberá tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento judicial que impulse el procurador fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la interceptación de su voz, data o imagen; grabaciones que deberán ser conocidas por la persona que ha sido objeto o blanco de ellas, cuando se haya iniciado el proceso en su contra mediante su sometimiento ante los tribunales de fondo del país o tribunales extranjeros, como forma de que éste tenga oportunidad de ejercer su adecuado derecho a la defensa.
Artículo 16.- Sanciones.
El contenido de las grabaciones realizadas con fines judiciales sólo tendrá validez como medio de prueba cuando sea el resultado de una interceptación autorizada de conformidad con el procedimiento establecido mediante este Reglamento. La violación de estas formalidades o la violación al derecho a la privacidad más allá de lo establecido por la autorización judicial invalida la medida de interceptación y las pruebas que pueda producir.
Artículo 17.- Hallazgo Inevitable.
Cuando a consecuencia de una medida de interceptación o vigilancia electrónica autorizada resultaren conocimientos casuales de hechos delictivos del imputado que no sean el objeto de la medida, o hechos delictivos de un tercero, el procurador fiscal deberá ponerlo en conocimiento del juez de inmediato, y solicitar una nueva autorización con respecto al tercero descubierto, o en relación con los nuevos hechos.
Artículo 18.- Registro, Conservación y Archivo de la Decisión Judicial.
Los jueces de instrucción llevarán un libro de registro de todas las solicitudes presentadas a su consideración, indicando la fecha y hora en que fueron recibidas, el número de la solicitud y el nombre del representante del ministerio público que la presenta. Este registro deberá ser firmado por el ministerio público, y constará la declaración que sobre ella se realice, así como  copia de la orden a la compañía de telecomunicaciones si la interceptación fuere autorizada, ambas en un sobre cerrado y sellado con la firma del juez, quien entregará al Secretario el sobre sellado para su custodia y conservación. Copia de la solicitud y de la decisión del juez se entregará al fiscal. Si se autoriza la interceptación, se entregará al fiscal el original sellado de la orden judicial que se remitirá a la compañía prestadora del servicio de telecomunicaciones, con copias para el fiscal.
Párrafo.- A ninguna entidad o persona externa y ajena al desarrollo de la misma se le debe suministrar información relacionada con estas actuaciones de vigilancia electrónica. Cualquier persona responsable de afectar el secreto, la discreción y confiabilidad de esta información judicial responderá disciplinariamente por sus actos, reservándose el derecho a aplicársele los artículos 367 y siguientes del Código Penal.
Artículo 19.- Destrucción de Archivos.
Los registros y actas en los cuales consten las comunicaciones, informaciones, mensajes, datos, imágenes, voces o sonidos transmitidos a través de redes públicas o privadas de telecomunicaciones o sus transcripciones como consecuencia de la investigación; hayan dado o no resultados las mismas, deberán ser destruidos a iniciativa del procurador fiscal cuando finalice la persecución judicial o la puesta en movimiento de la acción pública.
Art. 20.- Sanciones.
De conformidad con el artículo 337 del Código Penal (mod. por la Ley 24-97) se harán reos del delito de atentado contra la intimidad de la vida privada, todas las personas que aún siendo autoridades civiles, policiales o militares  capten, graben o transmitan sin consentimiento del autor, o sin orden judicial de interceptación, las palabras pronunciadas por alguien de manera privada o confidencial.
Jorge A. Subero Isa
Rafael Luciano Pichardo Eglys Margarita Esmurdoc
Hugo Álvarez Valencia Edgar Hernández Mejía
Margarita A. Tavares Julio Ibarra Ríos
Enilda Reyes Pérez Julio Aníbal Suárez
Víctor J. Castellanos Estrella Ana Rosa Bergés Dreyfous
Pedro Romero Confesor
La presente resolución ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, el mismo día, mes y año en él expresados, lo que yo, Secretaria General, certifico.-



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1.-Registro de Titulos, Reglamento No.2669-2009, el cual dispone todo lo relativo a las funciones de la Direccion Nacional de Registro de Titulos y los Registradores de Titulos. Funcion Calificadora. Formato de los Titulos.
2.-Mensuras Catastrales, Reglamento No.1738-2007, el cual dispone todo lo relacionado con la mensura de Terrenos. Direccion Nacional de Mensura Catastral. Direcciones Regionales de Mensuras. Procedimientos. Funcion Calificadora.
3.-Centro de Mediacion Familiar, Reglamento No. 0886-2006, que Establece el Centro de Mediacion para conflictos familiares. Coordinador General. Deberes de los participantes, abogados, confidencialidad. Sesion individual. Terminos de Mediacion. Registro de Casos.
4.-Interceptacion Telefonica, Reglamento de fecha 13-11-2003, que dispone las causas y el procedimiento mediante los cuales los jueces pueden autorizar la interceptacion o interferencia telefonica a los fiscales para el sustento de un caso. Ambito de Aplicacion. Solicitud. Vigilacia. Compentencia. Orden de prioridad. Objeto y oportunidad de la decision judicial. Secreto profesional. Duracion de la medida y gravaciones.
5.-Tarifas de los Jueces de Paz, Reglamento No.0246-2001, el cual establece las tarifas por cada hora de trabajo que pueden cobrar los jueces de paz de acuerdo a las categorias de los servicios que prestan a particulares.


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