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Codigo Civil

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Arts. 1 al 6 | Publicacion de las Leyes

danwloadSearch iconCODIGO CIVIL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
DE LA PUBLICACIÓN, EFECTOS Y  APLICACIÓN DE LAS LEYES EN GENERAL
 
Art. 1.- (Mod. por Ley No. 1930, del 1949) Las leyes, después de promulgadas por el Poder Ejecutivo, serán publicadas en la Gaceta Oficial.
Podrán también ser publicadas en uno o más periódicos de amplia circulación en el territorio nacional, cuando así lo disponga la ley misma o el Poder Ejecutivo. En este caso, deberá indicarse de manera expresa que se trata de una publicación oficial, y surtirá los mismos efectos que la publicación en la Gaceta Oficial.
Las leyes, salvo disposición legislativa expresa en otro sentido, se reputarán conocidas en el Distrito Nacional, y en cada una de las Provincias, cuando hayan transcurrido los plazos siguientes, contados desde la fecha de la publicación hecha en conformidad con las disposiciones que anteceden, a saber:
En el Distrito Nacional, el día siguiente al de la publicación.
En todas las Provincias que componen el resto del territorio nacional, el segundo día.
Párrafo.- Las disposiciones que anteceden se aplican también a lasa Resoluciones y a los Decretos y Reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.
 
Art. 2.- La ley no dispone sino para el porvenir: no tiene efecto retroactivo.
 
Art. 3.- Las leyes de policía y de seguridad obligan a todos los habitantes del territorio. Los bienes inmuebles, aunque sean poseídos por extranjeros, están regidos por la ley dominicana. Las leyes que se refieren al estado y capacidad de las personas, obligan a todos los dominicanos, aunque residan en país extranjero.
 
Art. 4.- El juez que rehusare juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia.
 
Art. 5.- Se prohíbe a los jueces fallar por vía de disposición general y reglamentaria las causas sujetas a su decisión.
 
Art. 6.- Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares.

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Arts. 7 al 16 | Goce Derechos Civiles

 LIBRO PRIMERO
DE LAS PERSONAS
TITULO I
DEL GOCE Y PRIVACION PERDIDA DE LOS DERECHOS CIVILES
CAPITULO I
Del Goce de los Derechos Civiles
 
Art. 7.- El ejercicio de los derechos civiles es independiente de la cualidad de ciudadano, la cual no se adquiere ni se conserva sino conforme a la Constitución.
 
Art. 8.- Todo dominicano disfrutará de los derechos civiles.
 
Art. 9.- Son dominicanos: (Ver Art. 11 de la Constitución y Art. 404 de la Ley 11-92 del Código Tributario).
1ro.- Todas las personas que hayan nacido o nacieren en el territorio de la República, cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres.
Para los efectos de esta disposición no se considerarán como nacidos en el territorio de la República los hijos legítimos de los extranjeros que residan en ella en representación o servicio de su patria.
2do.- Todos los hijos de las Repúblicas Hispano-Americanas, y los de las vecinas Antillas españolas que quieran gozar de esta cualidad, después de haber residido un año en el territorio de la República.
3ro.- Todos los naturalizados según las leyes.
4to.- Todos los extranjeros de cualquier nación amiga, siempre que fijen su domicilio en el territorio de la República, declaren querer gozar de esta cualidad, tengan dos años de residencia a lo menos, y renuncien expresamente a su nacionalidad ante quien sea de derecho.
 
Art. 10.- Los hijos de padres o madres dominicanos que hayan nacido en otro territorio, serán dominicanos, si vinieren y se domiciliaren en el país.
 
Art. 11.- El extranjero disfrutará en la República de los mismos derechos civiles que los concedidos a los dominicanos por los tratados de la nación a la que el extranjero pertenezca.
 
Art. 12.- (Mod. por la Ley 3354 del 3 de agosto de 1952 G. O. 7454). La mujer extranjera que contrae matrimonio con un dominicano seguirá la condición de su marido, a menos que su ley nacional le permita conservar su nacionalidad, caso en el cual tendrá la facultad de declarar, en el acta de matrimonio, que declina la nacionalidad dominicana.
 
Art. 13.- El extranjero, a quien el Gobierno hubiese concedido fijar en la República su domicilio, gozará de todos los derechos civiles mientras resida en el país.
Art. 14.- El extranjero, aunque no resida en la República, podrá ser citado ante los tribunales de ella, para la ejecución de las obligaciones contraídas por él en la República y con un dominicano; podrá ser llevado a los tribunales en lo que se refiere a las obligaciones contraídas en país extranjero respecto de dominicanos.
 
Art. 15.- Un dominicano podrá ser citado ante un tribunal de la República, por causa de obligaciones por él mismo contraídas en país extranjero y aun con extranjeros.
 
Art. 16.- (Mod. según Ley 295 del 21 de mayo de 1919, G. O. 3015 y Ley 845, del 1978). En todas las materias y todas las jurisdicciones, el extranjero transeúnte que sea demandante principal o interviniente voluntario estará obligado a dar fianza para el pago de las costas y de los daños y perjuicios resultantes de la litis, a menos que posea en la República inmuebles de un valor suficiente para asegurar el pago.

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Arts. 17 al 25 | Perdida Derechos Civiles

CAPITULO II
De la perdida de los derechos civiles
Art. 17.- Los derechos de ciudadano se pierden: (V. Art. 14 y 15 de la Constitución).
Primero.- Por servir, o comprometerse a servir contra la República.
Segundo.- Por haber sido condenado a pena aflictiva o infamante.
Tercero.- Por admitir en territorio dominicano empleo de un gobierno extranjero, sin consentimiento del Congreso Nacional.
Cuarto.- Por quiebra comercial fraudulenta.
Art. 18.- (Ver Arts. 435 al 445 del Código de Procedimiento Criminal). Pueden obtener rehabilitación en estos derechos, aquellos dominicanos que no los hayan perdido por la causa determinada en el primer inciso del artículo precedente.
Art. 19.- (Mod. por las leyes Nos. 485 de enero de 1944 y 3926 del 18 de sept. de 1954, G. O. 7747 que agrega un párrafo). La mujer dominicana que celebre matrimonio con un extranjero y que desee adquirir la nacionalidad de su marido, siempre que la ley del país de éste lo permita, declarará expresamente su voluntad, consignándola en el acta de matrimonio. Si desea adquirir la nacionalidad de su marido después de haber celebrado el matrimonio deberá hacerlo mediante naturalización.
Cuando sea inoperante la naturalización porque las leyes personales del marido le impongan su nacionalidad, será necesario que haga una declaración al Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones optando por la nacionalidad de su marido.
Art. 20.- (Ver Ley No. 1683, reformada, del 1948). Los individuos que recobren la cualidad de dominicanos en el caso previsto por los artículos 10, 18 y 19, no podrán aprovecharse de sus efectos, sino después de haber cumplido las condiciones que aquellos artículos les imponen, y solamente para el ejercicio de los derechos que les fueren concedidos desde aquella época.
Art. 21.- (Ver Arts. 11 y 14 de la Constitución). El dominicano que sin autorización del Gobierno formare parte de un ejército extranjero o se afiliase a una corporación militar extranjera, perderá su cualidad de dominicano; no podrá regresar a la República sino con el permiso del Gobierno, y sólo recobrará la cualidad de dominicano llenando las condiciones impuestas a un extranjero para adquirir la nacionalidad. Todo sin perjuicio de las penas pronunciadas por la ley criminal contra los dominicanos que hayan hecho o hagan armas contra su patria.
Art. 22.- La mayor pena aflictiva temporal lleva consigo la degradación cívica y la interdicción legal, establecidas por los artículos 28, 29 y 31 del Código Penal.
Art. 23.- El sentenciado a la mayor pena aflictiva temporal, no puede disponer de sus bienes en todo o en parte, ya sea por donación entre vivos o por testa-mento, ni recibir nada en estos conceptos, a no ser por causa de alimentos. Todo testamento hecho por él con anterioridad a la sentencia en que se le impuso la pena, es nulo. El presente artículo no es aplicable al sentenciado en rebeldía, si-no una vez pasados cinco años desde la publicación, en estrados de la sentencia.
Art. 24.- El Gobierno puede relevar al sentenciado a la mayor pena aflictiva temporal, de todas o de parte de las incapacidades a que se refiere el artículo precedente. Puede también concederle que ejercite en el sitio de cumplimiento de la condena, todos o parte de los derechos civiles de que se haya visto privado por su estado de interdicción legal.
Los actos ejecutados por el sentenciado en el sitio de la ejecución de la sentencia, no pueden gravar los bienes que poseyera al ser condenado o que después adquiriere a título gratuito.
Art. 25.- Las presentes disposiciones sobre los efectos de la interdicción civil no son aplicables a los casos de condenación por causa política.

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Arts. 34 al 54 | Actos del Estado Civil

TITULO II
DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL
 
CAPITULO I
Disposiciones generales
 
Art. 34.- Los actos del estado civil se inscribirán en los registros destinados a ese fin, y expresarán la hora, el día y el año en que se reciban, como también los nombres, apellidos, edad, profesión, nacionalidad y domicilio de las personas que en ellos figuren.
 
Art. 35.- Los oficiales del estado civil no podrán insertar en sus actas, sea por vía de anotación o por cualquier otra indicación, sino aquello que deba ser declarado por los comparecientes.
 
Art. 36.- En aquellos casos en que las partes no estén obligadas a comparecer personalmente, podrán hacerse representar por un apoderado especial, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.
 
Art. 37.- (Mod. por los Arts. 225 y 488 del Código Civil y Art. 13 de la Ley No. 4999, del 1958). Los testigos llamados a figurar en los actos del estado civil, deberán ser mayores de dieciocho años, parientes o no de las partes interesadas, y serán escogidos por éstas.
 
Art. 38.- El Oficial del Estado Civil dará lectura del acta redactada a las partes que comparezcan, a sus apoderados, y a los testigos; haciendo en ella expresa mención del cumplimiento de esta formalidad.
 
Art. 39.- Dicha acta será firmada por el Oficial del Estado Civil, por los comparecientes y los testigos, o se hará mención en ella de la causa que impida hacerlo a unos u otros.
 
Art. 40.- Los nacimientos, matrimonios y defunciones se harán constar en libros o registros separados, destinados uno para cada clase de aquellos actos.
 
Art. 41.- Estos registros serán foliados y rubricados en la primera y última foja por el Presidente del Tribunal o Juzgado de Primera Instancia (o el que ejerza sus funciones), del distrito o provincia correspondiente, sin que se puedan percibir derechos por esta operación.
 
Art. 42.- Las actas del Estado Civil se inscribirán en los registros seguidamente, y sin dejar espacio en blanco entre una y otra. Las enmiendas y las remisiones al margen será rubricadas y aprobadas lo mismo que toda el acta, y no podrán usarse abreviaturas ni fechas en números.
 
Art. 43.- Al fin de cada año cerrarán los Oficiales del Estado Civil sus registros, y formularán por separado un índice de cada clase de actos, el que elevarán en el mes de enero del siguiente año a la Suprema Corte de Justicia, reservando para el archivo los registros mencionados, los que deberán seguir usando, si no se hubiesen llenado con las actas del año anterior.
También elevarán cada trimestre a la Suprema Corte de Justicia un estado de todos los actos que hubieren autorizado en ese lapso de tiempo.
 
Art. 44.- Los poderes y demás documentos de que se haga mérito en las actas del Estado Civil formarán un legajo en cada año, y quedarán depositados con los registros originales en el archivo Oficial del Estado Civil correspondiente.
 
Art. 45.- (Modificado por la Ley No. 1972 del 17 de marzo de 1936, G. O. 4888). Cualquier persona podrá pedir copia de las actas sentadas en los registros del Estado Civil. Esas copias, libradas conforme a los registros legalizados por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia de la Jurisdicción, o por el Juez que haga sus veces, se tendrán por fehacientes, mientras no sea declarada su falsedad, siempre cuando los originales hayan sido redactados en los plazos legales; pues las actas sobre declaraciones tardías, para las cuales no se hubiese usado la vía indicada en el Art. 99 de este Código, podrán ser impugnadas por todos los medios del derecho, y su sinceridad será apreciada por los jueces.
 
Art. 46.- Cuando no hayan existido los registros, o éstos se hubieren perdido, la prueba de tales circunstancias será admitida, ya por título fehaciente, ya por testigos: en dichos casos los nacimientos, matrimonios y defunciones podrán probarse por medio de libros y papeles procedentes de los padres ya difuntos, o por medio de testigos.
 
Art. 47.- Los actos del Estado Civil de un dominicano y un extranjero, hechos en el país extranjero, se tendrán por fehacientes, si han sido autorizados con las formalidades que prescriben las leyes de aquel país.
 
Art. 48.- Los actos del Estado Civil de los dominicanos, otorgados en país extranjero, serán válidos, si han sido autorizados por los agentes diplomáticos o consulares de la Rep. conforme a las leyes dominicanas.
 
Art. 49.- En aquellos casos en que un acto del Estado Civil deba mencionarse al margen de otro ya escrito, se hará la anotación correspondiente, a solicitud de parte interesada, por el Oficial del Estado Civil depositario del archivo.
 
Art. 50.- La falta de cumplimiento a cualesquiera de los artículos anteriores por parte del Oficial del Estado Civil, será perseguida ante el tribunal de primera instancia de la jurisdicción, y castigada con una multa que no podrá exceder de treinta pesos.
 
Art. 51.- El Oficial del Estado Civil será civilmente responsable de las alteraciones que aparezcan en los registros a su cargo, reservando su derecho, si hubiere lugar, contra los autores de dichas alteraciones.
 
Art. 52.- Toda alteración y falsificación en las actas del Estado Civil, así como el asiento que de ellas se haga en hojas sueltas o de cualquier modo que no sea en los registros oficiales destinados a ese fin, darán lugar a reclamar los daños y perjuicios que procedan, además de las penas establecidas en el Código Penal.
 
Art. 53.- El Fiscal del Tribunal de Primera Instancia deberá vigilar los registros del Estado Civil, extenderá acta en caso necesario, denunciará las faltas o delitos cometidos por los Oficiales del Estado Civil, y pedirá contra ellos las multas correspondientes.
 
Art. 54.- En los casos en que un Tribunal de Primera Instancia haya conocido de actos relativos al Estado Civil, las partes interesadas podrán interponer recurso contra ese juicio.

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Arts. 63 al 76 | Actas de Matrimonio

CAPITULO III
De las actas de matrimonio
Art. 63.- Antes de proceder a la celebración de un matrimonio, el Oficial del Estado Civil fijará dos edictos en la puerta de su oficina con intervalo de ocho días; esos edictos y el acta que deba extenderse, expresarán los nombres, apellidos, profesión, nacionalidad y domicilio de los futuros esposos; su condición de mayores o menores de edad, y los nombres, apellidos, profesión y domicilio de sus padres. El acta expresará, además, el día, lugar y hora en que se hayan fijado los edictos, inscribiéndolos en un registro especial foliado, rubricado y autorizado de la manera que se ha dicho en el artículo 41.
Un extracto del acta de publicación se fijará en la puerta de la oficina del Oficial del Estado Civil durante los ocho días de intervalo de uno a otro edicto.
El matrimonio no podrá celebrarse antes de tercero día, no comprendiendo el de la fijación del segundo edicto.
 
Art. 64.- Si los futuros esposos no tuvieren en un mismo lugar su domicilio, el Oficial del Estado Civil que recibiese la declaración de uno de ellos, deberá remitir extracto del acta de publicación que hubiere redactado, al Oficial del Estado Civil del domicilio del otro, para que lo fije en la puerta de su casa u oficina por el término de ocho días, devolviéndolo con la mención de haber o no ocurrido oposición; y no podrá verificarse el matrimonio sin haberse recibido dicho documento bajo pena de destitución del Oficial del Estado Civil que autorice el contrato matrimonial.
 
Art. 65.- Si el contrato matrimonial no se hubiese celebrado dentro del año siguiente a la publicación, no podrá procederse a ejecutarlo sino después de haberse hecho nueva publicación en la forma ya expresada.
 
Art. 66.- Los actos de oposición al matrimonio se firmarán en el original y en la copia, por los opositores o por sus apoderados especiales; y se notificarán con copia del poder, que en estos casos ha de ser auténtico, a las partes en persona o en su domicilio, y al Oficial del Estado Civil, que firmará el original.
 
Art. 67.- El Oficial del Estado Civil hará, sin demora, mención sumaria de las oposiciones en el registro de las publicaciones, y la hará asimismo al margen de la inscripción de dichas oposiciones, de las sentencias o actas de desestimación, cuyas copias le hubieren sido remitidas.
 
Art. 68.- En caso de oposición, el Oficial del Estado Civil no podrá celebrar el matrimonio antes que se le haya remitido el fallo desestimándola; bajo pena de 60 pesos de multa, y pago de daños y perjuicios.
 
Art. 69.- Si no hubiese oposición, se hará mención de ello en el acta de matrimonio; y si los edictos se hubieren publicado en diferentes comunes, las partes remitirán un certificado expedido por el Oficial del Estado Civil de cada una de ellas, haciendo constar que no existe dicha oposición.
 
Art. 70.- El Oficial del Estado Civil exigirá el acta de nacimiento de cada uno de los futuros esposos. El cónyuge que no pueda procurársela, podrá suplirla, presentando un acta de notoriedad expedida por el Juez de Paz del lugar de su nacimiento o por el de su domicilio.
 
Art. 71.- Esta acta de notoriedad contendrá la declaración de siete testigos de uno u otro sexo, parientes o no del interesado, sus nombres y apellidos, profesión y domicilio del futuro esposo o esposa, los de sus padres, si son conocidos, el lugar y, en cuanto sea posible, la época de su nacimiento y las causas que impidan producir el acta. Los testigos firmarán el acta de notoriedad junto con el Juez de Paz y secretario, y si alguno no supiere o no pudiere hacerlo se hará constar.
 
Art. 72.- El acta de notoriedad se presentará al Tribunal de Primera Instancia del lugar en que haya de celebrarse el matrimonio. El tribunal, después de oír al fiscal, dará o negará su autorización, según encuentre bastantes o insuficientes las declaraciones de los testigos y las causas que impiden referirse al acta de nacimiento.
 
Art. 73.- El acta auténtica del consentimiento de los padres o de los abuelos y, en su defecto, el del consejo de familia, contendrá los nombres y apellidos, profesión y domicilio del futuro esposo y los de todos aquellos que hayan concurrido al acto, expresando su grado de parentesco.
 
Art. 74.- El matrimonio se celebrará en el municipio donde tenga su domicilio uno de los contrayentes. Este domicilio, con respecto al matrimonio, se establecerá por seis meses de residencia continua en el lugar.
 
Art. 75.- El día indicado por las partes, y después de pasados los plazos de los edictos, el Oficial del Estado Civil dará lectura a los contrayentes en su oficina, o en el domicilio de uno de ellos, y en presencia de cuatro testigos, parientes o no de aquellos, de los documentos anteriormente mencionados, relativos a su estado y a las formalidades del matrimonio, así como también del capítulo VI, título del matrimonio, sobre los derechos y deberes respectivos de los esposos.
 
El Oficial del Estado Civil intimará a los contrayentes, así como a los testigos y demás personas que autoricen el matrimonio, a que declaren si se ha celebrado o no algún contrato entre ellos, y, en caso afirmativo, indiquen la fecha del mismo, y ante qué notario se efectuó. En seguida recibirá el Oficial del Estado Civil de cada uno de los contrayentes, uno después de otro, la declaración de que es su voluntad recibirse por marido y mujer; y en nombre de la ley hará la declaración de que quedan unidos en matrimonio civil. De todo lo cual se extenderá inmediatamente acta autorizada en la forma legal.
 
Art. 76.- En el acta de matrimonio se insertarán:
1ro. los nombres, apellidos, profesión, edad, lugar de nacimiento y domicilio de ambos esposos;
2do. si son mayores o menores de edad;
3ro. los nombres, apellidos, profesión y domicilio de los padres de cada uno de ellos;
4to. el consentimiento que éstos hubieren dado, o el de sus abuelos, o el del consejo de familia, en los casos en que la ley lo requiera;
5to. las peticiones respetuosas si las ha habido;
6to. las edictos hechos en los diversos domicilios;
7mo. las oposiciones, si se hubiere presentado alguna; su suspensión por autoridad judicial, si la hubiere habido, o la mención de que no la ha habido;
8vo. la declaración de los contrayentes de que se reciben por esposos, y la declaración que de su unión ha hecho el Oficial del Estado Civil;
9no. los nombres, apellidos, profesión, edad y domicilio de los testigos y si son o no parientes o afines de los contrayentes, por qué línea y en qué grado;
10mo. la declaración tomada con motivo de la intimación hecha en el artículo anterior, de si se ha celebrado o no algún contrato matrimonial, así como, en cuanto fuere posible, de la fecha del mismo, si existe, e igualmente del notario ante quien se pasó; todo lo dicho a pena de la multa fijada por el artículo 50, que pagará el Oficial del Estado Civil que hubiere faltado a alguna de esas prescripciones.
1º- En el caso en que se hubiere omitido o fuese errónea la declaración, el Fiscal de Primera Instancia podrá pedir la rectificación de dicho acto en lo que respecta a la omisión o el error; sin perjuicio del derecho de las partes interesadas, de conformidad con el artículo 99. 2º- Las formalidades contenidas en este capítulo se dispensarán en los casos en que los contrayentes, siendo solteros, hayan vivido en concubinato, y uno de ellos, o ambos, se halle en peligro de muerte; de cuya circunstancia se hará mención en el acta.

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Arts. 77 al 87 | Actas de Fallecimiento

contratos

CAPITULO IV
De las actas de fallecimiento
Art. 77.- (Modificado por la Ley 654 del 18 de julio de 1921, G. O. 3240). No podrá darse sepultura a ningún cadáver sin que se haga la declaración al Oficial del Estado Civil, el cual deberá, en los casos en que conciba alguna duda, trasladarse a la morada del difunto para cerciorarse del hecho.
Cuando la defunción ocurra fuera de la población, el Alcalde Pedáneo recibirá la declaración trasladándose a la morada del difunto para verificar el hecho, y la comunicación al Oficial del Estado Civil se hará dentro de los quince días siguientes para que éste la inscriba en el registro que corresponda.
 
Art. 78.- El Oficial del Estado Civil extenderá el acta ante dos testigos, los cuales serán, si es posible, los dos parientes más próximos del difunto o sus vecinos: en el caso en que la defunción ocurra fuera del domicilio de la persona fallecida, el jefe de la familia en que aquella hubiere ocurrido o cualquiera otra persona, hará la declaración.
 
Art. 79.- (Mod. por la Ley 654 del 18-07-1921, G. O. 3240). El acta y el certificado de defunción contendrán la causa de muerte, los nombres y apellidos, profesión y domicilio del difunto; los nombres y apellidos del cónyuge, si el difunto hubiese sido casado o viudo; los nombres, apellidos, profesión y domicilio de los declarantes, con la mención de si son parientes y en qué grado. Contendrá, además, si fuere posible, los nombres, apellidos, profesión y domicilio, de los padres del difunto y el lugar del nacimiento de éstos; y dicho certificado de defunción y el acta serán firmados por todos aquellos que hubieren concurrido a ella.
 
Art. 80.- Cuando ocurra algún fallecimiento en los hospitales militares, civiles u otros establecimientos públicos, los jefes, directores, administradores o dueños de los mismos harán la declaración correspondiente ante el Oficial del Estado Civil, quien la redactará en la forma prescrita en el artículo anterior. En dichos establecimientos se llevarán los registros destinados a asentar estas declaraciones. El acta o partida de defunción será remitida por el Oficial del Estado Civil del lugar del fallecimiento al del último domicilio del difunto, quien la inscribirá en su propio registro.
 
Art. 81.- (Modificado por la Ley 654 del 18 de julio de 1921, G. O. 3240). En el caso de morirse una persona sin asistencia médica, o cuando haya señales o indicios de muerte violenta u otras circunstancias que hagan sospechar la perpetración de un crimen, el Comisario de la Policía Municipal o de Gobierno2 no permitirá la inhumación del cadáver sino después que el Juez de Instrucción, el Fiscal, Juez de Paz del Municipio3 o el Juez de Paz Pedáneo de la Sección, con la asistencia de un médico o de un cirujano, levante un acta del estado del cadáver y la causa de muerte, así como de las circunstancias que le sean relativas y de las noticias que hayan podido recogerse respecto de los nombres, apellidos, edad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento del difunto.
 
Art. 82.- Los funcionarios de que habla el artículo anterior están obligados a remitir inmediatamente una copia del acta que hayan levantado, al oficial civil del lugar en que hubiere acaecido el fallecimiento, el cual la asentará en el registro correspondiente, y enviará copia al del domicilio de la persona fallecida, si fuere conocida, para el cumplimiento de la misma formalidad.
 
Art. 83.- (Ver Leyes Nos. 5007, del 1911, y 64, del 1924 que suprimieron la pena de muerte). Los secretarios de los tribunales criminales están obligados dentro de las 24 horas después de la ejecución de una sentencia de muerte, a remitir al Oficial del Estado Civil del lugar en que se haya hecho la ejecución, todos los datos enumerados en el artículo 79, para que se redacte conforme a ellos la partida de defunción.
 
Art. 84.- Cuando ocurran fallecimientos en las cárceles, presidios, casa de reclusión, detención o corrección, los alcaides o encargados de ellas darán aviso inmediato al Oficial del Estado Civil del lugar, el que se trasladará al punto indicado y extenderá el acta de defunción, cuya copia remitirá al Oficial del Estado Civil del domicilio del difunto, si fuere conocido.
 
Art. 85.- (Ver Ley 64 de 1924). En los casos de muerte violenta que ocurran en las prisiones y casas de reclusión, y en los de ejecución de la pena de muerte, no se hará en los registros ninguna mención de esa circunstancia, y las actas de defunción respectivas se redactarán de conformidad a lo prescrito en el artículo 79.
 
Art. 86.- En los casos de fallecimiento durante un viaje por mar, se redactará el acta dentro de las veinte y cuatro horas, en presencia de dos testigos escogidos entre los oficiales del buque, y a falta de éstos, entre la tripulación; y será firmada, a bordo de los buques de guerra, por el comisario; y en los mercantes por el capitán o patrón de la nave. Esta acta se inscribirá en la matrícula de la tripulación.
 
Art. 87.- En el primer puerto a que arribe el buque, por cualquier causa que no sea la de su desarme, los oficiales de la administración de marina, capitán, dueño o patrón que hayan redactado las actas de defunción, dejarán dos copias con arreglo al artículo 60.
A la llegada del buque al puerto de desarme, la lista de la tripulación se depositará en las oficinas del encargado de la inscripción marítima, que remitirá una copia del acta de defunción firmada por él al Oficial del Estado Civil del domicilio de la persona fallecida, cuya copia se inscribirá en los registros.

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