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Demanda Disciplinaria contra Jueces

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Dios, Patria y Libertad

República Dominicana


En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia regularmente constituida por los jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente, Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente, Hugo Alvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Julio Ibarra Ríos, Margarita A. Tavares, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en la Sala donde celebra sus audiencias, hoy 8 de noviembre de 2006 años 163° de la Independencia y 144° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Tribunal Disciplinario la siguiente sentencia:

Sobre la acción disciplinaria seguida a las magistradas Rosemary E. Veras de Pichardo, Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago y Miguelina

Ureña Núñez Juez de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al alguacil llamar a las prevenidas magistradas, Rosemary Veras de Pichardo y Miguelina Ureña Núñez y a éstas declarar sus generales de Ley;

Oído al alguacil llamar al denunciante Dr. Euclides Gutiérrez Félix, precisando que el mismo no se encuentra presente en la audiencia;

Oído al Lic. Rafael Melgen Semán, por sí y por la Lic. Luz María Duquela y Dra. Tania Karter, en representación de la Superintendencia de Seguros, en su calidad de liquidadora de la entidad Segna, S. A.;

Oído a los Licdos. Eduardo Jorge Prats, Rafael Armando Vallejo Santelises y Olivo Rodríguez Huertas, por sí y por el Lic. Luis Fernando Disla Muñoz en representación de las magistradas Rosemary E. Veras de Pichardo y Miguelina Ureña Núñez, quienes también se constituyen como abogadas de sí mismas, en ocasión de la causa disciplinaria seguida en su contra;

Oído al Ministerio Público en la exposición del caso;

Oída a la secretaria en la lectura de la comunicación del 2 de octubre del 2006, suscrita por el Dr. Euclides Gutiérrez Félix, por cuyo medio

manifiesta “la voluntad expresa de reiterar nuestra falta de interés al haber arribado a un acuerdo con todas las partes, dejando sin efecto todos los actos procesales controvertidos en el expediente de que se trata”, por lo que agrega “consideramos innecesaria nuestra presencia en la audiencia que se celebrará el día martes tres (3) de octubre del año en curso; que asimismo esto” no implica menoscabo de manera alguna al derecho que le asiste al Ministerio Público de asumir frente a éste proceso la posición que considere conveniente a su autoridad”;

Oída la secretaria en la lectura del fallo que había sido reservado para esta fecha mediante sentencia del 19 de septiembre del 2006 y cuyo dispositivo expresa: “Por tales motivos: Primero: Rechaza el desistimiento condicionado hecho por el denunciante; Segundo: Retiene el conocimiento de la acción disciplinaria y en consecuencia, ordena la continuación de la causa”;

Oído a los abogados de la defensa de las prevenidas respecto de la comunicación del Superintendente de Seguros expresar: “Honorables Magistrados, nosotros frente al desistimiento reiterado en la audiencia de hoy entendemos que no tiene ningún sentido la presencia de los abogados del denunciante en esta audiencia, porque entendemos que el procedimiento se va a desarrollar a instancia del Ministerio Público. En este sentido quisiéramos la ilustración de este Honorable Tribunal respecto

del curso a seguir porque entendemos que si hay desistimiento no hay ningún sentido para que haya una representación de la Superintendencia de Seguros”;

Oído a los abogados de la Superintendencia expresar con respecto al pedimento de exclusión: “Magistrado, nosotros vamos a acatar en su totalidad el fallo de esta Honorable Suprema Corte de Justicia, nosotros vamos a permanecer aquí porque el desistimiento lo hicimos bajo reservas y la Suprema ya falló y entiende que debe conocer este proceso disciplinario. En tal sentido nosotros reiteramos que vamos a permanecer”;

Oído a los abogados de la defensa de las prevenidas concluir de la manera siguiente: “Primero: Que a la vista de la comunicación que en este día ha sido leída, del superintendente de seguros, liquidador legal de Segna donde se manifiesta su falta de interés, en el presente proceso disciplinario dispongáis de la manera mas cortés el retiro de la representación legal que le asistía a esa entidad pública en su calidad de parte denunciante en este proceso disciplinario; Segundo: Que se nos libre acta en el sentido de que no nos oponemos a que si es de su interés, los abogados que hasta el momento han ostentado la representación de la denunciante, puedan ser escuchados por este Honorable Pleno en la calidad que mejor entienda, sea como testigos o como informantes”;

Oído a los abogados de la Superintendencia de Seguros concluir de la manera siguiente: “Primero: Que acatamos en todas y cada una de sus partes la sentencia dictada por este Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque la misma rechazó nuestras conclusiones presentadas en la última audiencia; Segundo: Que la Superintendencia acepta la sentencia y por tanto reiteramos nuestra condición de abogados de la Superintendencia y la calidad de denunciante del Superintendente de Seguros, pese a haber una carta que no dice otra cosa que la reiteración de las conclusiones vertidas en la última audiencia, por tanto rechazamos todos y cada uno de los argumentos presentados por la parte de la defensa, en el sentido de la exclusión de nosotros como abogados de la Superintendencia y si vos lo entendéis conveniente que se vuelva a citar al Superintendente de Seguros como él manifiesta en su comunicación”;

Oído al Ministerio Público en sus conclusiones: “Único: Que sea suspendida la audiencia y fijada nueva vez para que sea citado el Dr. Euclides Gutiérrez Félix, toda vez de que dicha carta sobre falta interés, este Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió su rechazo y ordenó la continuación de la causa”.

Oída a la prevenida magistrada Miguelina Ureña agregar que: “El asunto es

de derecho, no de hecho. Es que el Superintendente de Seguros, el Dr. Euclides Gutiérrez Félix, en el día de hoy, independientemente de la

sentencia que ya el tribunal tuvo a bien decidir, en el día de hoy ha traído una correspondencia donde ha dicho claramente no tengo interés, no hay por lo tanto mandato de parte de los abogados”;

Oído al Presidente anunciar que la Corte se retira a deliberar;

Oído a la Secretaria en la lectura del fallo adoptado: La Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, falla: “Primero: Libra acta del desistimiento puro y simple contenido en la comunicación del 2 de octubre de 2006, realizado por la Superintendencia de Seguros en su calidad de liquidadora de la entidad Segna, S. A. representada por el Superintendente de Seguros, Dr. Euclides Gutiérrez Félix; Segundo: Ordena la continuación de la causa y en consecuencia, invita a los abogados que ostentan la representación de la entidad denunciante a retirarse de los Estrados.”

Oído al alguacil llamar a los testigos presentes Jesús Ma. Feliz Jiménez, Danílo Antonio Jiménez Abud, Angelita Grullón Paulino, Hilda Luz Bonilla Veras, Francia Altagracia Santini Sem de Castro, Bárbara Inmaculada González Rojas, Daysi de la Rosa Popa y Fausta Cesaríana Peña Regalado y a éstos declarar sus generales de ley; 

Resulta, que con motivo de una denuncia de fecha 24 de julio de 2006 presentada ante la Suprema Corte de Justicia por la Superintendencia de Seguros representada por el Dr. Euclides Gutiérrez Félix en su calidad de

liquidadora legal de la entidad Segna, S. A., contra las magistradas Rosemary E. Veras de Pichardo Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago y Miguelina Ureña Núñez Juez de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, quedó apoderado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en materia disciplinaria;

Resulta que por auto de fecha 4 de agosto de 2006 el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijó para el 22 de agosto de 2006 el conocimiento del asunto en Cámara de Consejo;

Resulta que en la audiencia celebrada el 22 de agosto de 2006 la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado dispuso: “

Primero:

Se acogen en parte los pedimentos formulados por la representante del Ministerio Público, por los abogados de la defensa y por los abogados de la Superintendente de Seguros como entidad liquidadora legal de Segna, S. A., denunciante, en la causa disciplinaria seguida en Cámara de Consejo a las magistradas prevenidas Rosema ry E. Veras de Pichardo y Miguelina Ureña Núñez, Juez Presidente de la Cámara Civil y Juez de la Tercera Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, respectivamente. En consecuencia, se reenvía el conocimiento de la presente causa, a fin de citar a Angelita Grullón e Hilda

Bonilla, Secretaria y Auxiliar de la Segunda Sala de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, a lo que no se opuso la defensa de las magistradas procesadas;

Segundo:

Se acoge el pedimento de la defensa en cuanto a que el conocimiento de la causa se lleve a cabo en audiencia pública;

Tercero:

Se ordena a ambas partes el depósito de documentos por secretaría, en un plazo de cinco (5) días a partir del mes y año que discurren, de manera que tomen conocimiento respectivos de los mismos;

Cuarto:

Se fija la audiencia pública del día diecinueve (19) de septiembre de 2006, a las nueve (9) horas de la mañana, para la continuación de la causa en la Sala Augusta, ubicada en la Séptima Planta de esta Suprema Corte de Justicia;

Quinto:

Se reserva estatuir sobre la pertinencia de la citación de los Magistrados José Benjamín Rodríguez C., Juez de la Primera Sala Civil y Comercial y Samuel Guzmán, Juez de la Segunda Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, respectivamente;

Sexto:

Esta sentencia vale citación para las partes presentes”;

Resulta que en la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2006, los abogados de la Superintendencia concluyeron desistiendo en forma condicional a la acción disciplinaria por ella intentada y la defensa concluyó rechazando dicho desistimiento y por su parte el Ministerio Público dejando la decisión a la soberana apreciación de la Suprema Corte; 

Resulta que esa audiencia la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado dictó la siguiente sentencia: “Primero: Se reserva el fallo sobre las conclusiones de desistimiento, presentado por los abogados de la denunciante Superintendencia de Seguros, entidad liquidadora legal de Segna, S. A., de la denuncia formulada contra las Magistradas Rosemary E. Veras de Pichardo y Miguelina Ureña Núñez, Jueces Presidente de la Cámara Civil y de la Tercera Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, respectivamente, en la causa disciplinaria que se le sigue en audiencia pública, lo que no fue aceptado por la defensa de dichas magistradas y por las magistradas mismas y dejó a la soberana apreciación de esta Corte el representante del Ministerio Público, para ser pronunciado en la audiencia pública del día 3 de octubre de 2006, a las nueve horas de la mañana (9:00); Segundo: Se pone a cargo del Ministerio Público requerir nueva vez las citaciones de Antonio Almonte, Enrique de Marchena, Altagracia Pujols, Alejandro Domínguez, Basilio Guzmán, Jesús Almánzar y Marija Stevanovic, propuestos como testigos; Tercero: Esta sentencia vale citación para todos los presentes”;

Resulta que en la audiencia celebrada el 3 de octubre de 2006, los abogados de la defensa de las prevenidas concluyeron de la manera siguiente: “

Primero:

Que esta Honorable Suprema Corte compruebe y pronuncie que las magistradas Rosemary Veras de Pichardo y Miguelina Ureña nunca han cometido ninguna falta profesional, ni moral en el

normal ejercicio de sus funciones en lo que respecta al procedimiento de embargo inmobiliario perseguido por EMI Resort Management en perjuicio de Segna, S. A., con la participación de la Superintendencia de Seguros en calidad de interviniente liquidadora de la misma”;

Segundo:

En consecuencia, pronunciar el descargo a favor de las magistradas Rosemary Veras Pichardo y Miguelina Ureña Núñez en razón de su inocencia, que el presente juicio no sea incluido en su carrera judicial conforme lo prevé la Ley de Carrera No. 327-98, es justicia que hoy pedimos”;

Resulta que en la audiencia antes citada el Ministerio Público concluyó de la siguiente forma: “

Primero:

Existe desistimiento por falta de interés de la Superintendencia de Seguros de fecha diecinueve (19) del mes de septiembre de 2006 en estrado y ratificada en el dia de hoy por escrito, en virtud de que los intereses del Estado fueron resarcidos;

Segundo:

Que al no ser un caso violatorio a la Constitución, los Tratados y que de conformidad no pertenece la investigación al Ministerio Público, conforme a los artículos 22 y 88 del Còdigo Procesal, y al artículo 16 de la Ley 78-03 del Ministerio Público;

Tercero:

Que de conformidad con la Ley de Organización Judicial No. 327-98 y la Resolución del Pleno de esta Honorable Suprema Corte de Justicia sobre los casos disciplinarios es de rigor de que previo a que se celebre la audiencia se haga un informe por un inspector de esta Honorable Suprema Corte de Justicia y que dicho

informe no se realizó en el caso en la especie, por los motivos expuestos los dejamos a la soberana apreciación”;

Considerando, que la Suprema Corte de Justicia se reservó el fallo para ser pronunciado en esta fecha;

Considerando, que el régimen disciplinario tiene por objetivo contribuir a que los jueces cumplan leal, eficiente y honestamente sus deberes y responsabilidades a fin de mantener el mejor rendimiento del Poder Judicial, así como procurar el adecuado y correcto ejercicio de los derechos y prerrogativas que se consagran a favor de los jueces;

Considerando, que la denunciante, Superintendencia de Seguros fundamentó su denuncia contra las magistradas prevenidas en los siguientes hechos: 1.- No citación a la Superintendencia de Seguros en su calidad de guardiana de los bienes de la entidad Segna, S. A. y luego en el proceso hasta la venta del inmueble; 2do.- Irregularidad de una citación a Segna en el aire en un edificio ubicado en la Juan Pablo Duarte, que es un edificio donde radica otra entidad, Edesur, desde el año 2003. Y otra en Plaza Gurabo sin identificar su número y su calle; 3ro.- Solicitud de designación de sala para conocer de una demanda en daños y perjuicios, sin embargo se fija la sala No. 2 para conocer de una demanda en validez de embargo retentivo, en ausencia de nuestra representada; 4to.- Citación a la entidad Segna, S. A., para la Sala No. 1 para conocer de la demanda, sin embargo se pronunció y se falló en la Sala No. 2; 5to.- Se envía el conocimiento de audiencia para el día 17 de enero a solicitud de la parte demandante EMI Resorts a los fines de citar a la parte demandada, sin embargo no se cita a Segna, parte demandada en esa audiencia; 6to.- No se pagaron los impuestos de la sentencia para el retiro de la misma, de ningunas, ni de la adjudicación ni de la sentencia que sirvió de título; 7mo.- La sentencia se registra en Puerto Plata, sin embargo es una sentencia de Santiago y se paga un peso con 50/100 (RD$1.50)Ç; 8vo. Se suscribe un poder a favor de un alguacil actuante a los fines de practicar un embargo antes de obtener sentencia gananciosa y sin conocer el resultado de esa sentencia; 9no. En el proceso de embargo inmobiliario se solicita la inhibición y el Juez se niega a inhibirse y posteriormente, después de recusado en una próxima audiencia que tuvo efecto el 23 de julio de este año, el Presidente obvia el proceso de recusación y decide la manera directa asignar a un nuevo Juez, de la Tercera Sala, y sin llevar a cabo lo que establece la Ley 50-00 en su artículo 2. No hubo solicitud de parte ni apoderamiento de otro Juez, tampoco hubo otra citación de la decisión de la contraparte; 10mo. El Juez Presidente designa a la Juez Miguelina Ureña en fecha 27 de junio del año 2006, sin embargo, la parte persiguiente le solicita al Juez de la Tercera Sala el 26 de junio de manera directa una audiencia, antes de haber sido designada y se asigna esa fecha para el día 18 de julio; 11vo. En el presente proceso de embargo no se cita a la empresa Muebles de Kalidad, quienes, tienen una Hipoteca Definitiva en Primer Rango, la empresa adjudicataria le paga a todos los acreedores inscritos de manera provisional, cuyo crédito no ha sido validado como definitivo, entre ellos una suma de más de catorce millones de pesos (14,000,000.00); 12vo. La sentencia que dio nacimiento a la ejecución del embargo ha sido apelada, de manera que el título que sirve de base al embargo no constituye ningún título todavía; 13vo. Hacen una correspondencia a nombre de Segna Matter solicitando un cheque con el pago del diez por ciento (10%) de la licitación, sin embargo, esta empresa no existe ni ha operado nunca en la República Dominicana, conforme a una certificación expedida por Impuestos Internos; 14vo. Licabeto, que resulta adjudicataria del inmueble y presidida inicialmente por el señor Jesús Féliz Jiménez, quien fuera relevado de su cargo, nos muestra su falta de calidad en ese sentido, constituyendo una renuncia a todas las acciones en el contrato de transacción mediante el cual la Superintendencia de Seguros hizo el pago de una suma de quince millones de pesos (RD$15,000,000.00) menos el pago de un millón quinientos mil (RD$1,500,000.00), o sea que la suma pagada fue de trece millones (RD$13,000,000.00) que fueron divididos entre sus acreedores; 15vo. Entregar la sentencia sin comprobante al pago del precio en violación al Art. 113 del Código de Procedimiento Civil, condición establecida en el pliego de condiciones;

Considerando, que los testigos e informantes, propuestos, en sus deposiciones declararon: el Dr. Jesús María Féliz Jiménez, expuso en síntesis que: “la oficina DMK, de Marchena, Kaluche & Asociados, requirió de mi oficina, de mi firma los servicios profesionales para participar en un proceso de licitación en Santiago de los Caballeros, cuya solicitud se nos hizo por la vía telefónica en correspondencia con una anotación de prestación de trabajos profesionales que nosotros le hemos ofrecido desde el año 1998, la cual ratificaron mediante una comunicación que nos hicieron llegar a la firma del Licenciado Jesús Rafael Almánzar Rojas. En la misma nos reiteran los siguientes elementos: primero, que sus clientes tienen el interés que esa representación nuestra se haga a través de una compañía, cuya compañía iba a ser comprada a una firma de abogados de nombre Pellerano & Herrera Abogados. Me indicaron el nombre de una de las abogadas de esa oficina que sería la responsable de recibir los nombres de las personas de mi oficina que íbamos a colocar en el proceso de la transacción de acciones, en beneficio de estas personas y me pidieron que la presidiera mi persona. Al efecto, por el correo electrónico, le mandamos las informaciones y luego la cédula de cada una de las personas que íbamos a participar como socios y accionistas, que después nos enteramos de que llevaría el nombre de Inversiones Licabeto, S.A.; en nombre de esa institución, por resolución de esa institución, nosotros bajamos a Santiago de los Caballeros a la Primera Sala, donde se conocería en fecha 18 de julio,

si mal no recuerdo, la primera vista de la venta. Por razones de la litis entre las partes, de unas medidas incidentales e inclusive la solicitud al Juez que presidía esa sala de que se inhibiera porque había sido objeto de una recusación, el Magistrado produjo una decisión procediendo a inhibirse. Con posterioridad, fuimos informados de que se había designado la Tercera Sala de esa Cámara para conocer de dicho proceso. Al efecto comparecimos, si mal no recuerdo la audiencia estaba enrolada en el No. 19. Después de un par de incidentes que plantearon los abogados de la Superintendencia de Seguros que representaban a Segna y de producir una decisión la Magistrado Presidenta de esa sala, lo rechazó por extemporáneo y por otras razones que motivó y que leyó in voce, y da apertura. Nosotros levantamos la mano y le decimos que tenemos interés en participar en ese proceso de licitación, me ordenó que subiera a estrado y que diera las calidades. A tal efecto, actuamos así. Cuando el alguacil tuvo a bien decir el precio del primer bien inmueble objeto de la venta, dijimos que aportábamos mil pesos (RD$1,000.00) más por encima del que estaba prefijado e igual procedimiento usamos para con los dos bienes inmuebles más, cerrada la audiencia regresé a mi estudio profesional. Para gran sorpresa, el 2 de agosto del cursante año, me llama el periodista Silvio Cabrera de El Nacional, para informarme que el Superintendente de Seguros, señor Euclides Emilio Gutiérrez Félix había hecho una convocatoria a la prensa nacional para informarle al país, que en ocasión

de mi desempeño como servidor público, en mi calidad de ex director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, y en ocasión de eso me había confabulado con dos magistradas de Santiago para defraudar bienes privados y bienes públicos correspondientes a Segna y bajo la custodia y fiscalización de la Superintendencia de Seguros. Me preguntaba que dónde yo estaba el periodista Silvio Cabrera. Le decía que venía para este Tribunal a hacer una declaratoria de un proceso pendiente en esta Honorable Suprema Corte de Justicia. Me dijo que se encontraba aquí en la Sala de audiencia, que pasara porque el director del medio quería que yo diera mis declaraciones al respecto. Al efecto le di mis declaraciones sobre el particular y le dije que se trataba de una vulgar mentira porque mi ejercicio había sido como ciudadano y como profesional del derecho, que había sido en el curso del mes recién pasado y que yo había actuado conforme al derecho y en el marco de las prerrogativas que la Constitución y las leyes a mí me dan como ciudadano. Le dije además, Su Señoría, que no conocía a ninguna de las dos dignas Magistradas y le dije que al menos el desempeño que vi en los 18 casos previos al nuestro que fuimos como un tercero, porque no éramos parte la litis, había visto que la Magistrada se había manejado con una profesionalidad, con una soltura única, que muy pocos magistrados, pero que además había notado un gran respeto de los abogados por la Magistrado. Conocí formalmente a la Presidenta de la Cámara, le vi su

rostro en la audiencia pasada cuando éste tribunal tuvo a bien aplazarla. Le dije que si ella me permitía saludarle, al efecto me permito, lo hice. Y a la Magistrada Presidenta de la Sala le conocí postulando, no le estreché la mano, no conocía su nombre, ni me interesó su nombre porque no se trataba de eso, se trataba de postular en interés de una institución que en ese momento yo presidía. El compromiso mío con la oficina DMK, consistía en traspasar los derechos de esa compañía inmediatamente para que pasaran a sus legítimos clientes de ellos, que no eran clientes míos, mis clientes eran esa oficina desde el año 1998, eso es de lo que se trata. Pienso su Señoría, que con las expresiones usadas por el señor Euclídes Emilio Gutiérrez Félix, no tan solo se ha afectado el buen nombre de esas dignas Magistradas sino de otros que ellos pusieron como parte de una especie de asociación de malhechores, pero fundamentalmente se ha lacerado y se ha dañado la buena imagen de la administración de justicia de la República Dominicana. Estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta de la que yo tenga conocimiento. En lo que respecta a la supuesta e inexistente compañía Segna Matter, debo decirles que en el cheque emitido para cubrir el valor de la puja en el que (requiere) a mí colocó una nota que decía “Segna Matter”, que por lo que me dicen mis hijos que saben inglés, significa “asunto Segna”. El superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix o Euclides Emilio Gutiérrez Félix ha dicho que esa es una compañía falsa que creamos en ocasión de este proceso y para intervenir

en este proceso de licitación. Lo que no se corresponde con la verdad de los hechos. Y se hizo expedir certificación de Impuestos Internos y de la Superintendencia de Bancos, como mandó también a la Procuraduría General de la República sendos actos de alguacil con el propósito y la mala fe de que se nos hiciese a nosotros una investigación de si los dineros que depositamos y el cheque en cuestión provenía de dinero no santo. Que en su interrogatorio la señora Francia Altagracia Santini Sen de Castro refirió: puedo decir muy poco del caso ya que me limité a expedir una certificación sobre el no pago de los impuestos de la sentencia, en mi calidad de Conservadora de Hipotecas del Ayuntamiento de Santiago; Que la señora Bárbara Inmaculada González Rojas, en su calidad de secretaria titular de la Corte Civil de Santiago testificó que sólo puede simplemente mencionar la capacidad y seriedad de las magistradas; que al deponer la señora Daysi de la Rosa Popa, relata que lo que sabe del caso ha sido por lo que han publicado los periódicos y hasta la fecha aún no ha llegado la sentencia de adjudicación al Registro de Títulos de Santiago donde labora; que la señora Fausta Cesariana Peña Regalado declaró que no tiene nada que decir sobre el caso; que la señora Angelita Grullón Paulino señaló que lo único que sabe es que a l

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