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Arts. 73 al 80 | Disposiciones Adicionales

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TÍTULO IV
DISPOSICIONES ADICIONALES, FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS
 
SECCIÓN I
DISPOSICIONES ADICIONALES
Artículo 73. De las Entidades Públicas de Intermediación Financiera. A los fines de esta Ley se entiende por Entidades Públicas de Intermediación Financiera, aquellas que realicen intermediación financiera y cuyo accionista mayoritario sea el Estado. La regulación y supervisión de estas Entidades Públicas de Intermediación Financiera se llevará a cabo por la Administración Monetaria y Financiera. Tales entidades quedarán sujetas a la aplicación de esta Ley y sus respectivas Leyes orgánicas en aquellos asuntos propios de su naturaleza pública y, en lo que sea pertinente, a las operaciones y normas aplicables a los Bancos Múltiples y a las Entidades de Crédito. La Junta Monetaria dictará un régimen transitorio para estas entidades mediante Reglamento al efecto, el cual establecerá los aspectos de esta Ley aplicables a dichas instituciones. Las Entidades Públicas de Intermediación Financiera podrán acceder a las facilidades del Banco Central en su condición de prestamista de última instancia, con base a las mismas reglas aplicables a las entidades de intermediación financiera privadas, una vez se encuentren cumpliendo con el régimen transitorio que le establezca la Junta Monetaria. Se exceptúa de la aplicación de este Artículo al Banco Nacional de la Vivienda creado al amparo de la Ley 5894 de fecha 12 de mayo del 1962.
                                                                                                                                                           
Artículo 74. Del Banco Nacional de la Vivienda. A partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, el Banco Nacional de la Vivienda, como entidad financiera de segundo piso, se dedicará a la promoción de un mercado secundario de hipotecas y a la colocación y facilitación de recursos para los sectores productivos. A tal efecto, el Banco Nacional de la Vivienda ampliará sus funciones de asegurador a través de la prestación del servicio de cobertura del Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) a todas las entidades de intermediación financiera que concedan préstamos hipotecarios para la vivienda, pudiendo fungir como titularizador de las mismas. Adicionalmente, el Banco Nacional de la Vivienda, en coordinación con las demás dependencias gubernamentales del sector de la vivienda, fungirá como una de las entidades responsables de la ejecución de la política financiera-habitacional del Estado. El Gobierno y el Banco Central, a modo de aporte inicial para la consolidación del Banco Nacional de la Vivienda como entidad de segundo piso, le traspasarán a esta entidad la cartera de préstamos y demás activos del Departamento de Financiamiento de Proyectos del Banco Central (DEFINPRO), así como otros activos productivos de rentabilidad compensatoria.
 
a)        A partir de la promulgación de la presente Ley el Departamento de Financiamiento de Proyectos del Banco Central (DEFINPRO), así como su cartera de préstamos y demás activos pasan al Banco Nacional de la Vivienda (BNV), entre otros Activos Productivos de Rentabilidad

Compensatoria otorgados por el Gobierno y el Banco Central. Tendrá las mismas prerrogativas que posee en la actualidad, manteniendo su estructura como ente multisectorial de fomento del desarrollo.
 
b)        Traspaso de Funciones. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Banco Nacional de la Vivienda cesará en sus funciones de regulador y supervisor de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, en virtud de que dichas entidades estarán bajo la regulación y supervisión exclusiva de la Administración Monetaria y Financiera. De igual modo, el Banco Nacional de la Vivienda cesará en sus funciones de asegurador de las cuentas de ahorro de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos. A tales fines el Banco Central recibirá dicho fondo de seguro de depósitos, con todos los derechos y obligaciones que generó el mismo mientras el Banco Nacional de la Vivienda ejerció sus funciones de regulador y supervisor del sistema de ahorros y préstamos.
 
c)        Fomento de Hipotecas Aseguradas. A los fines de que el Banco Nacional de la Vivienda pueda ejercer las funciones de asegurador de hipotecas, su Consejo de Administración determinará los aspectos operativos del Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA). Corresponde a la Superintendencia de Bancos verificar que se cumplan los requerimientos por parte de las entidades de intermediación financiera para la obtención del Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) para los préstamos a la vivienda, debiendo informar periódicamente al Banco Nacional de la Vivienda. 
 
Artículo 75. De las Asociaciones de Ahorros y Préstamos. Salvo por lo dispuesto más adelante, las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, permanecerán con su naturaleza mutualista. Dichas entidades estarán bajo la regulación y supervisión exclusiva de la Administración Monetaria y Financiera y podrán realizar las siguientes operaciones:
a)        Recibir depósitos de ahorro y a plazo, en moneda nacional.
 
b)        Recibir préstamos de instituciones financieras.
 
c)        Conceder préstamos en moneda nacional, con garantía hipotecaria destinados a la construcción, adquisición y remodelación de viviendas familiares y refinanciamientos de deudas hipotecarias, así como conceder préstamos a otros sectores de la economía nacional con o sin garantía real y líneas de crédito, conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria.
 
d)        Emitir títulos-valores.
 
e)        Descontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros documentos comerciales que representen medios de pago.

 
f)          Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, títulos-valores y otros instrumentos representativos de obligaciones, así como celebrar contratos de retroventa sobre los mismos.
 
g)        Emitir tarjetas de crédito, débito y cargo conforme a las disposiciones legales que rijan en la materia.
 
h)        Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos.
 
i)          Aceptar letras giradas a plazo que provengan de operaciones de comercio de bienes o servicios en moneda nacional.
 
j)          Realizar contratos de derivados de cualquier modalidad, en moneda nacional.
 
k)         Servir de agente financiero de terceros.
 
l)          Recibir valores y efectos en custodia y ofrecer el servicio de cajas de seguridad.
 
m)       Realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas, administración de cajeros automáticos.
 
n)        Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y fianzas en garantía del cumplimiento de obligaciones determinadas de sus clientes, en moneda nacional.
 
o)        Proveer servicios de asesoría a proyectos de inversión.
p)        Otorgar asistencia técnica para estudios de factibilidad económica, administrativa, y de organización y administración de empresas.
 
q)        Realizar operaciones de compra-venta de divisas.
 
r)         Contraer obligaciones en el exterior y conceder préstamos en moneda extranjera, previa autorización de la Junta Monetaria.
 
s)         Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda con el Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) que expide el Banco Nacional de la Vivienda o su continuador jurídico, conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria.

 
t)          Servir como originador o titularizador de carteras de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios en proceso de titularización.
 
u)        Fungir como administrador de cartera titularizada por cuenta de emisores de títulos de origen nacional.
 
v)         Realizar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas prácticas bancarias en la forma que reglamentariamente se determine. La Junta Monetaria gozará de potestad reglamentaria interpretativa para determinar la naturaleza de nuevos instrumentos u operaciones que surjan como consecuencia de nuevas prácticas y que puedan ser realizados por las asociaciones de ahorros y préstamos.
La Junta Monetaria podrá ampliar las operaciones que realizan las Asociaciones de Ahorros y Préstamos. Asimismo, transcurrido un año después de la promulgación de esta Ley, la Junta Monetaria podrá autorizar la conversión de estas instituciones en el tipo de entidades de intermediación financieras previstas en el Artículo 34, siempre y cuando se garantice un tratamiento homogéneo con estas entidades, incluyendo los aspectos fiscales. La Junta Monetaria dictará los mecanismos de conversión.
 
 
Artículo 76. Disposición General. Las cooperativas quedan exceptuadas de las disposiciones contenidas en esta Ley, en virtud de que éstas son regidas por sus propias leyes especiales, tales como la 127, sobre Asociaciones Cooperativas, del 27 de enero de 1964, y la 31 que crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) como ente estatal regulador.
 
 Artículo 77. Tribunal Contencioso-Administrativo de lo Monetario y Financiero. El Tribunal Contencioso-Administrativo de lo Monetario y Financiero tendrá su asiento en Santo Domingo y se compondrá de un (1) Juez Presidente, un (1) Juez Vicepresidente y tres (3) Jueces, todos elegidos de acuerdo a la Constitución de la República. El Tribunal sólo conocerá de los recursos contencioso-administrativo interpuestos frente a los actos y resoluciones dictados por la Junta Monetaria, bien sea en sede de reconsideración o cuando resuelva recursos jerárquicos. Para ser Juez de dicho Tribunal se requiere ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 35 años, ser doctor o licenciado en derecho y tener conocimientos y experiencia en materia administrativa, financiera y monetaria.
 
La Administración Monetaria y Financiera estará representada en dicho Tribunal por un Procurador General Monetario y Financiero designado por el Poder Ejecutivo y tendrá que reunir las mismas condiciones que se exigen en la presente Ley para los jueces del Tribunal. Al Procurador General Monetario y Financiero se le comunicarán todos los expedientes de los asuntos que conozca el Tribunal y su dictamen escrito será indispensable antes de que el Tribunal decida cualquier asunto sometido a su conocimiento. Este funcionario

estará obligado a emitir su dictamen en un plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que se le comunique un expediente, pudiendo solicitar una única prórroga de 45 días. Si transcurridos los plazos indicados, el Procurador no hubiese emitido su dictamen, el tribunal podrá fallar el asunto sin tomar en cuenta este dictamen. La remuneración del Procurador estará a cargo del Poder Ejecutivo.
 
El funcionamiento del Tribunal y su procedimiento se regirán por la Ley 1494, de fecha 1 de Octubre de 1947, y por los Artículos 148, 149, 151, 152 y 154 del Código Tributario, en los aspectos no establecidos y en lo que no contradiga la presente Ley. Mientras no inicie sus operaciones el Tribunal Contencioso-Administrativo de lo Monetario y Financiero no serán recurribles los actos de la Junta Monetaria. Las sentencias que dicte el Tribunal sólo serán recurribles en casación ante la Suprema Corte de Justicia.
 
Artículo 78. Representación Ante Otros Organismos. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, ni el Banco Central ni su Gobernador ni sus funcionarios en representación del Banco, podrán formar parte de los Consejos Directivos de instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, salvo lo dispuesto en esta Ley y en Leyes especiales en relación al Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus filiales, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sus filiales, al Consejo Nacional de Valores (CNV), al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), a la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión de la Seguridad Social, al Consejo Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC) y a aquellos organismos internacionales de los cuales el Banco Central forma parte.
 
El Poder Ejecutivo deberá designar por Decreto las instituciones y funcionarios que sustituirán al Banco Central en los Consejos de Directores de aquellos organismos públicos en los que cesará la participación del Banco, tan pronto entre en vigor la presente Ley.
 
El Secretario Técnico de la Presidencia será Gobernador Alterno Temporal ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus respectivas filiales.
 
Artículo 79. Normas Especiales.
 
a)        No Discriminación Extraregulatoria. No podrán existir privilegios procesales ni beneficios de cualquier clase basados exclusivamente en la naturaleza jurídica de las entidades que realicen legal y habitualmente actividades de intermediación financiera. Las discriminaciones extraregulatorias serán determinadas en atención a la tipología de instrumentos financieros. En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de esta Ley será de aplicación a todas las entidades que realicen legal y habitualmente dichas actividades, el procedimiento abreviado de embargo inmobiliario previsto en los Artículos 148 y siguientes de la Ley de Fomento Agrícola.

b)        Medios de Prueba. Serán admisibles como medios de prueba en materia bancaria las copias fotostáticas certificadas por la Superintendencia de Bancos, para lo cual se cumplirán las disposiciones del Artículo 55, de la Ley 834, que modifica el Código de Procedimiento Civil. La Junta Monetaria determinará los requisitos obligatorios que deben exigirse para la admisión de pruebas por medios electrónicos en materia bancaria y para las operaciones con tarjetas de débito y de crédito, así como con cualquier otro instrumento de pago cualesquiera que sea su base material o electrónica.
 
c)        Retiro de Fondos por Sucesores Legales. La Junta Monetaria determinará el procedimiento y los requisitos para el retiro de fondos por los sucesores legales en las entidades de intermediación financiera, en caso de declaración de ausencia o fallecimiento de su titular.
 
d)        Actualización de Valores. Para mantener actualizados los valores pecuniarios absolutos previstos en la presente Ley, la Junta Monetaria podrá autorizar anualmente ajustes por inflación de tales valores. Asimismo, podrá hacer ajustes por inflación para actualizar la sanción correspondiente a la infracción a que se refiere el Artículo 67, literal c) de la presente Ley.
 
e)        Derecho de Verificación y Recopilación de Información Estadística. Si una persona física o jurídica privada incumple las exigencias de información estadística estipuladas en la presente Ley, o entrega información parcial o inexacta, el Banco Central tendrá el derecho de verificar la exactitud y calidad de la información estadística, así como llevar a cabo su recopilación forzosa. El derecho a la verificación de la información estadística o a realizar su recopilación forzosa incluirá la facultad de exigir la presentación de documentos, examinar los libros y registros de las personas sujetas a   verificación o recopilación forzosa, obtener copias o extractos de sus libros o registros y solicitar explicaciones escritas u orales. La obligación de permitir al Banco Central la verificación de la exactitud y calidad de la información facilitada se infringirá siempre que la persona obstruya dicha actividad. Cuando una persona se oponga u obstruya el proceso de verificación o la recopilación forzosa de la información solicitada, el Ministerio Público deberá facilitar el auxilio de la fuerza pública para permitir el acceso al local de la fuente, por parte del Banco Central. La obstrucción se presume cuando la persona haga desaparecer documentos o cuando se impida el acceso de los funcionarios del Banco Central. El Banco Central está facultado para imponer una sanción de las correspondientes a las faltas muy graves conforme a esta Ley, en los casos en que el Banco no reciba la información estadística en el plazo concedido a la entidad, la información estadística sea incorrecta, incompleta o suministrada en forma diferente de la solicitada, o la entidad obstruya la verificación o recopilación forzosa. El Banco Central adoptará por Reglamento las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de verificación y de recopilación forzosa, así como la gradualidad en la imposición de las sanciones. La información estadística tendrá el carácter de confidencial cuando permita

identificar a las personas informadoras o a cualquier otra persona, ya sea directamente, a través de su denominación, dirección o Registro Nacional de Contribuyentes, cédula de identidad y electoral, o bien indirectamente por deducción, proporcionando así acceso al conocimiento de la información individual. Esta información sólo pierde su carácter confidencial cuando se cuente con autorización expresa y por escrito de la persona sujeta a la entrega de información. La información entregada, verificada o recopilada forzosamente será utilizada exclusivamente para la realización de las funciones del Banco Central, en especial para la elaboración de estadísticas nacionales y de balanza de pagos, pudiendo ser facilitada a órganos de investigación científica siempre que no permita una identificación directa de la persona. El derecho de verificación y recopilación forzosa regulado en el presente Artículo podrá ser ejercido por la Superintendencia de Bancos en el cumplimiento de su potestad de supervisión en base consolidad.
 
f)          Límite Conjunto: La cuota a pagar por las entidades de intermediación financiera a la Superintendencia de Bancos por concepto de supervisión y los aportes que dichas entidades deberán pagar al Fondo de Contingencia en virtud de lo establecido en los Artículos 20 literal d) y
64 literal a), respectivamente, no podrán en ningún caso exceder de manera conjunta del punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de activos de las mismas.
 
g)        Remoción de las Autoridades. A partir del 17 de agosto del 2004 las disposiciones de la Ley 277 del 29 de junio de 1966 no serán aplicadas para los casos de los miembros de la Junta Monetaria designados por tiempo determinado, el Gobernador del Banco Central y el Superintendente de Bancos, los cuales gozarán del estatuto consagrado en la presente Ley.
 
 
Artículo 80. Normas Penales. Serán condenadas por los tribunales penales competentes de la República con multas de quinientos mil pesos (RD$500,000.00) a dos millones quinientos mil pesos (RD$2,500,000.00) y penas de tres (3) a diez (10) años de prisión, las personas que cometan las infracciones que se detallan a continuación:
 
a)        Las autoridades, funcionarios y personal de la Administración Monetaria y Financiera, y los funcionarios, empleados, accionistas, directores, administradores y funcionarios de las entidades de intermediación financiera y demás entidades sujetas a regulación en virtud de la presente Ley, así como cualquier persona física o jurídica, que conscientemente difundan por cualquier medio falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia de una o varias entidades de intermediación financiera y la estabilidad del mercado cambiario.
 
b)        Las   autoridades, los   funcionarios y el personal de la
            Administración Monetaria y Financiera que divulgaren o revelaren cualquier información de carácter reservado o confidencial sobre las o
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Arts. 81 al 82 | Disposiciones Finales

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SECCIÓN II
DISPOSICIONES FINALES
 
Artículo 81. Plazo de Emisión de Reglamentos. La Junta Monetaria promulgará los Reglamentos de aplicación de esta Ley en un plazo no superior a dieciocho (18) meses desde la entrada en vigor de la misma. Los Reglamentos contendrán necesariamente una tabla de derogaciones expresa y exhaustiva de las disposiciones anteriores que queden sin efecto.
 
Artículo 82. Deudas y Déficit Operativos. El Gobierno cubrirá íntegramente el déficit acumulado del Banco Central, las deudas del sector público con el Banco Central existentes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, y las pérdidas que se generen por la aplicación del Artículo 84 de esta Ley, ya sea mediante la cesión de bonos emitidos a estos efectos en moneda nacional a un plazo no menor de cincuenta (50) años, mediante la cesión de los fondos obtenidos por el Gobierno a través de financiamiento internacional de largo plazo, o mediante una combinación de ambos. Para el caso de la emisión de un bono en moneda nacional, la tasa de interés de referencia será de hasta dos por ciento (2%), y comenzará a devengar dichos intereses transcurridos diez (10) años a partir de la fecha de emisión. El Gobierno deberá entregar al Banco Central los bonos a que hace referencia este Artículo dentro del plazo de un (1) año contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Para tales fines el Banco Central, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta Ley, deberá presentar un estudio al Poder Ejecutivo en el cual se detallen las partidas a que hace referencia este Artículo. El Poder Ejecutivo emitirá dichos bonos mediante Decreto. Estos Bonos sólo podrán ser usados para los fines citados en este Artículo.
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Arts. 83 al 89 | Disposiciones Transitorias

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SECCIÓN III
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 
Artículo 83. Autoridades de la Administración Monetaria y Financiera.
 
a)        Entrada en Vigor. Las disposiciones contenidas en la presente Ley en relación con la nueva composición, el mecanismo de designación de los miembros de la Junta Monetaria, capacidad, efectos de la remoción, actividades e incompatibilidades de los mismos, designación del Gobernador, Vicegobernador, Superintendente, Intendente, Contralores y Gerentes de la Administración Monetaria y Financiera y el término de duración en sus funciones, para los que aplique, entrarán en vigor el 17 de agosto del 2004, continuando vigentes las disposiciones de la Ley 6142, del 29 de diciembre de 1962, sobre las materias antes señaladas hasta la supraindicada fecha, las cuales quedan incorporadas por referencia a la presente Ley siendo parte vinculante y obligatoria de la misma, hasta la fecha indicada en el presente literal.
 
b)        Designación de la Primera Junta Monetaria. Los primeros miembros por tiempo determinado de la Junta Monetaria serán designados, a partir del 17 de agosto del 2004, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 11, literal a), de la presente Ley.
 
c)        Remoción, Renuncia o Muerte. En caso de remoción, renuncia o muerte de cualesquiera de los funcionarios de la Autoridad Monetaria y Financiera designados antes del 17 de agosto del 2004, se procederá a la designación de su sustituto de conformidad con los procedimientos y en los términos previstos en la Ley 277, de fecha 29 de junio del 1966, de aplicación a los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.
 
a)        Normas Parlamentarias. Se mantendrá vigente hasta el 17 de agosto del 2004 el procedimiento relativo al quórum y la mayoría necesaria para la toma de decisiones de la Junta Monetaria previsto en la Ley 6142, de fecha 29 de diciembre de 1962, el cual queda incorporado por referencia a la presente Ley siendo parte vinculante y obligatoria de la misma, hasta la fecha indicada en el presente literal.
 
Artículo 84. Dependencias Desprendibles del Banco Central.
 
a) Balance Separado. El Banco Central deberá conformar con los activos y pasivos que tenga a la entrada en vigor de la presente Ley y que no estén destinados al cumplimiento de su objeto conforme lo estipula esta Ley, un balance separado del suyo propio, que administrará para su completa realización en un plazo no superior a cuatro (4) años desde la entrada en vigencia de

esta Ley. Se excluyen de la presente disposición los activos en proceso de realización al momento de la entrada en vigor de la presente Ley.
 
b)        Traspaso. La Junta Monetaria determinará el procedimiento correspondiente para llevar a cabo el traspaso de los activos y pasivos a que se refiere el literal a) precedente. El Banco Central podrá utilizar técnicas de mercado para la cesión, venta, traspaso y en general cualquier modo de administración de dicho balance, siempre que sus procedimientos sean transparentes y competitivos. El saldo neto final del mismo se integrará al Fondo de Reserva General del Banco Central. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las funciones de planificación y control de desarrollo de la Costa Norte, actualmente a cargo del Departamento de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos del Banco Central, estarán a cargo de la Secretaría de Estado de
Turismo, debiendo el Poder Ejecutivo dictar las disposiciones correspondientes para la ejecución del traspaso a dicha Secretaría. En un plazo no mayor de un (1) año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y los demás bancos del Estado establecerán sus respectivos Organismos de vigilancia y seguridad.
 
a)                Presupuesto. Hasta tanto el Banco Central cumpla con las disposiciones de este Artículo y en la medida que no genere en forma sostenida ingresos suficientes para cubrir sus gastos, incluyendo el costo derivado de la ejecución de la política monetaria, podrá hacer uso de la facultad que le confiere el Artículo 25, literal a) de esta Ley para cubrir dichos gastos de conformidad con el presupuesto aprobado por la Junta Monetaria.
 
Artículo 85. Libre Convertibilidad y Comisión de Cambio. Todo impedimento a la libre convertibilidad existente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley tendrá un plazo de un (1) año para su eliminación. La Junta Monetaria establecerá un cronograma, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, para la reducción de la comisión cambiaria en forma que no suponga un impacto negativo sobre los conceptos financiados con la misma y no conlleve una carga para el Banco Central.
 
Artículo 86. Adaptación de las Entidades de Intermediación Financiera. Las entidades de intermediación financiera se adaptarán a lo dispuesto en esta Ley conforme se detalla a continuación:
 
a)        Entidades Privadas de Intermediación Financiera. Las Entidades Privadas de Intermediación Financiera que estén operando a la fecha de promulgación de esta Ley, se regirán por esta Ley y se adaptarán a las disposiciones de la misma en el plazo máximo de dos (2) años, a partir de la aprobación del Reglamento correspondiente, en la forma y en los plazos parciales previstos por la Junta Monetaria, tomándose en consideración para las entidades accionarias los aspectos siguientes: i)          Modificación de Razón Social: las entidades ya transformadas en los tipos de entidades de intermediación financiera definidas en esta Ley a la entrada en vigor de la misma, podrán adecuar de inmediato su razón social en base a lo dispuesto en el Artículo 38, literal b); ii)

Autorización de Transformación: las entidades que a la fecha de promulgación de la presente Ley tengan la franquicia de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de Menor Cuantía deberán solicitar la autorización de transformación a la Junta Monetaria a uno de los tipos de entidades de intermediación financiera accionarias definidas en el Artículo 34 de esta Ley, para lo cual contarán con un plazo de dos (2) años.
La comprobación de que las entidades de intermediación financiera han cumplido con los requisitos previamente señalados será realizada por la Superintendencia de Bancos, quien emitirá la certificación correspondiente.
 
 
b)        Entidades Públicas de Intermediación Financiera. Las Entidades Públicas de Intermediación Financiera se adaptarán a las disposiciones de esta Ley, en particular las estipuladas en el Artículo 73, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la aprobación del Reglamento correspondiente. En el caso de las inversiones que mantiene el Banco de Reservas de la República Dominicana en la Administradora de Fondos de Pensiones Pública, en la compañía de seguros u otras inversiones prohibidas en virtud de esta Ley, se le otorga un plazo de dieciocho (18) meses para que envíe al Poder Ejecutivo una propuesta para que el Estado, bajo la
modalidad de una compañía tenedora de acciones u otra fórmula legal, pueda absorber las inversiones en las empresas públicas citadas. En todo caso, el Párrafo 1, Artículo 81 de la Ley 87-01 del 8 de mayo del 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, quedará derogado transcurrido el supraindicado plazo.
 
c)        Banca Extranjera. Las sucursales de bancos extranjeros establecidos en la República Dominicana a la fecha de la promulgación de la presente Ley, tendrán un plazo determinado reglamentariamente por la Junta Monetaria para ajustarse a las disposiciones de la presente Ley.
 
Artículo 87. Préstamos al Fondo de Contingencia. El Banco Central y la Superintendencia de Bancos realizarán aportes trimestrales al Fondo de Contingencia con cargo a los ingresos futuros que tendrá dicho Fondo. La Junta Monetaria determinará reglamentariamente el monto y duración de los referidos aportes.
 
Artículo 88. Liquidaciones en Curso. El Superintendente de Bancos, en su calidad de liquidador designado, para las entidades de intermediación financiera que se encuentren en proceso de liquidación previo a la fecha de promulgación de la presente Ley, tomará las medidas que se detallan en el presente Artículo:
 
Contratará una firma de auditores externos que indique los valores de los activos y la condición de aquellos bienes que pueden ser objeto de enajenación en el mercado; podrá contratar, mediante concurso público, a personas físicas o morales, a los fines de que procedan a la venta de los activos, utilizando mecanismos de mercado. El producto generado por la venta de los activos será distribuido conforme a la

prelación existente entre los acreedores. Una vez cumplidos los procedimientos antes descritos, el Superintendente decretará la disolución de la entidad financiera. La Superintendencia de Bancos deberá finalizar el proceso de liquidación de las entidades financieras que se encuentren en liquidación en un plazo no mayor de un (1) año a partir de la promulgación de esta Ley. De no finalizar la liquidación en dicho término, deberá presentar a la Junta Monetaria un informe explicativo de las causas que impidieron su cumplimiento en el plazo indicado. La Junta Monetaria reglamentará este Artículo.
 
Artículo 89. Conversión del Banco Nacional de la Vivienda. Con la entrada en vigor de la presente Ley, la Junta Monetaria establecerá mediante Reglamento el cronograma de ejecución y procedimientos operativos que regirán el proceso de conversión del Banco Nacional de la Vivienda en un banco de segundo piso y de fomento multisectorial conforme al Artículo 74 de la presente Ley. La ejecución global de dicho cronograma deberá efectuarse en un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Dicho Reglamento deberá establecer, como mínimo, lo siguiente:
 
a)        El plan para la entrega gradual al Banco Central de los recursos correspondientes al encaje legal de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos.
 
b)        El plan para el traspaso del Fondo de Seguro de Depósitos de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos al Banco Central.
c)        La identificación de los activos del departamento de financiamiento de proyectos del Banco Central (DEFINPRO) y de los otros activos productivos de rentabilidad compensatoria que traspasarán el Gobierno y el Banco Central al Banco Nacional de la Vivienda. El traspaso de los activos de DEFINPRO deberá efectuarse a más tardar dentro de los seis (6) meses de la
promulgación de esta Ley; el traspaso de los demás activos de rentabilidad compensatoria deberá hacerse en forma coordinada con los planes indicados en los literales a) y b) del presente Artículo, de manera que garantice la viabilidad financiera del Banco Nacional de la Vivienda durante el proceso de transición.
 
d)        Identificación de cualquier otra actividad del Banco Nacional de la Vivienda, como consecuencia de sus atribuciones anteriores de regulación y supervisión del Sistema de Ahorros y Préstamos, así como la definición del tratamiento que recibirá la misma.
 
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